Una universidad en cada pueblo

Entre las universidades de Zaragoza, Salamanca y Valladolid sumaron 30 estudiantes nuevos en la carrera de Estadística el curso pasado. En más de 290 titulaciones de otras tantas facultades publicas entraron menos de 20 alumnos nuevos el año pasado. En un centenar de esos casos se matricularon menos de 10. Teniendo en cuenta que en España hay 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas con 48 campus, pueden hacer ustedes mismos la prueba de dividir todo eso entre las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas. El resultado que puede dar a primera vista es que hay demasiadas facultades, y por eso, en un contexto de descenso demográfico, algunas se quedan, casi literalmente, sin alumnos.

Cataluña y País Vasco agruparán o quitarán las carreras con pocos alumnos

Concentrar la oferta de algunos títulos requiere reforzar las becas de movilidad

Sin embargo, en España hay 1,7 universidades por cada millón de habitantes, tasa parecida a la que hay, por ejemplo, en Inglaterra, por lo que para muchos expertos no es que haya demasiadas, es que son demasiado iguales y todas ofrecen todas las titulaciones (hasta más de 3.000 veces se llegaron a repetir las 140 carreras que existían en España en 2007). Así que la lectura se complica y más aún si se introduce la siguiente idea del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez: "La cuestión no es si hay muchas o no, sino si son buenas o no".

En cualquier caso, con todos estos elementos, lo que parece claro entre los responsables universitarios es que en el camino para modernizar los campus españoles se hace necesario reordenar esa oferta dispersa y, por tanto, ineficiente, con recursos (profesores) también mal repartidos. Un contexto complicado, con un modelo de "proximidad", como dijo en un informe de 2007 el Consejo de Coordinación Universitaria -esto es, que todo el que quiera pueda estudiar lo que quiera lo más cerca posible de su casa-, que si bien presenta ahora problemas, también ha tenido efectos muy positivos.

En los últimos 30 años, el acceso a la Universidad ha dejado de ser elitista. España amplió el sistema en los ochenta y noventa del siglo pasado de tal manera que el porcentaje de jóvenes, de todas las clases sociales, que estudian hoy en los campus está al nivel o por encima de la mayoría de los países desarrollados (el 26% de españoles de 25 a 34 años tiene carrera, la media de la OCDE es del 25%).

En ese tiempo, el sistema creció y creció, al abrigo de una demanda imparable y de la transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas; las universidades fueron aumentando, las públicas hasta mediados de los noventa, y las privadas, después. "Al final del proceso, la defensa de la racionalidad fue un total fracaso; los argumentos del café para todos y del agravio comparativo se fueron imponiendo. No había consejero de educación que no lograra en cada mandato el proyecto de una, dos e incluso tres universidades nuevas para su comunidad. Y, por supuesto, nada de planificación. Todo el mundo miraba su propia realidad coyuntural e inmediata y nadie asumía la responsabilidad de reflexionar sobre las consecuencias a medio y largo plazo", dice un ex alto cargo del Ministerio de Educación en los años ochenta.

Pero el medio plazo llegó, con un descenso de la natalidad que mermó la entrada de alumnos a los campus con el nuevo milenio -el número de estudiantes cayó casi un 12% entre 1998 y 2008-, y algunas carreras de algunas facultades empezaron a vaciarse: algunas filologías, Humanidades, Estadística, Matemáticas, distintas especialidades de ingeniería... Además, el proceso de apertura de la Universidad se hizo a costa, a veces, de una masificación que tuvo costes en la calidad, según aseguraba un informe económico sobre España de la OCDE de 2007.

Y en medio de todo eso, llegó también la reforma de las universidades para adaptarse a un esquema común en toda Europa: el proceso de Bolonia. Aprovechando que el cambio obligaba a adaptar las titulaciones, en los últimos años se ha hablado mucho de esa reordenación de la oferta. En 2005, una propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria (integrado por el Gobierno y los rectores) pedía reducir el número de carreras, por ejemplo, dejando las 14 filologías existentes en cuatro, o eliminando directamente Historia del Arte o Humanidades.

