La Generalitat filtró un concurso a empresas vinculadas a un alto cargo
Corporación Fisiogestión logró 160 millones y el 79% de los lotes en licitación El ‘número dos’ de la sanidad catalana era apoderado de seis adjudicatarias
El mayor concurso público convocado en la sanidad catalana desde 2010, cuando Artur Mas (CiU) llegó a la presidencia de la Generalitat, sufrió graves filtraciones que pusieron en manos de algunas empresas información clave meses antes de hacerse pública la convocatoria. La gran beneficiada fue Corporación Fisiogestión, que logró 160,2 millones de los 203,6 millones de euros adjudicados (el 78,6% del total), en solitario o a través de varias UTE. El número dosde la Consejería de Salud, Josep María Padrosa, era director de Corporación Fisiogestión hasta ser nombrado para el cargo y seguía como apoderado de seis filiales del grupo cuando fue adjudicado el concurso. Padrosa, al igual que el consejero de Salud, Boi Ruiz, era también hasta su llegada a la Generalitat un miembro destacado de la patronal Unió Catalana de Hospitals (UCH), que tuvo un papel clave en las filtraciones.
El concurso licitado para los servicios de rehabilitación y logopedia fue convocado en junio de 2012. Dotado con 229 millones de euros para 10 años, fue adjudicado por 203,6 millones. Este importe, sin embargo, puede verse incrementado si se cumplen varias condiciones en “hasta un 50%”, según una inusual cláusula de los pliegos. El concurso anterior, celebrado en 2006, no permitía esta posibilidad. Convocada en plenos recortes, la adjudicación de 2012 puede acabar teniendo un coste un 20% superior al de 2006.
Las fugas de información empezaron a producirse desde la misma gestación del concurso, en cuyo diseño participó la UCH y miembros de Corporación Fisiogestión. El Servicio Catalán de la Salut (CatSalut) —ente convocante y dirigido por Padrosa— celebró tres reuniones preparatorias con “expertos del sector”, según su subdirector, Francesc Brosa. “No era una reunión con empresas o patronales ni para preparar el concurso. Era una mesa técnica de expertos para mejorar el concurso de 2006”.
Incompatibilidades millonarias
La adjudicación de los servicios de rehabilitación y logopedia lleva camino de ser, además de la más importante, la más polémica en los últimos cuatro años de la sanidad pública catalana. Josep Maria Padrosa, número dos de la Consejería de Salud como director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), era apoderado de seis sociedades filiales de Corporación Fisiogestión cuando el concurso que él mismo dirigía adjudicó el 79% de los lotes a estas mismas empresas. En el anterior concurso, celebrado en 2006, esta cifra fue notablemente inferior: el 56%.
El caso, denunciado por la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS), fue investigado por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que consideró acreditado que Padrosa había vulnerado la ley de incompatibilidades, pero que archivó el caso al no apreciar indicios de delito.
Corporación Fisiogestión, por su parte, atribuyó el caso a un “error en la revocación de los poderes” de Padrosa, quien había sido el director del grupo empresarial hasta ser nombrado para el mismo cargo en el CatSalut.
El concurso de 2012 está siendo investigado también por la Sindicatura de Greuges —el Defensor del Pueblo catalán— después de que este diario publicara el pasado día 1 que algunos lotes no habían sido sacados a concurso para ser entregados por adjudicación directa a dos hospitales privados. Estos centros, integrados en la red pública, subcontrataron posteriormente parte de estos servicios a una empresa, Codebi BCN, que fue excluida del concurso por sus bajas puntuaciones y “no cumplir los requisitos técnicos”. Codebi BCN delegó posteriormente la asistencia a prestar a los pacientes de la sanidad pública en trabajadores autónomos. Codebi BCN está vinculada al presidente de la Fundación de la Enfermería Catalana (Fudinca), Luís Cabado.
Las actas de las tres reuniones —celebradas entre noviembre de 2011 y febrero de 2012 y a las que ha tenido acceso EL PAÍS— revelan sin embargo que lo que allí se preparó fue el pliego de prescripciones técnicas del nuevo concurso, que introducía importantes novedades. De un sistema de sesiones y pago fijos según la dolencia a tratar iba a pasarse a otro basado en una evaluación inicial y final del paciente. Las empresas adjudicatarias iban a cobrar más o menos según la mejora de los enfermos. “Era una revolución que iba a obligar a las empresas a un importante esfuerzo si querían ganar alguno de los 28 lotes”, explica una persona que intervino en el concurso. En las actas puede leerse cómo son fijadas cuestiones clave como “los niveles de complejidad” y las “escalas de valoración” de pacientes y tratamientos, entre otros asuntos luego recogidos en los pliegos.
La lista de los asistentes de las actas revela la presencia en las reuniones de miembros de Corporación Fisiogestión. Uno de ellos, Jordi Salas, asiste como representante de la patronal UCH, aunque es a la vez apoderado de siete filiales de la empresa. Otro es Conxita Closa, que figura como representante de un programa médico —el Plan Director de Enfermedad Vascular Cerebral—, pero que también era directora asistencial de Corporación Fisiogestión. A las reuniones acuden otras entidades sanitarias y científicas, aunque solo está presente una parte del tejido empresarial del sector.
Los resultados de las reuniones fueron resumidos en varios documentos que el CatSalut envió a los asistentes y que circularon en varios correos electrónicos con constantes referencias a la “preparación del concurso de rehabilitación”. Estos textos tienen títulos como Adaptación a la nueva clasificación de complejidades y Propuesta para incluir en el concurso de rehabilitación: baja complejidad educacional.
En dos correos intercambiados entre el CatSalut, la UCH y los asistentes se inquiere a los interesados a remitir sus “consideraciones y enmiendas” justo antes de que se terminaran de concretar los pliegos técnicos del concurso. Este último mail está fechado el 28 de marzo de 2012. Las empresas excluidas de las reuniones tuvieron que esperar tres meses más, hasta que se publicaron las bases del concurso en junio, para acceder a información importante para las adjudicaciones.
Un portavoz de la UCH niega que esto “favoreciera a unas empresas respecto a otras”. “Las reuniones eran de expertos y la Unió acudió a ellas por su amplia experiencia en el sector”, apostilló.
Investigacion@elpais.es
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