La Generalitat deja sin residencia a los nuevos dependientes

La delicada situación de las arcas públicas catalanas ha provocado que la Generalitat vuelva a recortar en los servicios que fija la Ley de Dependencia. Y, sea o no por casualidad, los recortes vuelven a llegar en plenas vacaciones de verano. El Departamento de Bienestar Social y Familia suspenderá durante los próximos dos meses las prestaciones para pagar residencias y los ingresos asociados a estas ayudas. El Gobierno culpa directamente a “los incumplimientos del Estado con la financiación de la Ley de Dependencia”.

El anuncio de la Generalitat es inconcreto. El departamento lo hizo mediante un escueto comunicado de siete líneas colgado en su web el pasado viernes. No fue hasta ayer por la tarde que, a preguntas de los periodistas, y a falta de dos días para que entre en vigor,la Generalitat ofreció alguna información complementaria.

El recorte afectará a los ancianos dependientes que tengan concendidos los PIA (Programas Individuales de Atención) de ayudas económicas para pagar su ingreso en geriátricos concertados o privados cuando no hay sitio en los públicos. Estos usuarios no recibirán ninguna prestación para sufragar el coste de sus plazas.

El Ejecutivo de Artur Mas ha asegurado que la medida no afectará a las ayudas residenciales que ya se están pagando ni a las que se firmen hasta hoy.

La Generalitat achaca el nuevo tijeretazo a la “deficiente financiación por parte de la Administración del Estado”, ya que, actualmente, se hace cargo del 80% del coste de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, frente al 20% que aporta la Administración central, a pesar de que por ley deberían dividir la financiación a partes iguales. Aunque la medida está pensada, según el Gobierno catalán, para “permitir la sostenibilidad del sistema”, el Departamento de Bienestar, a cuyo frente figura la consejera Neus Munté, no ha sabido cuantificar el ahorro que supone el recorte que se implantará a partir de mañana.

El Ministerio de Sanidad negó la versión del Ejecutivo catalán y aseguró que ha satisfecho el pago para financiar la Ley de Dependiencia y que ascendió, el primer semestre del año, a 121,5 millones para Cataluña.

Los centros de atención dicen que la medida ahorrará muy poco dinero

La Generalitat insistió en que el recorte es “una medida transitoria”, que se prolongará solo durante agosto y septiembre. Sin embargo, Eva Granados, del PSC, denunció ayer que la nota interna que hizo llegar el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales a los trabajadores sociales especificaba que “no se puede garantizar que esta medida no se prolongue en el tiempo”. Granados declaró que la decisión creará “una barrera económica” entre los dependientes: “Llevará a que el que pueda pagárselo se vaya a una residencia privada y el que no, pues simplemente se quede en casa”. Recordó también que el recorte de la Renta Mínima y los impagos a las entidades sociales ya se hicieron en plenas vacaciones de verano los dos últimos años.

Bienestar Social asegura que la decisión ya ha sido comunicada a las entidades y patronales del sector. “Con esta medida ahorrarán un dinerillo, pero poco, muy poco. Durante estos dos meses, ni sustituyen a los dependientes que hayan fallecido en las residencias, ni permiten la entrada de nadie más”, lamenta Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD).