La reforma: más allá de un proyecto
El Gobierno de UCD ha enviado a las Cortes un proyecto de ley de autonomía universitaria. Y ya han empezado los conflictos. De la engañosa paz que ha recorrido últimamente las aulas universitarias se ha pasado a una contestación radical, motivada directamente por dicho proyecto.La gente de la calle se pregunta qué pasa de nuevo en la universidad. Y los universitarios nos preguntamos, aun desde ideologías muy distintas, cuándo se va a atender seriamente a la Universidad para resolver su larga y dramática crisis.
Evidentemente, no es fácil resolver la crisis de la universidad. Al margen de problemas concretos, considero que tras el tema de la universidad hay conflictos más profundos que no aparecen en la superficie del debate a causa de la urgencia e inmediatez de otros más visibles, más directos o más fácilmente detectables. La dialéctica de los conflictos sociales a veces está más allá de la conciencia inmediata de personas y grupos.
En este sentido, creo que una reforma universitaria implica algo más que el simple arreglo de una institución: en el fondo, se está poniendo en juego toda una concepción de la sociedad y de la cultura. En otra época, a principios del siglo XIX, se comprendió mejor el profundo alcance teórico de una reforma universitaria y filósofos como Schelling, Fichte, Schleiermacher, Hegel o Von Humboldt, descendieron al ruedo de la polémica porque entendían que con el debate ideológico y político sobre la reforma universitaria se estaba replanteando toda una teoría de la historia y de la política (véase Philosophies de l' Université, L' idealisme allemand et la question de l'Université, Ed. Payot, París, 1979).
Y esto es, fundamentalmente, lo que quiero poner de relieve: el referido proyecto de ley plantea, en el fondo de su particular articulado, importantes cuestiones que van más allá de la problemática circunstancial de lo universitario. Consciente o inconscientemente, el Gobierno de UCD se está definiendo sobre dos grandes temas: la democracia y la función socio-política de la universidad. El proyecto de ley manifiesta. a poco que se hurgue críticamente en el texto, una filosofía política muy discutible.
En primer lugar, la problemática sobre la democracia y la filosofía gubernamental al respecto se pueden aprehender con un análisis no superficial del procedimiento seguido para confeccionar este proyecto. El Gobierno dice que ha actuado conforme a la Constitución y que ha consultado a las universidades. La contestación universitaria sostiene que no ha habido una suficiente consulta previa, eficazmente democrática. El Gobierno dice que no retira el proyecto y que si se quiere su rechazo total o su enmienda parcial habrá de ser por vía parlamentaria. Hasta aquí, de modo muy esquemático, la polémica sobre el trámite procedimental de la confección de este proyecto de ley.
Pero detrás de esta discusión hay algo más que unas meras diferencias de opinión sobre el procedimiento legislativo. Hay en conflicto dos concepciones de la democracia. Una entiende que la democracia termina en el simple respeto formal de la Constitución. Y otra defiende la necesidad de una permanente profundización de esa democracia formal, que la haga más real y directa. Que haya universitarios que defiendan la necesidad de esa consulta previa y democrática, en favor, precisamente, de una autentificación de la democracia, no quiere decir que haya el propósito de negar las legitimas exigencias de la democracia representativa ni los innegables valores de un Estado de derecho.
Por otra parte, no se trata tampoco de reclamar ningún privilegio corporativista. Esto es, no se pide que la ley sea hecha sólo por los universitarios, como si la sociedad o sus legítimos representantes no tuvieran nada que decir o hacer al respecto. Ahora bien, si somos los destinatarios directos de esa ley, tenemos el derecho a que el Gobierno y los representantes del pueblo nos consulten adecuada mente, y luego, las Cortes hagan lo que estimen oportuno y conveniente para todo el país, ya que no se niega que la universidad sea un servicio público ni se afirma que deba ser un ghetto de intelectuales y científicos.
Con la exigencia de esa consulta no se ataca a la Constitución, sino que se posibilita llenarla de sentido y se autentifica la democracia que declara.
Sin embargo, esa consulta no se ha hecho adecuadamente, no ha existido propiamente, por mucho que el Ministerio sostenga que dispone en sus archivos de miles de páginas de sugerencias para la reforma. ¿Qué trabajo hubiera costado hacer esa consulta? La respuesta es muy sencilla: no se ha hecho, porque no interesaba hacerla. Tal vez los resultados hubieran puesto de relieve que sectores mayoritarios de universitarios demandaban cosas muy distintas de las que el Gobierno de UCD considera convenientes para la universidad y para el país. Así se ha encabezonado en mantener un proyecto ampliamente contestado y ya han empezado los conflictos. Además, el Gobierno olvida el personal con el que trata en este caso. Es un personal mayoritariamente joven, muy crítico, muy celoso de la libertad y muy cansado de su marginación y de las estructuras casi feudales que ha soportado y que soporta. Aunque tales datos no deben justificar ningún privilegio político, resulta muy torpe no tenerlos en cuenta.