Las protestas de decanos y estudiantes acabaron con esa idea y, finalmente, el Gobierno optó por cambiar el modelo: en lugar de hacer un catálogo de títulos centralizado, cada universidad diseñará sus propias titulaciones siguiendo unas reglas generales. En cualquier caso, aún no se solucionaba el problema de la oferta repetida, que puede seguir existiendo perfectamente si todas siguen ofreciendo casi todo.

"La reorganización de la oferta depende de cada universidad", dice la secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria, Carmen Fenoll, que no cree que haya muchas universidades, pero sí que una titulación con 10 alumnos nuevos cada año probablemente no es viable, no por ineficiencia económica, insiste, sino porque no es una cifra suficiente como para "crear una masa crítica" necesaria. Fenoll admite que uno de los principales instrumentos del Gobierno para incentivar la reordenación es a través de la financiación, pero eso "está ahora en fase de debate", dice.

De hecho, la necesidad de que las universidades se especialicen, al menos algunas, en lugar de ser la mayoría generalistas, algo que debería mejorar la calidad, se ha repetido en los últimos años como un mantra, muy unido al de la revisión de la financiación universitaria. Un extenso informe redactado en 2007 por el Consejo de Coordinación Universitaria proponía vincular parte de la financiación de los campus públicos a criterios de eficiencia y calidad. Por ejemplo, restarle financiación a las carreras con muy pocos alumnos, a no ser que se justifique un interés estratégico de dicha titulación. Este texto hacía la siguiente lectura de la situación: "La apuesta que se ha realizado por un modelo de proximidad se ha mostrado exitosa para la extensión y democratización de nuestro sistema Sin embargo, la clonación con la que se ha producido el desarrollo institucional hace que en la actualidad ofrezcan una reducida especialización académica".

Casi nadie duda de que las universidades españolas hoy son mucho mejores que en los años setenta, que la producción científica ha aumentado considerablemente, también en ciencias sociales o humanidades. Pero con el nivel de desarrollo económico, las metas se vuelven más ambiciosas, por lo que el hecho de que ningún campus español esté entre los 100 mejores del mundo y sólo uno, la Universidad de Barcelona, esté entre los 100 primeros de Europa en los ranking internacionales escuece, y no poco. Las explicaciones que dicen que estas listas son engañosas, porque miden cosas muy generales, aunque ciertas, no suelen consolar. Así, el equipo de Universidades (el todavía dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora acaba de regresar a Educación) lanzó el proyecto de campus de excelencia, formados por una o varias universidades, institutos de investigación, centros tecnológicos y otros organismos públicos.

Un proyecto muy relacionado con la idea de la especialización, pero también con la cooperación entre instituciones universitarias. Y, a su vez, con ese nuevo modelo de financiación que vincula, al menos parte del dinero, a criterios de calidad (que no tienen por qué ser sólo de eficiencia económica, como temen hoy algunos estudiantes y profesores). Pero aquel informe de 2007 para una nueva financiación del Consejo de Coordinación Universitaria cayó en el olvido durante meses y ahora había sido rescatado como "punto de partida" del debate del que hablaba Fenoll. Con el regreso de las Universidades al Ministerio de Educación, con Ángel Gabilondo a la cabeza -un hombre que como presidente de los rectores había reclamado retomar esa discusión a primeros de 2008-, todo está por ver.

En cualquier caso, la reordenación se torna complicada por varias razones. "Visto a la luz de la actual crisis no es extraño que se empiecen a formular preguntas sobre la sostenibilidad de algunas carreras e incluso de algunas universidades", dice el analista educativo de la OCDE Francesc Pedró. "Económicamente, es preferible una consolidación de las carreras con poca demanda, es decir, que se concentren en unos pocos lugares a los que los estudiantes deberían poder acceder gracias a becas apropiadas. Esta consolidación repercutiría en una mayor calidad de la investigación y probablemente también de la docencia. Políticamente, esto significa enfrentarse a una serie de intereses creados, empezando por la comunidad docente afectada por un eventual cierre o transferencia", añade.

