El Gobierno desmiente las revelaciones sobre un supuesto pacto con ETA (pm)

(Viene de primera página)Tras afirmar que la organización había iniciado en junio la campaña «Con el Estatuto, los presos a casa» -con un detallado programa de colocación de bombas-, con el fin de presionar en la negociación del Estatuto y de lograr la salida de las FOP y el regreso de los presos a Euskadi, el comunicado de ETA (p-m) dice que, dentro de la mencionada campaña, ETA hizo explosionar once artefactos, entre el 27 de junio y el 4 de julio de 1979, en las costas del Mediterráneo, en las provincias de Málaga, Alicante, Castellón y Gerona. Y es precisamente en este contexto donde se inician los contactos entre el Gobierno de UCD y ETA.

En efecto, el 3 dejulio, cuando la organización había procedido a la explosión de la octava bomba, y como resultado del primer contacto, el Gobierno de UCD, con objeto de comprobar el control de la dirección de la organización sobre sus comandos operativos en el Mediterráneo, pide una tregua del 6 al 10 de julio, y se compromete, caso de cumplirse la mencionada tregua, a realizar una propuesta concreta, en base a las dos reivindicaciones exigidas por ETA.»

«ETA cumple, escrupulosamente, la condición exigida, y el 7 de julio el Gobierno, a su vez, cumple la primera de nuestras exigencias. Satisfecha la primera exigencia, el 16 de julio ETA hizo llegar al Gobierno un comunicado en el que se anunciaba la continuación de la campaña (en su segunda fase), en el caso de que no se produjeran los traslados de presos a las cuatro cárceles de Euskadi, así como una declaración pública asegurando dichos traslados. El Gobierno promete una respuesta para el día 26 de julio, en tanto que ETA exige que sea para el día 24. »

«En la mañana del día 24 de julio el Gobierno acepta las condiciones y realiza la declaración pública, asegurando que en los próximos días iban a efectuarse los traslados. El mismo día 24 de julio, siete presos encarcelados en Basauri son trasladados a Soria. A última hora del día 25 de julio, y ante la ruptura del compromiso adquirido por el Gobierno, ETA lanza un ultimátum, señalando, que si para las doce horas del día 27 no fueran satisfechas las exigencias siguientes, a saber: el retorno a Euskadi de los siete presos de Basauri, así como de inicio del traslado de dieciséis presos más, cuatro por cada herrialde (provincia vasca), y sin distinción de organizaciones, ETA comenzaría la segunda fase de la campaña "Estatuto arekini presoak kalera",»

«El día 26 de julio, los siete presos son devueltos a Basauri; sin embargo, a las doce horas del día 27 (límite del ultimátum), no se habían producido los traslados convenidos. En este nuevo contexto, ante la nueva ruptura, y después de esperar dos días más sin obtener resultados, ETA decide lanzar la segunda fase de su campaña armada.»

Compromiso

En la rueda de prensa se profundizó más, a preguntas de los informadores en torno al citado compromiso que afirma ETA (p-m) existía con el Gobierno. «La negociación con el Gobierno» señalaron los dirigentes de ETA (p-m), «se llevó al más alto nivel, y en ella estaba implicado hasta el mismo Suárez.»

No se refirieron, sin embargo, en ningún momento a la posible existencia de intermediarios en e compromiso de tregua con el Gobierno a que hicieron referencia varias veces.

En torno a los acontecimientos concretos del día 29 de julio, los portavoces de ETA (p-m) declara ron su pesar por el resultado de los atentados, «para los que se habían tomado todas las precauciones, a fin de que no hubiera muertos». Aseguraron que conocían bien las características del aeropuerto de Barajas y las estaciones de Chamartín y Atocha, elegidos como lugares para colocar un artefacto por la existencia en ellos de altavoces y un retén suficiente de fuerza pública como para que el desalojo de los locales pudiera llevarse a cabo con facilidad y con tiempo. «Sabían los servicios policiales, al más alto nivel, y lo sabía el Gobierno, que íbamos a actuar -tenían nuestro ultimátum sobre la mesa con la amenaza de volver a los atentados-, y no se tomaron con urgencia los medios para evitar la tragedia. »

En este sentido, en el comunicado entregado a los informadores por ETA (p-m), se dice textualmente: «Desde el día 16 de julio, es decir, trece días antes de las explosiones de Madrid, el Gobierno de UCD y sus servicios de policía tenían conocimiento de la decisión de ETA de relanzar la segunda fase de la campaña "Estatuto arekim presoak kalera", y desde las doce horas del día 27 de julio, en la medida en que el compromiso estaba roto, de la inminencia de su inicio.

