El Gobierno remite a las Cortes el estatuto del ministerio fiscal
El Consejo de Ministros, en la breve reunión -dos horas- celebrada ayer en el palacio de la Moncloa antes de que Adolfo Suárez emprendiera viaje a Bruselas, decidió remitir a las Cortes el proyecto de estatuto del ministerio fiscal. El ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas propuso al Gobierno las posiciones a mantener en la reunión de la conferencia negociadora que el próximo día 18 tratará sobre las relaciones exteriores y el movimiento de capitales. El Consejo designó director general de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social a José Ramón Caso.
La remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de estatuto orgánico del ministerio fiscal es una decisión prevista para el pasado mes de octubre en el calendario de desarrollo constitucional fijado por el propio Gabinete. Entre las funciones esenciales atribuidas por el proyecto al ministerio fiscal figuran -de acuerdo con lo que establece la Constitución- las de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.El ministerio fiscal que configura la nueva ley proyectada actuará cerca de los jueces y tribunales, ejercerá la defensa de quienes carecen de capacidad, interpondrá el recurso de amparo constitucional y llevará a cabo cuantas atribuciones le encomienden las leyes en defensa del orden jurídico. Como órgano de mediación, promoverá ante los tribunales los intereses públicos y sociales y trasladará al Gobierno las peticiones, y propuestas en orden al mejoramiento de la Administración de justicia.
La información oficial facilitada destaca como novedad más acusada del proyecto la atribución al ministerio fiscal de funciones de investigación y comprobación de los hechos que puedan revestir caracteres de delito y descubrimiento del delincuente, siempre que no suponga inculpación de persona alguna o adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos respecto a la misma. Según explica el Gobierno, «con ello se pretende agilizar la instrucción para que el proceso penal, que habrá de ser, como señala la Constitución, predominantemente oral, pueda realizarse con inmediatividad temporal a los hechos y con plenitud de garantías».
El Gobierno vincula esta ley con la orgánica del poder judicial y con las futuras leyes procesales, formando un cuerpo de doctrina unitario que pretende una renovación de la Administración de justicia para lograr procesos ágiles, sencillos en sus formalidades, plenamente garantizadores de la justicia.
Entre otros acuerdos del Consejo de Ministros figura la autorización de contratación directa en materia de vivienda y de obras diversas en Badajoz, Málaga, Coria del Río (Sevilla), Jaén, Santa Cruz de la Palma (Tenerife), Cerro de los Reyes y Cuestas de Orinaza (Badajoz), y el poblado dirigido de Orcasitas, de Madrid, por un importe total superior a los quinientos millones de pesetas.
El Consejo de Ministros acordó facilitar a los emigrantes y sus familias la comunicación telefónica internacional durante las próximas navidades, mediante una reducción en las tarifas del 50%. También acordó realizar mejoras en el ferrocarril de Langreo, mediante obras por 265 millones de pesetas.
El Gobierno decidió la regulación del mercado de cereales-pienso, mediante la autorización de importación, entre otras medidas. Con ellas, el Gobierno -según la información oficial facilitada-, sale al paso de los incrementos alcistas de ciertos cereales, garantizando a la ganadería el suministro de piensos hasta la nueva cosecha. En la explicación gubernamental se manifiesta que la reducida cosecha de cereales de la pasada campaña ha sido la causa fundamental de que durante las últimas semanas los precios hayan alcanzado niveles sensiblemente superiores a los del SENPA, no pudiendo este organismo frenar las subidas, por una falta precisamente de materias primas en cantidades suficientes para regular el mercado. Según consta a EL PAIS, existen, por ejemplo, almacenadas muchas toneladas de cebada, a la espera de que una fuerte demanda propicie la especulación.
El déficit de cebada que hay que cubrir para empalmar con la futura cosecha es de un millón de toneladas aproximadamente. El Gobierno ha autoriz.ado al SENPA a vender con destino a piensos hasta 400.000 toneladas de trigos de baja calidad. Asimismo, el Gobierno ha congelado hasta el 1 de junio los precios de los cereales.