La supresión de alguna universidad o de alguna facultad no parece ser una posibilidad para nadie, ya que, como recuerda Fenoll, una universidad supone un gran beneficio social y económico para la región donde se ubica, sin contar con los puestos de trabajo, docentes y no docentes, que supone. Tampoco parece una posibilidad la desaparición de carreras con baja demanda, como se vio cuando se propuso la eliminación de Historia del Arte o Humanidades. Así que una de las soluciones que se barajan es la reagrupación. Por ejemplo, en lugar de ofrecer Filología Románica en cinco facultades, donde se matricularon el año pasado 21 alumnos nuevos, ofrecerla en una o dos; o Estadística, a la que accedieron 203 alumnos nuevos en toda España, en lugar de impartirse en 13 facultades, que se ofrezca en menos. Otra posibilidad es la de unir varias carreras en los primeros cursos, para separarse después.

Ambas las llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para las titulaciones con menos de 30 alumnos nuevos al año. Por ejemplo, las filologías con menos demanda, explica un portavoz de la Generalitat, como Románica, Clásica o Eslava, se concentrarán en las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona. La medida de eliminar títulos con menos de 30 alumnos nuevos al año también se acaba de aprobar en el País Vasco, con las consiguientes protestas de los afectados.

Sin embargo, en las comunidades con una única universidad, no tanto las grandes con varios campus repartidos -como Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura-, sino otras más pequeñas, como las de La Rioja, Oviedo o Cantabria, esta reorganización territorial se torna más compleja. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez, es el actual responsable del Grupo G-9, que representa a todas esas instituciones superiores públicas únicas en su comunidad. Martínez dice que el tema se ha debatido en el G-9, y habla de acuerdos como el de las universidades de Oviedo, País Vasco y Zaragoza para que los posgrados de Matemáticas de todas sus facultades sean complementarios y no se pisen. Precisamente, Francesc Pedró se decanta por "un modelo en el que los grados universitarios básicos (no todos, sólo los genéricos como en derecho, economía, ciencias, etcétera) se pudieran cursar en cualquier lugar, pero que con los másteres se creara un mapa de titulaciones que repartiera juego en el territorio".

Pero el rector Ernesto Martínez también insiste en que no está nada claro cuál es el número mínimo de alumnos adecuado para una titulación y que, en cualquier caso, habría grandes dificultades para desplazar a profesores funcionarios. En este punto, Pedró se pregunta: "¿Qué incentivos se pueden ofrecer a los docentes e investigadores para que se desplacen a otro lugar o encuentren trabajo fuera de la Universidad?" Una pregunta complicada en un momento de crisis económica, en el que se está discutiendo el estatuto del profesorado universitario y en el que está por ver cómo se desarrollan lo cambios legales que permiten flexibilizar las funciones docentes, hoy muy circunscritas a su especialidad.

Pero aunque se resolvieran todas las dificultades anteriores aún quedaría otra más, y no pequeña. Si por fin se especializan las universidades, si se reordena la oferta y se reagrupan las carreras con menos demanda en algunos campus, habrá que conseguir desplazar a los alumnos hasta el centro que ofrece lo que buscan. La secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria, Carmen Fenoll, insiste en que la baja tasa de movilidad estudiantil -sólo el 11,5 % de los nuevos universitarios se matricula fuera de su comunidad- tiene un fuerte componente "cultural", es decir, que a los españoles les cuesta moverse lejos de los suyos para estudiar o trabajar. Es cierto, pero el hecho es que ese modelo de proximidad del que hablaba el Consejo de Coordinación Universitaria en el informe de 2007 también "parece haber afectado al nivel de inversión aplicado a la movilidad estudiantil [...] Del esfuerzo presupuestario realizado, una tercera parte se ha destinado a financiar las tasas de matrícula, quedando las dos terceras partes restantes para financiar un amplio abanico de ayudas entre las que figuran muy minoritariamente las específicas de movilidad".

Aunque es cierto que la cuantía de las becas de movilidad ha aumentado en los últimos años (llegan hasta los 5.700 euros anuales para las rentas más bajas), los expertos coinciden que ese nuevo esquema requeriría mucho más esfuerzo. Y por supuesto, vencer esas resistencias culturales a la movilidad.