La fiscalía presiona a Alaya para que envíe ya el ‘caso ERE’ al Supremo

La Fiscalía Anticorrupción ha urgido de nuevo a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, a que envíe al Tribunal Supremo la parte del sumario que afecta a los siete cargos aforados, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y cinco exconsejeros. Es la segunda petición que Anticorrupción presenta sobre el caso en menos de 15 días, motivada porque el próximo martes la juez tiene previsto tomar declaración a dos empresarios de la Sierra Norte sevillana cuyas ayudas la investigación vincula al diputado socialista a Cortes José Antonio Viera. Y los fiscales piden su suspensión y alertan de que antes la instructora debe responder a su petición para remitir la causa al alto tribunal.

“Esta fiscalía entendía y entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero”, resalta Anticorrupción. Los fiscales piden a Alaya que “a la mayor brevedad” se desprenda de esta investigación, ya que no es competente. Además, la toma de declaraciones de los empresarios y exconcejales socialistas vinculados por indicios penales a Viera “causa un efecto dilatorio” negativo para la instrucción. Es decir, los empresarios y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuya declaración está prevista el martes, podrían tener que comparecer de nuevo ante el Supremo, lo cual retrasaría la instrucción de manera innecesaria.

Los fiscales recuerdan a Alaya dos escritos suyos anteriores (del 28 de marzo y 4 de abril) y le piden que en caso de ignorar su petición de elevar el caso al Supremo, al menos suspenda las declaraciones previstas la semana que viene porque han recurrido ante la Audiencia y las comparecencias podrían entrar en colisión con la decisión de los jueces si enviara el caso al Supremo.

El enfrentamiento entre la fiscalía y Alaya viene de lejos, pero se ha recrudecido en los últimos meses, especialmente desde que el pasado octubre la juez insistió en retener la causa después de que la Audiencia dictaminara que había alcanzado “el límite máximo” en su instrucción. La magistrada ignoró esta petición de sus superiores al alegar que la mayor parte del caso era “inescindible”. Y poco después confirmó la preimputación de los siete aforados tras los reparos de la Audiencia.

El último ejemplo sobre indicios de aforados provino hace tres semanas desde la Guardia Civil, que señaló a tres históricos diputados del PSOE andaluz en su atestado sobre la Sierra Norte sevillana: Viera (consejero de Empleo entre 2000 y 2004) y los diputados autonómicos José Caballos y Francisco Vallejo, cuya hipotética imputación debería ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En su último atestado, los investigadores resaltaban que Viera concedió ayudas públicas por 32 millones al grupo Matadero Sierra Morena para el que trabajó su hija Sonia Viera. En su informe, los agentes acusaban al diputado socialista de tener “relaciones e intereses, de ámbito personal quizás también por afinidades políticas” para concentrar el 61% de las subvenciones directas a empresas para toda Andalucía en la Sierra Norte de Sevilla, una pequeña comarca de 30.000 habitantes.

La petición de la fiscalía llega en unos días clave, cuando la Audiencia delibera sobre el recurso interpuesto por la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez, pero especialmente sobre si existen razones de peso para que Alaya mantenga la competencia del caso en la rama político-financiera que afecta a la anterior cúpula del Gobierno andaluz y sus cargos aforados.

En su recurso ante la Audiencia, la fiscalía estimaba idónea la división de la causa en más de 200 piezas separadas y tres bloques, uno para los ERE, otro para las sobrecomisiones y un tercero para analizar el procedimiento utilizado en el fondo de los ERE. A este recurso se ha unido hace 10 días la defensa de los exdirectores de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, que censura con dureza la decisión de Alaya. El abogado de los ex altos cargos, José María Mohedano, incide en que la juez ha incurrido en “incongruencia omisiva” al no haber contestado la petición del fiscal para remitir esa parte del sumario al Supremo en el auto correspondiente. “Lo que en los diplomáticos es signo de perspicacia (eludir respuestas incómodas) en el caso de los órganos judiciales es un vicio procesal”, ilustra el recurso. El letrado incide en que al evitar responder a la fiscalía, Alaya “frustra el derecho de la parte, integrado en la tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión planteada”.

Mientras, la decisión está en manos de los tres jueces de la Audiencia que decidirán en breve al respecto.