La amnistía, primer paso para la desmilitarización política brasileña

El regreso a Brasil de dirigentes políticos exiliados desde el golpe militar de abril de 1964, en virtud de la amnistía concedida por el Gobierno que preside el general Joao Baptista Figueiredo, significa la primera materialización concreta de las promesas de los militares de devolver al país la perdida democracia y el fin inmediato del sistema bipartidista que imperaba en el país.

La mayoría de los brasileños, en efecto, están esperanzados y convencidos de que el regreso de personajes como Leonel Brizzola, Miguel Arraes, Luis Carlo Prestes y otros muchos impulsará la vida plítica de la nación, circunscrita, hasta ahora en términos legales, a lo que marcaba el gubernamental partido Arena (Alianza Renovadora Nacional) y el MDB (Movimiento Democrático Brasileño), el único de oposición.La libre actividad de estos políticos forzará, en opinión de la mayoría de los observadores, la segunda importante medida en el proceso democratizador del país, que no es otra que la promulgación del estatuto de los partidos políticos. Dicho estatuto prohibirá expresamente (al menos ésas son las declaradas intenciones del presidente Figueiredo) los partidos marxistas, aunque sus líderes podrán regresar al país con todos sus derechos cívicos restituidos. Este es el caso del octogenario secretario general del Partido Comunista de Brasil, Luis Carlos Prestes.

El significado de la amnistía decretada por el Gobierno y aproba da por el Parlamento, con ser muy importante, no ha alcanzado a satisfacer por completo a los sectores políticos brasileños. La medida de gracia, sancionada por Figueiredo el pasado martes, no afecta a los acusados de delitos de terrorismo, que suman cerca de dos centena res. Este hecho produjo un serio enfrentamiento entre el poder legislativo y el ejecutivo, que había amenazado con vetar la ley si ésta salía del Congreso brasileño con modificaciones que ampliaran la amnistía a aquellos implicados en delitos de sangre. Al final, y por un estrecho margen (206 contra 201), prevaleció el proyecto del Gobierno.

Las autoridades han anunciado, sin embargo, que se estudiará caso por caso la situación de las personas a las que no alcanza la amnistía y que, posiblemente, se decretarán indultos especiales para ellos. De momento, alrededor de 5.000 personas, entre detenidos, exiliados y depurados, recobrarán con plenitud todos sus derechos.

Todas las miradas están puestas, mientras tanto, en el regreso de Leonel Brizzola, sin duda el dirigente político en el exilio que conserva de manera más íntegra su prestigio político entre los brasileños. Brizzola, cuñado del presidente Joao Goulart, a quien derrocaron los militares, y gobernador del estado de Río Grande do Sul cuando se produjo el golpe de Estado, es el líder indiscutible del Partido Travalhista, que cuenta con el apoyo decidido de la Internacional Socialista. Brizzola vivió desde su exilio hasta 1977 en Montevideo. Después de su expulsión por las autoridades uruguayas se estableció durante unos meses en Estados Unidos, hasta que decidió viajar a Lisboa, acogido por su amigo y correligionario Mario Soares. Desde la capital portuguesa ha iniciado el camino de retorno, cuyo final promete ser apoteósico: sus amigos le preparan un masivo recibimiento en el estado en el que fue gobernador.

Idénticas manifestaciones de apoyo popular se organizan en el estado de Pernambuco, del que, en el momento del golpe, era gobernador Miguel Arraes, dirigente socialista. Francisco Chico Juliao, el más carismático dirigente campesino, volverá también a Brasil gracias a la amnistía.

Pero no todo será un camino de rosas. Organizaciones de derechas, como la Alianza Anticomunista, han hecho llegar amenazas de muerte a los políticos que regresan, advirtiendo que no permitirán ninguna veleidad izquierdista en el país y poniéndose claramente enfrente del Gobierno de Figueiredo, al que acusan de «débil y permisivo».