Mas busca dinero bajo las piedras

“Venta de inmuebles en Barcelona”. El anuncio podría estar colgado en la web de cualquier entidad financiera pillada por el ladrillo o en el de una inmobiliaria, pero en este caso se trata de la página del Departamento de Economía de la Generalitat de Catalunya. A un solo clic de distancia se enumeran 22 edificios, con sus principales características y una foto. En algunos casos, incluso se especifica el precio. Y en otros, los más positivos para una Administración ahogada por la deuda y el déficit, destacan unas letras rojas sobre la imagen: “Venut, vendido, sold”.

La venta de su patrimonio inmobiliario, incluso de sedes que están ocupadas por funcionarios, es una de las vías que puso en marcha el Gobierno de Artur Mas para captar nuevos recursos en su intento de contener los recortes, alimentando la recaudación con ingresos extraordinarios. En sus primeros intentos fracasó porque pedía más de lo que estaban dispuestos a pagar los inversores. Pero poco a poco, con descuentos incluidos, ha ido ejecutando ventas. Hasta junio acumulaba 144 millones de euros de los 550 que tiene previstos ingresar todo el año.

Patrimonio en venta

Edificio Burés. La Generalitat ha logrado la autorización para que este edificio modernista pueda convertirse en un hotel. Con esa transformación la Generalitat prevé poder venderlo por 20,8 millones.

Antigua sede del Memorial Democràtic. Inmueble en desuso después de que el primer Gobierno de Mas decidiera recortar el organismo dedicado a la recuperación de la memoria histórica. La Generalitat prevé ingresar cerca de doce millones de euros.

Sede de la Consejería de Economía. Es otro de los edificios que la Generalitat baraja vender. Grupos hoteleros han mostrado interés en convertir este inmueble de 8.080 metros cuadrados, para el que también se prevé un uso residencial. El precio se estipulará en septiembre.

Es una demostración más de los esfuerzos que está realizando el Gobierno de Mas para obtener recursos de debajo de las piedras, una lucha que previsiblemente se intensificará en 2014. Al menos si el presidente de la Generalitat quiere cumplir su compromiso de no efectuar más recortes, pese a que pasar del techo de déficit fijado para 2012 —del 1,58% si cumple lo estipulado por Hacienda— al 1% de 2013 supone un recorte adicional de algo más de 1.000 millones.

Y en esa batalla gana peso la original fórmula conocida esta semana de nuevos ingresos: la creación por parte de la Generalitat de un sorteo de lotería a imagen y semejanza del Gordo de Navidad que organiza Loterías y Apuestas del Estado (LAE). La Grossa —como se llamará la versión catalana— repartirá el mismo premio pero en este caso se vestirá con la senyera, acorde a la actual situación política catalana, y se promocionará aprovechando otro factor candente en un marco de crisis, paro y pobreza: las necesidades sociales. La recaudación, una vez pagados los premios (el 70% de las ventas) y los impuestos, irá destinada a programas de atención a la infancia. El efecto arrastre de la Grossa está por ver.

El sorteo, que se estrenará el próximo 31 de de diciembre, prevé vender boletos por un valor conjunto de quince millones de euros. Y si la aventura es un éxito en una primera tentativa, se podría repetir en otras tres fechas señaladas en el calendario autonómico: Sant Jordi (23 de abril), Sant Joan (23 de junio) y la Diada (11 de septiembre). Es un campo en el que, al menos, el recorrido es amplio. Los juegos y apuestas creados desde la Generalitat no solo no han hecho nunca mucho daño a las ventas de LAE en Cataluña, sino que sus ingresos se han hundido un 38% desde 2007, hasta los 39,9 millones de euros del pasado año. Un dato más: por cada euro que se gasta un catalán en los juegos propios de Cataluña se gasta 33,6 euros en los organizados por el Estado, de los que una décima parte van a parar al Gordo (17,7 euros por persona). En el Gobierno catalán creen que ese ratio puede cambiar y ayudar en la medida de lo posible a las agotadas arcas autonómicas.

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, no quiere descartar las pequeñas aportaciones que puedan surgir de cualquier parte, conocedora de que las grandes operaciones privatizadoras que acometió en 2012, y con las que sacó más de 1.400 millones de euros son limitadas. No hay muchas empresas públicas para concesionar del tamaño de Aguas Ter-Llobregat (1.000 millones de ingresos apuntados en 2012, aunque el proceso está en los tribunales) o de Tabasa y Cadí, dos túneles de peaje que también se han concesionado.

Sí que se han realizado informes internos para sacar a concurso, por paquetes, todas las depuradoras existentes en Cataluña. Incluso fuentes del Gobierno reconocen que todavía “hay margen [para privatizar] pero requiere el acuerdo de los Ayuntamientos” para realizar operaciones de ese tipo.

En ese contexto, la Generalitat confía en la mejora de ingresos que salga de las subidas de impuestos que se han aprobado ya y en el paquete de nueve tributos que se crearán de nuevo o sufrirán alza, fruto del pacto de investidura que ERC arrancó de CiU para que Artur Mas pudiera repetir como presidente de la Generalitat. ERC confía en que ese paquete, que comprende desde subir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a gravar las bebidas refrescantes edulcoradas o los aterrizajes y despegues de avión, permita incrementar en unos 500 millones la recaudación.

Pero pese a ello, Mas y Mas-Colell han empezado la elaboración de los Presupuestos de 2014 con una premisa: el ajuste lo tiene que sostener el Gobierno de Mariano Rajoy pagando la deuda acumulada con Cataluña y dando más recursos a través de la modificación del sistema de financiación autonómico. De Madrid, ERC solo espera una cosa. Que se apreste a pagar los 750 millones de euros que adeuda a Cataluña en virtud de la disposición adicional tercera del Estatuto (inversiones en infraestructuras) de 2011, una cuantía ya firmada en torno a la comisión bilateral Estado-Generalitat.