Cifuentes reforzará los derechos del colectivo LGTBI

El Gobierno regional contempla, en un nuevo alejamiento de las tesis más conservadoras del Partido Popular, imponer sanciones administrativas de entre 3.000 y 45.000 euros inéditas en Madrid para combatir el ciberacoso, uso de expresiones vejatorias, incitación a la violencia y otros casos de discriminación sexual hacia el colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). Cristina Cifuentes también extendería los recursos asistenciales a las víctimas de violencia de género o de trata a las mujeres transexuales, “en igualdad de condiciones con el resto de mujeres”, en otro gesto hacia el colectivo.

La propuesta del Ejecutivo autonómico, contemplada en dos borradores de anteproyectos de ley de Protección contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género y de Identidad de Género, incluye otras medidas como la denegación de ayudas públicas de la Comunidad a los infractores, su inhabilitación temporal para ser titulares de centros públicos o la prohibición de contraten con la Administración, sus organismos autónomos o entes públicos por un periodo de hasta dos años. “No es tolerable que quienes pertenecen a estos colectivos puedan sufrir discriminación u odio por su orientación sexual. De esta manera, cubrimos un vacío legal importante que es indudable que existe”, señaló Cifuentes.

El perfil de la presidenta de la Comunidad contrasta con el de la presidenta del PP de Madrid y líder de la oposición en la capital, Esperanza Aguirre, más escorada a la derecha. Una de las primeras decisiones de la actual presidenta autonómica fue colocar, en un gesto sin precedentes y rompedor con los presidentes regionales antecesores —los tres últimos también del PP—, la bandera arcoíris, símbolo del orgullo gay, en la sede que el Gobierno de Madrid en la Puerta del Sol. Cifuentes se significó en su etapa como diputada regional a favor del matrimonio homosexual, pese a ir en contra del ideario oficial del PP.

El compromiso de Cifuentes con el colectivo LGTBI también quedó patente en cuatro de los 300 puntos de su programa electoral, dedicados a reforzar la seguridad física y jurídica de los ciudadanos con una orientación sexual diferente a la heterosexual. En concreto, la presidenta regional se comprometió a impulsar una ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTB; a promover un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid para la orientación jurídica en materia de LGTBfobia; a establecer medidas de protección y prevención en violencia LGTBfóbica y en parejas del mismo sexo, y a proponer una ley integral de transexualidad.

Precisamente, el PSOE defendió las dos últimas legislaturas en la Asamblea de Madrid la tramitación de leyes integrales de transexualidad. Se encontró siempre con la negativa del PP. Cifuentes, que la semana que viene cumplirá 100 días de gobierno, ha convertido el asunto en una de sus prioridades. “Sin duda es un salto importante respecto a las políticas tradicionales que el partido ha enarbolado”, destaca un miembro relevante del PP de Madrid, donde, al menos sobre el papel, Aguirre sigue manteniendo el control.

La legislación propuesta por Cifuentes se inspira en la de Andalucía (PSOE) y en la que Extremadura aprobó el pasado marzo, todavía con José Antonio Monago (PP) de presidente autonómico. “Tiene muchas similitudes con la ley extremeña”, asintió Cifuentes. Por ejemplo, las sanciones de hasta 45.000 euros para las infracciones más graves. La presidenta reconoció de forma implícita el retraso de Madrid respecto a otras regiones de España en este campo: “No nos vamos a situar a la cabeza, sino a la par de otras comunidades que han legislado de esta manera; la mayoría ya lo han hecho”. Cataluña, Galicia, País Vasco o Canarias también cuentan con normativas LGTBI.

El Gobierno regional se mostró “abierto” a las propuestas de la oposición y de los colectivos LGTBI, con los que Cifuentes tiene previsto reunirse hoy. PSOE, Podemos y Ciudadanos presentarán un borrador alternativo al del PP sobre la ley de transexualidad. La oposición acusó a la Comunidad de ningunear al colectivo. “Es una falta de respeto tremenda ningunear el trabajo de las asociaciones a las que se supone que va dirigida esta ley. Se les ha pasado un tractor por encima, no han contado con ellos para nada”, afirmó la diputada socialista Carla Antonelli, que citó a COGAM, Chrysallis, El Hombre Transexual, Fundación 26 de diciembre, Arcópoli y Transexualia. El presidente de COGAM, Jesús Grande, calificó de “sorprendente” la elaboración del borrador antes de conocer la postura de su asociación y de otras del colectivo.