Carmena alquilará pisos a los okupas que lleven años en viviendas públicas
El Ayuntamiento retoma la construcción de vivienda social tras el parón de Botella
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, volverá a construir vivienda protegida, anulando así la decisión tomada en 2012 por la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), que liquidó la promoción de pisos públicos porque “ya no eran necesarios”. Además, Carmena relajará los requisitos para acceder a la vivienda social y, para regularizar los pisos públicos que, tras años vacíos, han sido okupados, permitirá seguir en régimen de alquiler a quienes certifiquen que llevan allí al menos dos años. Se les exigirá, como al resto de madrileños, unos ingresos inferiores a 1.865 euros al mes (800 euros si son menores de 35 años).
La concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras, dejó claro que, a partir de ahora, no se volverá a reconocer ningún derecho sobre viviendas okupadas. Es decir, sólo podrán acceder a pisos públicos aquellos que puedan probar que llevan dos años okupándolos —y tengan una renta inferior a lo estipulado para todos los madrileños—, no quienes ahora los okupen y dentro de dos años intenten regularizar su situación.
El Ayuntamiento no ha calculado cuántas personas podrían beneficiarse de esta medida.
El objetivo del gobierno local es que “nadie se quede en la calle por no poder pagar una vivienda”. La primera medida para conseguirlo es construir más vivienda social. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) tiene previsto sacar antes de que acabe el año 612 viviendas en régimen de alquiler general y otras 194 para jóvenes, con una renta de 150 euros al mes. Con esta oferta agotará prácticamente las viviendas públicas disponibles, pero una vez que cambie sus estatutos la semana que viene, podrá volver a construir más pisos sociales. Su previsión es contar con otras 600 viviendas más a partir de 2016.
Víctimas de violencia machista, refugiados sirios y desahuciados
El Ayuntamiento de Madrid creará una vía prioritaria para acceder a una vivienda pública de la que se beneficiarán aquellos cuyos ingresos familiares sean inferiores a 400 euros al mes; los que hayan perdido su piso por sentencia judicial firme en un proceso de desahucio; las mujeres que hayan tenido que dejar su casa por violencia machista; y otras situaciones de vulnerabilidad “extraordinaria y excepcional”.
Dentro de esta política de asistencia a colectivos vulnerables, el Ayuntamiento ofertará una promoción en el distrito de Carabanchel con 40 viviendas para familias monoparentales; otras 40 para refugiados de la guerra de Siria; y 30 para víctimas de desahucios judiciales. Además, pondrá en marcha un proyecto de convivencia intergeneracional en el distrito de Puente de Vallecas con 165 viviendas para mayores y 160 para jóvenes que, en complejos anexos, comparten servicios comunes (gimnasio, biblioteca, ordenadores, etcétera).
Según anunció esta mañana la concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras, todas las viviendas que la EMVS tiene en venta (no ha facilitado el dato) pasarán a destinarse al alquiler social. Además, se cancelará la fórmula del alquiler con opción de compra (que se ofrecía al inquilino después de 10 o 15 años de arrendamiento), aunque sin efecto retroactivo: los contratos firmados que ya lo contemplan se respetarán.
Además, se variarán las condiciones de arrendamiento “para facilitar el acceso a la vivienda”. Los contratos, que ahora son por un año (prorrogable hasta cuatro), pasarán a ser por tres años (prorrogables de dos en dos de forma indefinida mientras se mantengan las condiciones socioeconómicas del beneficiario). El precio del alquiler se limitará a un máximo del 30% de los ingresos del inquilino.
El límite de renta familiar mensual para acceder a estas viviendas sociales se rebajará de 2.930 euros a 1.865 euros y, en el caso de los jóvenes, a 800 euros. Además, la edad máxima para seguir siendo “joven” pasará de 30 a 35 años. Para los que ya tengan un piso en alquiler, el tope de renta seguirá siendo de 2.930 euros.
El Ayuntamiento eliminará además dos requisitos “de gran impacto” para acceder a una vivienda pública: ya no se le negará a aquellos que la hubieran okupado, y tampoco a quienes dispongan de otro piso concedido pero no puedan hacer frente a su pago.
También podrán acceder a un piso los que tengan otro concedido pero, tras un divorcio, se haya quedado con su uso su expareja.
Una única bala de 30 millones contra el fondo Blackstone
En octubre de 2012, la entonces alcaldesa, Ana Botella (PP) aseguró: “No parecería propio que el Ayuntamiento se dedicara a construir viviendas cuando sabemos que no son necesarias”. Poco después, cambió los estatutos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) para impedirle la promoción de vivienda social.
Su tesis era que había una sobreoferta de vivienda fruto de la burbuja inmobiliaria, y que el precio de los pisos protegidos se había igualado con la vivienda libre, neutralizando así su valor social.
Sin embargo, según el Ministerio de Fomento en 2012 había menos de 42.000 viviendas sin vender en la Comunidad de Madrid.
Con el mercado inmobiliario ya reactivado, el precio de la vivienda nueva ha crecido un 8,9% entre septiembre de 2015 y el mismo mes del año pasado, según la consultora Aguirre Newman.
El precio de la vivienda libre en el segundo trimestre de 2015 en la región era 2.078 euros por metro cuadrado. El de la vivienda protegida, 1.329 euros por metro cuadrado, según Fomento.
En cualquier caso, el precio fijado por ley para la venta o alquiler de viviendas protegidas es un máximo, es decir, la Administración (el Gobierno regional o los ayuntamientos) pueden rebajarlo para favorecer su carácter social.
En el Registro de Solicitantes del Ayuntamiento había cerca de 13.000 personas cuando Botella decidió paralizar la construcción de vivienda pública. La EMVS tenía entonces 6.152 inmuebles de régimen de alquiler, según una auditoría interna de PricewaterhouseCoopers, de los que 1.392 estaban vacíos. Además, la empresa tenía 2.159 viviendas a la venta.
La empresa atravesaba una profunda crisis económica —debido a su alto endeudamiento durante los años de la burbuja inmobiliaria— que la puso al borde de la disolución. Fue entonces cuando Botella decidió vender 1.860 viviendas sociales de alquiler al fondo de inversión Blackstone.
Los pisos tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones, es decir, con un descuento del 20%.
Botella prometió que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, pero según explicó esta mañana la concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras, “a las personas a las que les está venciendo el contrato de alquiler se les está exigiendo una renta muy superior y se encuentran con la imposibilidad de pagarla”. El Ayuntamiento sigue buscando “un resquicio” para revertir la venta de viviendas a Blackstone, pero está afinando el tiro para no fallar porque una condena en costas en caso de no prosperar podría costar hasta 30 millones al erario público.
Seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fondos de inversión, según un informe del Ministerio de Hacienda. Entre febrero y junio, 65 de los 111 casos contabilizados correspondieron a esas viviendas. De ellas, 50 fueron en pisos de la EMVS vendidos a Blackstone.
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