Relatores de la ONU preguntan por violaciones de derechos en El Gallinero

“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, dice la carta firmada por siete relatores especiales, aquellos funcionarios a los que la ONU encarga vigilar, recibiendo quejas y haciendo estudios, el respeto a cada uno de los derechos humanos. Pertenecen a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En este caso, según la información que han recibido, la policía ha entrado varias veces en los últimos años en el Gallinero a realizar “desalojos de manera violenta y humillante”, durante la noche o justo antes del amanecer, algunos de ellos “sin orden del Ayuntamiento” y sin previo aviso.

Sin agua potable (la llevan en cubos desde el acceso más cercano, a 300 metros de algunas viviendas), ni retretes ni letrinas ni recogida de basura, varios niños fueron ingresados en 2013 y 2014 “debido a diarreas y deshidratación”. Además, aseguran que a varias familias se les ha pedido que pagasen la atención sanitaria a niños en centros hospitalarios.

En cuanto a la educación, a pesar de la escolarización de todos los niños en edad obligatoria, los relatores hablan de la discriminación que sufren los muchachos en los centros escolares, entre otras cosas, por el aspecto que provoca la falta de higiene. Además, mencionan las dificultades para escolarizar a los menores de tres años, lo que les impide acceder a ayudas alimentarias. “Sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por las condiciones de vida en El Gallinero”, añaden los relatores de la ONU.

Algunas de las situaciones que recoge su carta fueron denunciadas en un informe de 2014 de la ONG Save the Children y la Universidad Pontificia de Comillas, que también mostraba los problemas de violencia, de alcohol y delincuencia en este asentamiento poblado por rumanos de etnia gitana. Entonces se cifraron sus habitantes en 495 personas, más de la mitad, menores. Ahora, sin embargo, quedan unas 300, según la Comunidad de Madrid.

Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento respondieron el pasado viernes a la petición de información de la ONU. Desde el Consistorio se limitan a decir que han explicado al organismo internacional el trabajo que desarrollan en el poblado. Sin embargo, un portavoz de los Servicios Sociales de la Comunidad sí ofrece algún detalle más sobre un informe en el que defienden que “el Estado Español, a través de sus diferentes organismos e instituciones, está trabajando eficazmente por la plena integración como ciudadanos de pleno derecho de la UE, con la población residente en el núcleo chabolista”.

El Gobierno madrileño habla de un trabajo conjunto con el Ayuntamiento, de un “gran esfuerzo económico y de recursos profesionales y materiales”, de distintas “campañas de limpieza integral” del asentamiento, de intervenciones socioeducativas y de un servicio semanal de atención sanitaria a través de unidades móviles. Sobre el derribo de las viviendas, la Comunidad defiende esa política del Ayuntamiento para controlar el chabolismo, pero insiste en que cada desalojo se ha hecho “ofreciendo siempre una opción residencial a todas las familias afectadas”.

En los próximos meses, cuando los relatores tengan su informe, se verá si les han convencido estas explicaciones. De momento, en su carta reprochan la insuficiencia de los programas públicos, en los que además “la intervención social fue relegada a un segundo plano en el referente a los derribos y desalojos”, opinan.