Tanto para el Gobierno de UCD como para sus servicios de policía, el anuncio por parte de ETA de la colocación de bombas, a las doce horas precisas del día 29 de julio, no podía representar ninguna sorpresa.

Todo ello nos permite afirmar sin vacilaciones que la actitud del Gobierno de UCD, al no desalojar, como lo había hecho en la primera fase de la operación, los lugares en los que se había anunciado la colocación de las bombas, fue una decisión política perfectamente meditada.»

Recordaron los dirigentes de ETA (p-m), cómo en la primera fase de su campaña -la serie de atentados en la costa mediterránea- la organización siempre había avisado con tiempo de la colocación de artefactos para evitar desgracias personales. «Así lo hicimos el día 29, cuando exactamente a las doce del mediodía -hora y diez minutos antes de las explosiones- dimos la voz de alarma a la agencia Euskadi Press, indicando la necesidad de que se desalojaran las dependencias de Barajas y estaciones de Atocha y Chamartín.»

La tragedia

Los portavoces de ETA (p-m) reconocieron su error al no haber valorado las posibilidades y los

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riesgos de acciones de aquel tipo. «La primera parte de la campana se llevó a cabo en un contexto distinto al que existía el día 29 de julio. Entonces las FOP estaban aún en Soria y el Estatuto de Autonomía parecía difícil de arrancar. La segunda parte de la campaña -una vez roto el compromiso con el Gobierno-, se desarrollaba ya cuando el Estatuto estaba arrancado y las FOP habían partido de Soria. El contexto era por tanto diferente y quedaba un margen más estrecho de actuación por nuestra parte. Nos faltó un análisis certero de este contexto que nos ha conducido a la tragedia. »

El comunicado de ETA (p-m) entregado ayer en la rueda de presa afirma, a este respecto:

«Por nuestra parte, nos autocriticamos públicamente por no haber valorado las consecuencias, previsibles, de la absoluta incoherencia de la política de UCD; mientras, por un lado, para mantener el sistema de dominación, se ve obligada a aceptar el Estatuto de Guernica, por otro, convierte en sus rehenes a los presos políticos vascos y se niega a admitir la amnistía como un elemento imprescindible y consustancial del proceso estatutario. En Euskadi, la crisis política no se resolverá si el Estatuto no va acompañado de la amnistía total. »

«No es casual que UCD no tenga una política homogénea en la medida en que, en su seno, coexisten diferentes puntos de vista respecto a la política a desarrollar en Euskadi. No haber previsto las consecuencias de esa división y ofrecer a UCD, mediante la colocación de unas bombas, la posibilidad de hacer materiales sus contradicciones, fue nuestro grave error.»

Al igual que había hecho en el comunicado anteriormente mencionado, ETA (p-m) anunció ayer por boca de sus dirigentes que había decidido terminar con sus acciones que se inscribían en la campaña. «Con el Estatuto, los presos a casa ». «Tras el trágico día 29», señalaron, «nos hemos dado cuenta que la campaña comportaba serios riesgos. Por ello la hemos concluido y hemos retirado los comandos que teníamos en el Mediterráneo. En los últimos días hemos desactivado diez bombas, y tres más no han podido inutilizarse por "dificultades técnicas"; por ello, al entregar estos planos a los medios políticos queremos que lleguen a conocimiento oficial para que se evite explosionen mañana (por hoy) a las diez de la mañana».

Sin embargo, los portavoces de ETA (p-m) en la rueda de prensa indicaron que el hecho de haber suspendido su campaña de acciones no significa, de ningún modo, renuncia a la lucha armada, «porque aún quedan bastantes objetivos tácticos por lograr, como la salida de las FOP de Euskadi, la vuelta de los presos a cárceles vascas, la amnistía y la integración de Navarra en el País Vasco. Por el momento, abriremos otros frentes de lucha de cara a lograr estos objetivos. Si el Estatuto llega a entrar en vigor adaptaremos la lucha arrrada a las nuevas condiciones políticas. No habrá probablemente entonces acciones espectaculares, pero sí una intervención incisiva en campos como son fábricas, movimiento ciudadano-barrios-cultura».