Un acusado del ‘caso Palau’ se abre a confesar la financiación ilegal de CDC

La preocupación de un padre por el futuro de su hija puede influir de forma decisiva en el desenlace del caso Palau. El juicio por el desfalco del Palau de la Música y por la presunta financiación ilegal de Convergència arranca este miércoles, después de casi ocho años de investigación. Jordi Montull, uno de los principales implicados en el saqueo millonario de la institución musical, está dispuesto a colaborar con la justicia y a implicar al partido de Artur Mas -en línea con la tesis de la Fiscalía- en el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

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Las conversaciones se han sucedido a lo largo de las últimas semanas. Jordi Montull, que fue la mano derecha de Fèlix Millet al frente del Palau, afronta una petición de 27 años y medio de cárcel. Su hija, Gemma Montull, era la directora financiera de la institución y se enfrenta a una pena también muy elevada: 26 años. El objetivo de Montull es lograr que, gracias a su confesión, el fiscal rebaje al final del juicio la petición de pena para su hija y la acerque a los dos años, lo que le permitiría eventualmente eludir el ingreso en prisión.

El acuerdo es complejo, "volátil" y no está cerrado, subrayan fuentes implicadas en las negociaciones. Hay muchas partes involucradas -cinco acusaciones, 19 acusados- y no se pretende ni mucho menos un pacto global. De hecho, no habrá una sentencia de conformidad ni se evitará la celebración del juicio, que empezará con las cuestiones previas. Las negociaciones van por otra senda y pasan por que, en su declaración del próximo 8 de marzo, Montull acredite las acusaciones de la Fiscalía contra Convergència. Por ejemplo, que confirme que el "Daniel" al que alude de forma constante la documentación incautada en el Palau corresponde con Daniel Osácar, extesorero del partido nacionalista.

El juicio, pues, se celebrará y llega en el peor momento para Convergència cuando el sumario del caso 3% ha revelado al detalle cómo los tesoreros de Convergència se reunían con constructores para cobrar mordidas que se camuflaban como donaciones a las fundaciones afines. El caso Palau y el caso 3% son dos procesos judiciales distintos, pero describen una misma realidad: Convergència se ha financiado ilegalmente, de forma ininterrumpida, adjudicando obras públicas a cambio de comisiones.

Los indicios del caso 3% son abrumadores: listados de obras, agendas con datos que vinculan donaciones y adjudicaciones, reuniones en la sede de Convergència, declaraciones de empresarios. Todo ello dibuja un ecosistema de corrupción que se prolongó, al menos, hasta el verano de 2015. El caso Palau también tiene sus pruebas: testimonios, documentos de una secretaria y, sobre todo, las anotaciones manuscritas del expresidente del Palau, Fèlix Millet (“Camps”, “pago 105.000 m.”, “Ferrovial”, “autopista”). Pese a celebrarse antes que el juicio del 3%, el del caso Palau de la Música ha acreditado, según el juez, el pago de comisiones de la empresa Ferrovial a cambio de obras públicas adjudicadas con el último Gobierno de Jordi Pujol, como la Ciudad de la Justicia. Ferrovial siempre ha negado el pago de estas comisiones.

Hay datos que coinciden en los dos procesos. Por ejemplo, las vías de entrada del dinero: la Fundación Trias Fargas en elcaso Palau, y las fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona, en el caso 3%. La Trias Fargas, de hecho, cambió de nombre cuando, en plena investigación por el desfalco perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull (2010), aparecieron los pagos a Convergència. Ferrovial vistió como donaciones al Palau de la Música lo que, en realidad, eran mordidas. Millet y Montull -para quienes el fiscal pide 27 años y medio de cárcel- se llevaban una comisión del 1,5%; el 2,5% restante iba a las arcas del partido.

Pero es que incluso los cargos involucrados se repiten. Si Andreu Viloca es el gran protagonista del caso 3%, su antecesor en el cargo, Daniel Osácar, lo es del caso Palau. La Fiscalía pide para él una condena de siete años y medio de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo, además del pago de una multa de 20 millones. Osácar -que, por cierto, también está imputado en la causa del 3%- era el encargado de cobrar, pero el fiscal Emilio Sánchez Ulled desliza en su escrito que el “acuerdo criminal” suscrito entre Ferrovial y CDC durante una década (1999-2009) debió contar “con el asentimiento de altos responsables del partido político”, que no han podido ser identificados. En esas están, precisamente, los fiscales del caso 3%, que han pedido -por ahora, sin éxito- la imputación de quien fue jefe directo de Osácar y Viloca y fontanero del partido, el exconsejero de Justicia Germà Gordó.

En ambos casos, las defensas alegan que los procesos de adjudicación son impecables. Y lo son, en la forma. Los fiscales no discuten eso, pero sí la connivencia entre el partido y las administraciones gobernadas por CiU para “asegurar el flujo de adjudicaciones” -son palabras del fiscal del Palau- a las empresas que accedían a pagar el “peaje” al partido. En el caso de Ferrovial, dos directivos se sentarán en el banquillo con una petición de cuatro años y medio de cárcel: Pedro Buenaventura y Juan Elizaga.

Aunque nuevo PDECat -heredero de Convergència- quiere dejar atrás el pasado, la sombra de las mordidas es alargada. Solo con el caso Palau, el partido dirigido por Mas se embolsó 6,6 millones de euros y figura, por ello, como responsable civil a título lucrativo. El dinero fluía a través de tres vías: entregas en efectivo a los tesoreros, facturas falsas y convenios (“aparentes”, dice el fiscal) de colaboración con la Trias Fargas. La causa, por cierto, también se dirigía contra otros dos cargos de CDC: el extesorero Carles Torrent y el exdiputado Jaume Camps. Pero el primero ha muerto y, en el caso del segundo, ha pasado demasiado tiempo y el delito ha prescrito.

Un saqueo de 24 millones

El juicio que hoy arranca con 19 acusados y 115 testigos -casi ocho años después de que los Mossos d'Esquadra registraran el coliseo modernista- tiene otros dos protagonistas: Millet y Montull, los hombres que saquearon las arcas de la institución en beneficio propio ante la ceguera de los órganos de administración. Y que (solo parcialmente) han confesado los hechos. Según la Fiscalía, el agujero que dejaron en las arcas del Palau asciende según Hacienda a 24 millones, de los que solo han devuelto seis. Será un juicio mastodóntico (55 sesiones, más de 60.000 folios del sumario) y coral. Además de la fiscalía, hay otras cuatro acusaciones: el Consorcio del Palau, la Fundación, la FAVB y la Abogacía del Estado, que acusan por delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad, apropiación indebida, blanqueo y fraude.

Millet y Montull gastaron parte del dinero en llevar una vida de lujo, con viajes a los mejores establecimientos de Dubái o Maldivas. Se desconoce el destino que dieron a nueve de los 18 millones que sacaron en efectivo (los bancos no guardan los resguardos). El escándalo del Palau provocó una “cólera ciudadana” que puede arrastrar no solo a los saqueadores confesos y socavar el futuro político de la vieja y la nueva Convergència.