Moraleja de Enmedio, en bancarrota

La socialista María del Valle Luna se encontró con 30.000 euros en la cuenta del Ayuntamiento cuando se convirtió en alcaldesa de Moraleja de Enmedio (5.000 habitantes) tras las elecciones de mayo. Fue como abrir la caja de Pandora. “El anterior alcalde (del PP) dejó una manzana envenenada”, asegura. El municipio se enfrenta a una deuda de 30 millones con un presupuesto de cinco millones. Es el segundo con mayor deuda por habitante de la región.

“Me encontré con el colegio, el polideportivo, la escuela infantil y el centro polifuncional con enganches de luz ilegales, lo que ha provocado una multa de Iberdrola de 110.000 euros”, desvela la regidora. Además, el Ayuntamiento debe a la Seguridad Social 4,8 millones, porque no pagaba las cuotas desde 2008. “Así que tampoco podemos recibir subvenciones”, continúa con gesto de resignación.

La penuria económica le ha dejado poco margen de maniobra. Ha optado por clausurar la última planta del Ayuntamiento “para ahorrar”, y concentrar así a los trabajadores en las dos primeras. “Es lo que haría en mi casa para reducir gastos”, dice la regidora.

El pueblo dio su confianza al PSOE después de ver a Alberto Estrada (PP), que gobernó el municipio durante 16 años, imputado por una denuncia de los socialistas 10 días antes de los comicios municipales. El PSOE acusa al regidor de prevaricación contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, apropiación indebida, falsedad de documento público y fraude de subvenciones.

En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco detuvo a Estrada en el marco de la Operación Púnica. El regidor, que quedó en libertad hace sólo unos días, está acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencia y cohecho.

El juez investiga, entre otros asuntos, el contrato de eficiencia energética firmado con la empresa Cofely. Se adjudicó en abril de 2013 por 3,5 millones de euros. Cofely lo ganó pese a que Elecnor tuvo mejor puntuación en la parte objetiva del concurso. El Ayuntamiento ha rescindido el contrato y ahora se “apaña” como puede. Si se estropea una farola, se llama al electricista. Luna califica los meses pasados de “terroríficos”, sin dinero para llenar los depósitos de los coches municipales ni cargar gasoil en el colegio.

Respiro momentáneo

El cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de algún otro tributo municipal le ha dado un respiro. “Además, nos acogimos al adelanto de los tributos de un año. Pero en mayo se acabó, la vida de este Ayuntamiento es muy corta si no se le ayuda”, dice.

Tampoco puede usar la transferencia de tributos del Estado porque está embargada. Fuentes de la Consejería regional de Medio Ambiente y Urbanismo aseguran que el municipio podrá pagar deudas con los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA).

El anterior equipo municipal dejó un presupuesto “en teoría equilibrado” de cinco millones. “Pero a la Intervención se le olvidó un pequeño detalle: un remanente de tesorería líquido negativo de 28 millones”, ironiza Luna.

El Ayuntamiento ha denunciado a la Guardia Civil la desaparición de documentación, y ha abierto un expediente disciplinario a la interventora municipal.

La alcaldesa se pregunta si nadie sabía lo que estaba pasando en el municipio. “No puedo creer que este señor [Estrada] falsificara documentos diciendo que pagaba la Seguridad Social para recibir subvenciones y nadie se diera cuenta”, relata. “Ahora aparecen 100.000 euros de subvenciones sin justificar. Y yo me pregunto ¿por qué no se controlaban?”.

La Escuela de Música, cuya gestión se privatizó en época del PP, también ha cerrado sus puertas. El equipo de gobierno local considera que el acuerdo era lesivo para el Ayuntamiento, que debía abonar cerca de cinco millones de euros en 25 años.

La portavoz del PP, María Eugenia Barba, dice no estar “nada orgullosa de la deuda que arrastra el pueblo”. Pero recuerda que la alcaldesa estuvo en la oposición cuatro años, “así que debía saber cómo estaba todo”. Luna replica que “no se podía imaginar el desastre” real de las cuentas.

La concejal popular relaciona la deuda con el Plan General de Ordenación Urbanas del municipio, aprobado en 2015 tras 14 años de tramitación. “Muchas cuestiones estaban condicionadas a los ingresos que iban a llegar cuando el pueblo pudiera crecer”, explica. La alcaldesa ha pedido a la Cámara de Cuentas que lleven a cabo una auditoría para conocer cómo se ha gestionado el municipio. El resto de acciones corresponde a la justicia: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió la semana pasada al Ayuntamiento para solicitar información sobre contratos con Waiter Music, investigada también en la Operación Púnica.