El TSJ catalán procesa a Artur Mas por desobediencia y prevaricación
El expresidente catalán evita ser juzgado por malversación, el único delito que conlleva penas de prisión
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a dos miembros de su gobierno —la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau— por la organización de la consulta independentista del 9-N. Mas, Ortega y Rigau se sentarán en el banquillo por desobediencia grave y prevaricación, pero no por malversación, tal como había solicitado la acusación popular. La decisión libera a Mas de una posible pena de prisión en caso de condena, pero le enfrenta a otra de inhabilitación para cargo público.
En un auto dado a conocer este mediodía, el TSJC abre juicio oral contra Mas como autor de esos dos delitos, y contra sus consejeras, como "cooperadoras necesarias". La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún "cargo público electivo" ni "ejercer funciones de gobierno" en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.
Las acusaciones populares —que integran dos sindicatos policiales, además de Manos Limpias— habían solicitado seis años de prisión por malversación. Ese delito, sin embargo, quedará fuera de la vista oral. La Fiscalía lo había incluido inicialmente en su querella, pero más tarde lo desechó porque la mayoría de los gastos que generó el 9-N fueron "comprometidos con anterioridad" a la suspensión dictada por el Constitucional, pese a que algunos trabajos se pagaran después. Había, pues, un "margen de duda". El TSJC acoge ese argumento: "No puede tipificarse la desviación de fondos públicos a fines no autorizados cuando aún no había recaído la citada providencia". Fuentes del Partido Demócrata Europeo se ratifican en que mas no cometió ningún delito y constatan que la vista solo pretende resolver por la vía judicial lo que debería resolverse políticamente.
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, cuando más de dos millones de catalanes votaron en centros públicos de enseñanza. La inmensa mayoría lo hicieron a favor de la independencia. El TSJC recuerda que el Constitucional "comunicó directamente la existencia" de la resolución al expresident mediante un correo electrónico.
El auto es contundente y recoge la mayoría de argumentos que ya esgrimió la Fiscalía en su escrito de calificación. Mas, "auxiliado" por Ortega y Rigau, "articuló una estretegia de desafío completo y efectivo" a la suspensión ordenada por el TC. Desde el día 4, el Gobierno catalán simuló que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, según los magistrados, permitió que los trabajos encargados a empresas privadas para el 9-N siguieran adelante.
Pese al veto de TC, el Gobierno catalán permitió que se siguieran ejecutando trabajos cruciales para la consulta como el mantenimiento de la web institucional, el reparto de correspondencia, la campaña institucional y, especialmente, la instalación de los equipos informáticos en los institutos públicos que se habilitaron como centros de votación. Los días 7 y 8 de noviembre, dos empresas (T-Systems y Fujitsu) entregaron e instalaron los programas informáticos necesarios para la consulta en los 7.000 ordenadores portátiles comprados expresamente para la jornada.
El 9-N, día de la votación, "acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica" presidida por Mas, señala el auto. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
Los acusados han alegado que la del 9-N es una "causa política", que solo cumplieron un "mandato del Parlament" y que, tras el veto del TC, la consulta quedó "en manos de voluntarios". Tras presentar sus escritos de defensa, el TSJC fijará fecha para el juicio, que celebrará la Sala Civil y Penal del tribunal catalán.
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