La función sociopolítica
Y vayamos con la segunda cuestión de fondo: la función sociopolítica que se pretende asignar o negar a la universidad. Para comprender mejor el alcance de esta cuestión, tal vez sería conveniente preguntarse si realmente se quiere arreglar y salvar a la universidad, concretamente a la universidad estatal, pues no es difícil comprobar que desde 1975, en que murió el general Franco, no ha habido -y mucho menos antes- una clara y eficaz decisión política de producir la fundación de la universidad de los nuevos tiempos. Hasta los partidos de izquierda, por otras causas que UCD, se han desocupado últimamente del tema universitario, aunque ahora la izquierda va descubriendo el valor político de las superestructuras (Gramsci) y va dejando en su sitio el economicismo dominante en otras épocas. El caso es que casi toda la clase política, agobiada también lógicamente por otros problemas más inmediatos e importantes, ha desertado, en cierta medida, de las preocupaciones universitarias.
Pero mi pregunta es más directa: ¿Interesa realmente al Gobierno que funcione esa universidad nueva y radicalmente distinta? No es una pregunta absurda ni malintencionada. Simplemente trata de profundizar más allá de un proyecto de ley concreto. Sin duda, al Gobierno le interesa que la universidad funcione, pero desde luego bajo unas coordenadas, condiciones o exigencias especiales. Esto es, a los grupos instalados en el Gobierno les interesa un funcionamiento de la universidad por el que ésta pueda servir eficazmente a la reproducción y mantenimiento del sistema. de su sistema socio-político Y socio-económico. Peto el Gobierno de UCD se ha encontrado con una universidad que, incluso como reproductora del sistema, estaba y está en niveles muy bajos de eficacia: falta de medios, salarios injustos, una investigación muy poco desarrollada. desconexión con la sociedad, bajo nivel en los titulados, etcétera. El sistema. si invierte en lo universitario, reclama una universidad muy distinta. pero sobre todo eficaz y útil a sus objetivos. Y si no le resulta así, la condenará -como de hecho la está condenando- a su progresivo deterioro por 10.000 vericuetos estructurales o financieros y hará surgir la consecuente necesidad de las universidades privadas.
De todos modos, el Gobierno no podía consentir que se perdiera la enorme inversión ya producida en la universidad estatal y ha proyectado su reforma universitaria. Pero eso es una cosa y otra es que, con tanta reforma, vaya a constituir a la universidad es un molesto o peligroso instrumento cultural y científico con objetivos muy distintos o contrarios a los que representa. Y eso desde luego puede pasar con una universidad realmente autónoma y democrática. Por tanto, si hay que dar autonomía y democracia, se dará, pero dentro de unos límites y con unos determinados presupuestos y condicionamientos. Y si la universidad reclama mucho en este sentido, pues puede suceder que se corte este proceso de reforma y que todo siga igual, para que la crisis se agudice y vuelva a surgir, ahora por otras causas, la necesidad de unas universidades privadas eficaces.
La universidad, o grandes sectores de universitarios, no está dispuesta a convertirse, ni aquí ni -creo- en ningún otro Estado, en reproductor acrítico del sistema. La universidad, tendrá que pasar sin duda por muchos condicionamientos y contradicciones, pero no renuncia a la libertad fundamental que implica el trabajo intelectual y científico, que no es ningún privilegio de grupo o de élite, sino una posibilidad real también para la libertad total y el progreso de la misma sociedad. La función socio-política de la universidad se define de una determinada manera en este proyecto. Los universitarios parece que no están de acuerdo con esa definición.
Y dos consideraciones finales. La primera es que estamos ante una nueva ocasión de alumbrar la universidad que exige nuestro tiempo. Sin embargo, hay muchos indicios para pensar que esa ocasión va a desaprovecharse para mal de todos. Esto exige una reflexión muy seria por parte de todos, y una llamada a la sensatez, en unos, y a la capacidad de riesgo en cambio, para otros. La segunda consideración es presagiar una grave conflictividad que puede deteriorar el clima de convivencia, sereno y pacífico, que el país sigue necesitando como agua de mayo. Que cada cual calcule su responsabilidad en este punto. En todo caso, hay que evitar que se colme el vaso de la paciencia universitaria y hay que evitar también el radicalismo seudorrevolucionario, que termina siendo el mejor aliado de las actitudes más regresivas.
Y dos conclusiones. Los universitarios, con nuestros defectos y nuestras culpas, hemos gastado muchas horas de trabajo y de esfuerzos por sacar adelante a la universidad en circunstancias muy difíciles. Creo que tenemos ahora derecho a que se nos escuche muy seriamente antes de acometer la reforma. Sin entraren valoraciones políticas, es claro que el proyecto de ley de autonomía universitaria ha recibido una amplia y dura contestación. Por este motivo, y también para no perder otra ocasión de arreglar la universidad e incluso para evitar tina conflictividad más a este país, cansado de tantas guerras, yo pediría modestamente al Gobierno que retire este proyecto de ley. También pediría que esa futura ley fuera realmente un instrumento al servicio de la auténtica autonomía universitaria y se redujera, por consiguiente, a ser una ley-marco; esto es, una ley que estableciera las coordenadas o condiciones generales y fundamentales de toda universidad como servicio público y dejara el resto de su ordenación a la decisión de las propias universidades, en el uso de una efectiva y real autonomía.
Todas estas reflexiones críticas, las hago en favor de una universidad rigurosa en lo científico, responsable en el trabajo y democrática en su funcionamiento, porque esa es -creo- la universidad que demanda nuestra sociedad, y no son el grito impertinente o inútil de unos universitarios absurda e inmotivadamente disconformes.
