Valverde: lo que pudo ser el "gran bocado"
Se ha aprobado definitivamente el Plan Parcial del Polígono de Valverde, que será ejecutado en base a una junta mixta de compensación que sustituye al primer intento de expropiación por parte del poder central administrativo. Tal circunstancia es interpretada como el mayor logro de los vecinos frente a la Administración y a los especuladores profesionales en materia urbanística en nuestro país. Curiosamente, tal golpe, tal triunfo, tal contestación y tal puesta en evidencia de los manejos oficiales y paraoficiales, le ha sido dado al viejo régimen desde un estrato de población —el pueblo de Fuencarral, Madrid— adicto, en su mayor parte, a la filosofía política contra la que se levantaron —siempre por vía legal, eso sí— en defensa de sus tierras.
La historia del Polígono de Valverde, en cuanto al proceso de su futuro como sede del Centro de Decisiones 2 (CD-2), es muy sencilla. Y en ella estaba en juego la cifra aproximada de 20.000 millones de pesetas. (Recuérdese que el fraude de mayor cuantía económica del que se ha tenido conocimiento público en España, Matesa, oscilaba alrededor de los 10.000 millones de pesetas.)
En el Polígono de Valverde podía haber ocurrido lo mismo que en el barrio de Pozas (Argüelles) o que en tantas otras operaciones que han dado lugar a la fisonomía del nuevo Madrid. Es decir: una expropiación forzosa por parte de la Administración, unos vecinos enraizados en ese solar desde toda la vida que se van a la calle o a donde puedan, y unas nuevas edificaciones a precios de lujo y aparte, si su estilo arquitectónico o funciones urbanísticas encajan o río, en el entorno en el que se incrustan.
Sólo que los vecinos del pueblo de Fuencarral —a donde pertenece el Polígono de Valverde (la Virgen de Valverde es su patrona) — estaban lo que se dice hartos de sufrir expropiaciones que, si bien se llevaban a cabo con excusas del bien común y de beneficios sociales, en realidad sólo acababan beneficiando a unos cuantos oportunistas, por no entrar en otro tipo de calificativos —o sustantivos, vaya usted a saber— que quizá nos pudiesen hacer incurrir en lo del libelo.
Expropiaciones
Cuando las ochocientas familias de Fuencarral, que eran y son propietarias de las tierras que componen el Polígono de Valverde, tuvieron conocimiento de que iban a ser expropiadas, de que se les iba a pagar —más o menos y por término medio— la ridícula cantidad de unas ochenta pesetas el metro cuadrado, etc., etc., reaccionaron.
Se ha dicho que el campesino es el ciudadano que más tarda en contestar. Y Fuencarral es un claro ejemplo de ello. A las expropiaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, de Miraflores, de la Universidad Autónoma, etc., apenas opusieron resistencia. Sólo que no es lo mismo tardar en reaccionar que no reaccionar nunca. Y la amenaza de la expropiación de Valverde fue el detonante que hizo disparar a los vecinos de Fuencarral contra la Administración, ese derecho que les asistía a colaborar —antes que ser expropiados— con la Administración en la ordenación futura de sus propiedades. Tal derecho no sólo defiende los intereses de la propiedad privada —piedra básica de toda la legislación española y, por lo tanto, contradictorio en cierto modo el atentar contra ella desde las esferas del Poder—, sino que protege a la comunidad de los posibles abusos provinentes de esferas ajenas a las auténticamente propietarias.
El tema estaba claro. Sin embargo, sólo la decidida ofensiva de los vecinos de Fuencarral, que agotaron todos los sistemas legales para su reivindicación y hasta produjeron algún incidente en el Ministerio de la Vivienda, pudo hacer que la Administración reconsiderara su postura y, al fin, cambiara la medida expropiatoria por la de Junta Mixta de Compensación. En resumen, en vez de dejar a los campesinos sin tierras por dos reales, se les da la oportunidad de participar en la Administración en el proceso de venta y ordenación de dichas tierras. Además, tienen así mismo la oportunidad de controlar directa e inmediatamente que el destino de ese suelo es el trazado en los planes y no otro de signo bastardo. Y, en último extremo, si algún tipo de especulación se produce —que siempre sería menor a la que pudieran practicar los listos en el tema— no irá en beneficio —o irá más difícilmente— de personas extrañas a las que, durante años y hasta siglos, cultivaron esas tierras o las recibieron en herencia, habitándolas y plusvalorizando la zona con su enraizamiento en ella.
Quizá la victoria de los ochocientos de Fuencarral no podría entenderse sin tener en cuenta que la lucha se produce en un tiempo en que el franquismo periclita. Cuando, en estas circunstancias, la Comisión de Planeamiento y Coordinadora del Área Metropolitana de Madrid (Coplaco) se encuentra con la protesta de los vecinos afectados, se da cuenta de que el tema en cuestión ha llegado a un puntó demasiado álgido. Poco después, vía Consejo de Ministros, llegaría la orden de paralizar la expropiación en Valverde. Se había ganado la primera batalla Y, con la definitiva aprobación de la Junta Mixta de Compensación, se ganaba la definitiva.
Algo tuvo que ver también en todo esto la prensa. Quizá por primera vez en una operación urbanística de posible desenlace especulativo, en cantidades ingentes, la prensa pudo reunir datos suficientes para hacer pública, con claridad, la red de manejos en aras de intereses particulares que se cernía sobre el Polígono de Valverde, en detrimento de ochocientas familias, de la letra y el espíritu de la ley y del erario público.
En el Polígono de Valverde se pudo dar la mayor especulación urbanística de nuestra historia.
