González afirma que eliminará las ayudas para cursos hasta aclarar el ‘caso Aneri’

En medio del escándalo por la presunta estafa en los cursos de formación —que afecta a la Comunidad de Madrid y al Estado— el presidente regional decidió ayer romper la baraja. No habrá subvenciones para las asociaciones salpicadas por el escándalo ni tampoco para aquellas que hayan ejecutado los cursos legalmente.

Ignacio González anunció que su Ejecutivo no dará dinero a las asociaciones empresariales y sindicales para formación continua hasta que se aclare el fraude que se ha destapado en el seno de su Consejería de Empleo y en el Estado. “En tanto en cuanto esta investigación no concluya y se clarifiquen todos estos datos no vamos a seguir dando dinero de formación a través de estas entidades y a estos fines”, dijo el presidente.

El origen de su reacción está en el caso Aneri, una trama de cursos falsos que afecta a una treintena de asociaciones empresariales en Madrid. El empresario cordobés José Luis Aneri es el principal sospechoso del desvío de, al menos, 15 millones de euros en fondos públicos. En el caso de la Comunidad, el pufo asciende a 4,4 millones. Mientras el Estado remitió a la Policía Nacional uno de los expedientes sospechosos (en su caso, la suma defraudada supera los 11 millones), la Comunidad no ha denunciado la estafa ni ante la fiscalía ni ante la policía. La Consejería de Empleo, que dirige Ana Isabel Mariño, destituyó al cargo que entregó documentación y declaró ante la policía.

Casi tres meses después de que salieran a la luz las primeras informaciones sobre el caso, el presidente González anuncia la retirada de ayudas a la formación. La cuestión es si puede hacerlo y cuándo podría ponerlo en marcha. Un portavoz de la Consejería de Empleo aclara que la retirada de ayudas no afectaría a las subvenciones ya comprometidas. A principios de este año, la consejería y representantes de las asociaciones firmaron los contratos para recibir las ayudas. Empleo no aclaró ayer cuánto dinero está previsto repartir en 2014 ni cuántas asociaciones son beneficiarias.

Ese dinero ya está comprometido para este año y no se puede retirar. Los cursos de este año, en principio, se tienen que ejecutar por lo que el anuncio de González no tendrá efecto, al menos, hasta la convocatoria de 2014, ejecutable en 2015.

Segunda cuestión. ¿Puede retirar esas ayudas? La formación es un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Los fondos proceden de la cuota que empresas y trabajadores destinan de su salario para la formación. Ese dinero se reparte anualmente en una conferencia sectorial, en la que participan las comunidades autónomas y el Estado. En 2013 se repartieron 951 millones de los que 114 le correspondieron a Madrid. El Plan Anual de Política de Empleo que regula esas ayudas prevé sanciones para las regiones que no ejecuten esos fondos. Deben devolver todo el dinero y se enfrentan, además, a perder hasta el 40% de la subvención del año siguiente.

Mientras la oposición en bloque ha exigido a Ignacio González que abra una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar las ramificaciones del caso Aneri en la región, el presidente regional reiteró ayer al Ministerio de Empleo que “abra una investigación para saber qué estructuras son estas, qué hay detrás y exigirles que devuelvan ese dinero”.

Un portavoz del ministerio aclara que no han previsto abrir una investigación específica en Madrid y recuerda que, en el caso de los fondos estatales, se envió el expediente de una de las asociaciones afectadas (Ucotrans) a la policía porque “se trata de un posible fraude, un delito que se está investigando en colaboración con la justicia”. Añade que “están dispuestos a hablar con todas las comunidades y reforzar los controles si es necesario”.

En cuanto a los controles, lo cierto es que los que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid son escasos. La consejería solo se percató del posible fraude cuando el empresario José Luis Aneri había dejado de justificar las ayudas recibidas. El 12 de febrero de 2014, el director general de Estrategia y Fomento de Empleo, Valentín Bote, compareció en la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid a petición del Partido Socialista de Madrid (PSM) para informar de las irregularidades producidas por Sinergia, la empresa principal de la trama de Aneri. Bote ofreció en el Parlamento regional una relación de los expedientes revocados —14 de los 28 abiertos mientras otros 11 siguen tramitándose, indicó— y agradeció el trabajo “cuasipolicial” de los técnicos de la consejería. Bote indicó en esa comparecencia que se ha hecho un control de cerca del 80% de los cursos de teleformación y que el “compromiso” era llegar al 100%.

En realidad, según fuentes de la consejería, existe muy poco control. No se investiga si las organizaciones que piden subvenciones inflan nóminas o facturas asignadas a gastos didácticos. Tampoco ha habido más directrices para controlar los cursos de Aneri y otros programados por otras organizaciones sobre las que existen sospechas de que los alumnos no los han hecho. Y tampoco ha habido cambios en las inspecciones a los cursos presenciales. Los inspectores suelen acudir a principios, a mediados y a finales de los mismos. Quienes los imparten saben en todo momento cuándo van a ser vigilados.