Crece la oposición al plan urbanístico del barrio Alto de Almería
Con la ampliación, hasta el próximo día 4 de octubre, del período de exposición al público del plan parcial de reforma interior del barrio Alto de Almería, se han multiplicado las alegaciones contra el proyecto municipal por parte de la asociación de vecinos del barrio, de partidos políticos de izquierda y de organizaciones sindicales y profesionales, como el propio Colegio de Arquitectos de la provincia.La redacción del plan parcial del barrio Alto prevé la desaparición total de su peculiar Fisonomía arquitectónica y su sustitución por un urbanismo moderno completamente diferente.
Una de las principales causas de impugnación es la que hace referencia textual a «la integración con el entorno y legalización de la edificación fuera de ordenanza». Se admite así, en documento público, la existencia de edificios fuera de ordenación, lo que supone graves infracciones urbanísticas contra los artículos 225 y siguientes (la «invasión por edificación con licencia municipal de una zona verde del plan general») de la ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Por otra parte, la «elevación de la calidad del barrio en relación con su entorno», que es el segundo de los aspectos contemplados en la justificación del plan, se proyecta hacer a costa de concentrar la edificación, rompiendo con ello la sociología del mismo y destruyéndolo en cuanto entidad con formas propias de convivencia. La concentración de la edificación, con la consecuente declaración de zonas no edificables, supone, en efecto. la elevación inmediata del valor de los solares que puedan existir y el encarecimiento lógico de las futuras viviendas a construir, circunstancias ambas que desembocan casi inevitablemente en la inmediata expulsión del barrio de sus actuales habitantes, ante la iposibilidad de acceder -dada su modesta, cuando no precaria, situación económica- a la propiedad de las viviendas previstas en el plan. Este, además, establece como sistema de actuación el de expropiacián, regulado por los artículos 134 y siguientes de la ley del Suelo, con lo que el barrio pasará en su totalidad a convertirse en patrimonio municipal. El Ayuntamiento -reducto oficial actualmente en manos de miembros de Alianza Popular- se asegura con ello el monopolio de la venta de terrenos
