Puigdemont y Junqueras lanzan a Rajoy una última llamada al diálogo

A falta de medio año para que expire el plazo al que se comprometió Carles Puigdemont para convocar una consulta independentista, el presidente de la Generalitat y su vicepresidente, Oriol Junqueras, piden al Gobierno abrir una negociación con el objetivo de pactar “un referéndum acordado”. En un artículo conjunto publicado en EL PAÍS, ambos dirigentes sitúan como ejemplo el acuerdo entre Reino Unido y Escocia, reprochan “la preocupante ausencia de voluntad de diálogo” hasta ahora y alertan de que, de no haber acuerdo, harán lo “indecible” para poder celebrar la votación este año.

En lo que se puede interpretar como una última llamada para resolver por la vía pactada la cuestión catalana, los dos dirigentes soberanistas intentan proyectar una imagen utilizada habitualmente por Puigdemont: “Nosotros ya estamos sentados en la mesa de diálogo. ¿Van a tardar mucho los demás invitados?”. Y, dirigiéndose a la sociedad española, piden: “Cuando sea demasiado tarde, por favor no nos miren a nosotros. Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros”.

La carta firmada por Puigdemont y Junqueras sitúa al Ejecutivo catalán entre la apuesta decidida por convocar el referéndum unilateral si no hay interlocución y la mano tendida a negociar hasta el último instante un camino acordado —“es el que desearíamos”, dicen—. El título del artículo es inequívoco: Que gane el diálogo, que las urnas decidan. Pese a que el Govern da por fracasada la Operación Diálogo anunciada desde La Moncloa, los dos mandatarios catalanes afirman que “es la hora de la política”.

Siguen sin desvelar cuándo expirará su disposición a sentarse a negociar, pero de su carta se desprende que siguen abiertos a pactar la pregunta del referéndum, la fecha de su celebración e incluso la posibilidad de que se incluya una oferta alternativa a la independencia propuesta por el Ejecutivo central. La única fecha en el calendario es la de la segunda quincena de septiembre, para cuando se convocaría un referéndum que, defienden, apoya el 80% de los catalanes, sean partidarios de la independencia o no.

Desencuentro avanzado

La misiva llega cuando el desencuentro entre los Gobiernos central y catalán está muy avanzado y en un momento de creciente tensión por las condenas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el expresidente de la Generalitat Artur Mas y quienes fueron dos de sus consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, por organizar la consulta del 9-N, prohibida por el Tribunal Constitucional. Su inhabilitación ha llegado sin que Rajoy y Puigdemont hayan sido capaces de iniciar una interlocución para alcanzar acuerdos.

La Moncloa está abierta a discutir los agravios que denuncia la Generalitat e incluso a plantear una oferta en materia de inversiones y competencias, pero ni se plantea discutir sobre la celebración de una consulta independentista. Y ese punto, para el Ejecutivo autónomo, es irrenunciable, pese a que formara parte, como uno más, del listado de 46 reivindicaciones que el presidente catalán trasladó en abril de 2016 a Rajoy.

En la reunión secreta mantenida entre ambos presidentes el pasado 11 de enero se puso de manifiesto que las diferencias están tan alejadas que no merece la pena simular un deshielo de relaciones en un encuentro. El Gobierno catalán ha mantenido la velocidad de desarrollo de sus trabajos para una supuesta desconexión. Y lo mismo ha hecho el grupo que le apoya en el Parlament, Junts pel Sí, que hace dos semanas inició la reforma del reglamento de la Cámara para poder aprobar por la vía exprés y sin debate la ley de desconexión. La coalición independentista y la CUP no han eludido desobedecer resoluciones del Constitucional en su actividad parlamentaria.

Ahora, Puigdemont y Junqueras, bajo el riesgo de que les traten de “ilusos” —sobre todo desde el punto de vista de los independentistas convencidos de que el Gobierno central no se plegará a negociar una consulta— dicen que vuelven a insistir en el diálogo ante aquellos que, en su opinión, “han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política”. Aunque no las citan, les ayudan las palabras expresadas por el expresidente del Constitucional Francisco Pérez de los Cobos cuando sostuvo que la interlocución se ha convertido en una “necesidad inexcusable y urgente” para solventar la cuestión catalana.

Sí se valen de uno de los últimos informes de la Comisión de Venecia, organismo perteneciente al Consejo de Europa, que criticaba el hecho de que el alto tribunal disponga de la capacidad de “ejecutar sus propias sentencias”, gracias a la reforma impulsada por el Gobierno del PP para frenar los embates independentistas. Para el presidente autonómico y su número dos, “Europa ya se ha percatado” de que las actuaciones del Gobierno central van en la línea de “esconderse” detrás de la justicia y comprometer a “un poder fundamental para la salud del Estado de derecho”.