Convergència se sienta en el banquillo

Convergència Democràtica se convirtió en julio pasado en el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat). Era una refundación que, para destacados dirigentes del partido, llegaba demasiado tarde para armar un cordón sanitario efectivo ante el año judicial que afrontaba la formación. Tocado y jibarizado por la corrupción, la confesión de Jordi Pujol y su apuesta por el independentismo, el nuevo partido ha hecho todo lo posible para que no le afectaran los casos que le acechan. Su escalada independentista ha llegado casi en paralelo con el agravamiento de las acusaciones sobre el partido y antiguos dirigentes.

Su coordinadora general, Marta Pascal, reitera que ella ni llegó a votar —porque era muy joven— a Jordi Pujol y se ha alejado de cargos de responsabilidad a quienes figuraron en la fotografía en las puertas del juzgado con Oriol Pujol (caso ITV). Artur Mas, último presidente de CDC y primero del PDECat, es el principal nexo entre el actual partido y los casos que sentarán a Convergència —más allá del caso Palau— en el banquillo a partir de ahora.

‘Caso 3%’. Es la última investigación que le ha estallado a CDC y que afecta a los últimos Gobiernos que presidió Artur Mas, así como a importantes Ayuntamientos convergentes. El juez que instruye el caso levantó parcialmente hace unas semanas el secreto de sumario, en el que se evidencia la existencia de un triángulo cuyos vértices se situaban en la Generalitat, el partido y empresas constructoras con el objetivo de que la adjudicación de obras supusiera el pago de comisiones irregulares a Convergència a través de sus dos fundaciones. El principal implicado es el extesorero Andreu Viloca, que tenía una relación muy estrecha con el número dos de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, quien presuntamente modificaba las ofertas de las constructoras para beneficiarles y asegurarse el pago de comisiones. El republicano Oriol Junqueras, del que depende la empresa pública, consideró que tenía pruebas suficientes para despedirlo.

'Caso Pujol’. El expresidente de la Generalitat durante 23 años y alma máter de Convergència, Jordi Pujol, está imputado en un caso de blanqueo de capitales junto a su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos. El partido todavía no se ha recuperado de la explosión que generó la confesión del patriarca en julio de 2014, cuando admitió que había tenido durante décadas dinero negro en cuentas bancarias andorranas, según su declaración, por una herencia paterna. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acumula todas las causas que afectan a la familia y considera que entre los miembros del clan Pujol Ferrusola hubo “coordinación de actividades”, “asignación de roles” y “distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que recibían”.

‘Caso ITV’. Es el juicio que se convirtió en la muerte política de Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del expresident que estaba llamado a ser su sucesor. A causa de esa investigación judicial el entonces secretario general adjunto de CDC dejó el cargo de número dos de Artur Mas. A Pujol Ferrusola la Fiscalía Anticorrupción le pide cinco años y dos meses de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. También está amenazada de prisión su esposa, Anna Vidal. El juez considera que se benefició de su cargo en el partido y en el Parlament (presidente del grupo de CiU) para influir en las adjudicaciones de estaciones de ITV a través de un alto cargo de la Generalitat, que controlaba entonces el tripartito.

‘Caso Pretoria’. El próximo lunes empezará en la Audiencia Nacional el juicio que investiga una supuesta trama urbanística con epicentro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Hace dos años que concluyó la investigación de un caso en el que dos convergentes de la vieja guardia, Lluís Prenafeta —el fontanero de Jordi Pujol en sus primeros años en la Generalitat— y Macià Alavedra —quien fue uno de sus consejeros de Economía— están acusados de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC), está acusado de recibir sobornos y un antiguo diputado también socialista, Luis García, Luigi, sería el interlocutor de las Administraciones para lograr las recalificaciones, por las que se habría embolsado más de cinco millones de euros.

‘Caso Adigsa’. El juicio, que se iniciará en mayo, es el primero que vincula a CDC con el cobro de supuestas comisiones y acabó siendo el origen del actual caso 3%. Uno de los principales acusados es Josep Maria Penin, quien entregaba proyectos de rehabilitación de viviendas a empresas de su confianza. Penin, que llegó a ser el chófer de Pere Esteve cuando este era secretario general de CDC, tiene vínculos familiares indirectos con el exconsejero Felip Puig, antiguo secretario de organización de la formación. El fiscal pide penas de prisión para tres ex altos cargos de la empresa pública de la Generalitat —Josep Antoni Fontdevila, Xavier Sala y Jordi Huguet— por los delitos de malversación y falsedad documental.

‘Caso ACM’. La Asociación Catalana de Municipios, vinculada históricamente a partidos soberanistas, también pasará este año por el juzgado, a causa del saqueo que sufrió por parte de su ex secretario general, Josep Maria Matas, y el exjefe de sus servicios jurídicos, Xavier Solà. Entre ambos extrajeron a la entidad en torno a un millón de euros a través de facturas infladas.