Duran avisa a Rajoy de que su “miopía” con Cataluña tendrá coste económico

Josep Antoni Duran, líder de Unió Democràtica, está intentando desde hace días impulsar un movimiento llamado “de centro” que lo alejará aún más de Convergència, su socio desde hace décadas. Pese a haber dado un paso atrás en la dirección de la federación nacionalista, el dirigente democristiano arremetió ayer con fiereza contra el presidente del Gobierno por no buscar una salida al conflicto soberanista. A través de cuatro mensajes consecutivos en las redes sociales, Duran deploró que Mariano Rajoy alardeara en Galicia de un tímido crecimiento económico, ignorando el contencioso con Cataluña. “La falta de solución acabará afectando a la economía española y a su prima de riesgo. Costará muchos millones. La inestabilidad política despertará a partir de septiembre desconfianza en la economía. No saldrá gratis. Recordad”, afirmó en tono amenazante, “la miopía política comportará costes”.

Con sus mensajes, Duran apremia a Rajoy para que busque una salida política al conflicto soberanista. Alberga la certeza de que este no se disolverá, por mucho que el proceso haya sufrido el impacto del colosal fraude fiscal de Jordi Pujol y su familia. El democristiano clama en el desierto desde hace casi un año en favor de una tercera vía, que se sustente en un pacto de Estado que reconozca, entre otras cosas, los derechos históricos de Cataluña, el blindaje de la inmersión lingüística y de la cultura y el pacto fiscal. La cúpula de Unió sostiene que toda esa propuesta se podría canalizar agregando a la Constitución una disposición adicional que no precisaría una reforma de la Ley Fundamental.

Duran es partidario de la consulta del 9 de noviembre, pero aceptaría que a las dos preguntas previstas —¿Es usted partidario de que Cataluña se convierta en Estado? En ese caso ¿Independiente o no?— se le añadiera una tercera que pudiera recoger el eventual acuerdo con el Estado. Su idea, muy parecida a la que promueven los empresarios, ha caído hasta ahora en saco roto, porque la tercera vía depende básicamente de lo que quiera ofrecer el Estado. La Moncloa no se ha salido de su guion: avisa de que no negociará un referéndum que tacha de ilegal porque los depositarios de la soberanía son todos los ciudadanos españoles. Su única oferta es que sigue abierta al diálogo. Y, en el otro lado, Artur Mas insiste en que no tiene planes alternativos al de convocar a los catalanes a votar el 9-N. El presidente catalán fue el miércoles tajante cuando insistió en que no ha alterado ni un ápice su hoja de ruta, por más que Joana Ortega, la vicepresidenta de su Gobierno, se mostrara abierta a aplazar la consulta si el Tribunal Constitucional la impugna. Resuelto el encontronazo, el calendario sigue inamovible: por tercer año consecutivo, los ciudadanos catalanes serán llamados a movilizarse masivamente el 11 de septiembre. La semana siguiente será clave: entre el día 16 y el 18 se celebrará el tradicional debate de política general, que coincidirá —no de forma gratuita— con el referéndum en Escocia. El plan es que el Parlament apruebe entonces la ley de consultas, de la que pendería jurídicamente el referéndum. Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta antes del 24 de septiembre, día de la patrona de Barcelona.

El Gobierno catalán trabaja con ese calendario, fuertemente discutido por el Partit dels Socialistes. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, insistió ayer en que esa hoja de ruta no servirá de gran cosa, porque en cuanto Mas firme el decreto, el Gobierno lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. “No hará falta llegar hasta el 9-N. Antes de octubre, ya estará impugnado”, afirmó en una entrevista en la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El líder socialista instó a Mas a no infringir las reglas del Estado de derecho y le ofreció su mano para reivindicar conjuntamente ante el Gobierno central una consulta legal y acordada. De alguna forma, Iceta invitó a Mas a romper con Esquerra Republicana y a tomar una nueva pareja de baile. Y avisó de algo que, hasta ahora, solo había deslizado el PP: que votar sin el aval del Constitucional puede poner en riesgo “el autogobierno de los catalanes”.

El PSC apuesta por la reforma federal. Su decisión de retomar la exigencia de una consulta legal y acordada fue censurada ayer por Ciutadans. El diputado Matias Alonso acusó a Iceta de mantener a los socialistas catalanes en la órbita del “separatismo” y de seguir ofreciendo argumentos al desafío soberanista.

Ciutadans propuso a Mas que salga del laberinto convocando elecciones anticipadas. El partido de Albert Rivera reclama esos comicios desde que las encuestas indican que puede ser la tercera fuerza política de Cataluña.

Pero la alternativa de unas elecciones es denostada tanto por la CUP como por Iniciativa per Catalunya, dos de las fuerzas que sellaron el pacto del 9-N. La coordinadora ecosocialista, Dolors Camats, afirmó que la consulta no se puede sustituir por nada: “Si todo este viaje es para continuar teniendo un consejero como Boi Ruiz, que desmantela la salud pública y la vende a trocitos para hacer negocio, a mí unas elecciones anticipadas no me resuelven nada”, afirmó.