Las televisiones autonómicas pierden audiencia y ganan déficit

Los nuevos Gobiernos regionales del PP han puesto a las televisiones autonómicas en el punto de mira. En conjunto, los 13 entes públicos consumen más de 800 millones de euros al año en subvenciones y la demanda de fondos no cesa de crecer. Desde el punto de vista económico son un mal negocio y en tiempos de crisis, un eslabón débil. Unas autonomías los consideran un lastre para sus arcas y ya han anunciado su intención de privatizarlas. Otras, defienden su papel como instrumento de cohesión cultural y territorial. Y hay también algunas que, sencillamente, han rechazado su creación para destinar esos recursos a financiar otros servicios.

Las televisiones públicas (contabilizando RTVE) absorbieron el ejercicio pasado 2.288 millones de euros en subvenciones, el doble que cuatro años antes, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Pero con la crisis global y el desplome del mercado publicitario muchos presupuestos se van a descuadrar y es posible que algunas cadenas se vean obligadas a incrementar su deuda o a pedir un rescate a sus respectivos Parlamentos.

La emisora de Mallorca comienza los trámites para dejar de ser pública

Aragón defiende la externalización de servicios para ganar en eficiencia

Menos ingresos auguran más déficit. Las señales de alarma son evidentes. Durante el primer trimestre del año la facturación publicitaria cayó el 19,6% en los canales regionales, una situación que ha empeorado. Entre enero y junio, el descenso se ha disparado hasta el 21,9%, según datos de la consultora InfoAdex. Este retroceso obedece en parte al declive de la audiencia de Telemadrid y Canal 9, que se han situado en mínimos históricos (la valenciana se anotó una cuota de pantalla del 5,4% en junio pasado).

En el polo opuesto está la catalana TV3, líder autonómica con el 13,8%. Y en la media de los 13 entes públicos aparece Aragón TV, que con un 9,7% fue ese mismo mes la cuarta cadena más seguida. "Hacemos una televisión de proximidad, con contenidos en los que se ven reflejados los ciudadanos, con una línea informativa objetiva y neutral, con la que toda la sociedad puede sentirse cómoda", afirma Ramón Tejedor, director general de la corporación aragonesa.

Otras emisoras han vivido en un eterno enfrentamiento con la oposición y con sus propios trabajadores. Telemadrid y Canal 9 son, de nuevo, los casos más llamativos. En el primero, sus empleados llegaron a denunciar ante la UE la "manipulación informativa" y el "sectarismo político". Hace pocos días, al finalizar el mandato al frente de Telemadrid, Isabel Linares destacaba los logros de sus cuatro años de mandato: austeridad, gestión económica y modernización tecnológica. La cadena aprovechaba para remarcar que es la autonómica que menos cuesta a los ciudadanos: 16,5 euros al año.

La gestión de los entes no es un ejemplo de eficiencia. La Sindicatura de Cuentas ha alertado de la grave situación financiera de la Radiotelevisón Valenciana, que acumula una deuda de 1.139 millones de euros. "A río revuelto, ganancia de pescadores", apunta Víctor Marí, profesor de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. La crisis económica, la llegada del PP a los Gobiernos autonómicos y la mala gestión de algunas televisiones conducen, en su opinión, "al auge del discurso privatizador, neoliberal y de reducción del espacio público".

A esta ola privatizadora se han subido María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, y Francisco Álvarez Casos, jefe del Ejecutivo del Principado de Asturias. Se unen a una clásica en esta materia: la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Pero para que puedan poner en marcha los procesos de enajenación es necesario cambiar la legislación. Los socialistas salvaguardaron el carácter público de los entes autonómicos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada hace un año.

"La privatización es una decisión política, no económica", sostiene Francisco Sierra, de la Universidad de Sevilla, según el cual la supresión de los entes públicos tendría un efecto negativo sobre los derechos de los ciudadanos y la industria audiovisual. Sierra avisa de que "el apoyo a los nuevos creadores, al cine regional, a las minorías y a colectivos sociales no sería atendida mínimamente por los operadores privados".

Una vía a la que las televisiones regionales han recurrido para reducir costes es la externalización parcial de la actividad audiovisual. "Es una fórmula que permite tener estructuras de gestión más flexibles", apunta el director general de la televisión aragonesa, empresa que ha cedido a productoras ajenas los informativos, 2.000 horas de contenidos anuales y la explotación técnica y comercial. "En lugar de 800 trabajadores, tenemos 130", dice Tejedor. Canarias y Baleares han optado por un modelo similar, mientras que Castilla y León ha adjudicado la explotación total de un canal regional a la iniciativa privada a cambio de una subvención. Lo único que la televisión tiene de público es la frecuencia.

El analista de los medios audiovisuales Lluís Borrell considera que antes de abordar el sistema de financiación lo principal es definir los contenidos. "No es posible discutir el modelo económico y financiero sin antes haber discutido y acordado el modelo político y de contenidos". Borrell recuerda que en España hay televisiones autonómicas que son comparables a cadenas estatales de pequeños países europeos y enfatiza la solución "asimétrica" puesta en marcha en Alemania, donde algunos Estados federales han unido sus canales para "llevar a cabo sus objetivos de manera más eficiente".

Esta receta llega tarde para la televisión de Mallorca. El PP ha iniciado los trámites para su clausura. Esgrime cuatro razones: su alto coste económico (9,5 millones al año, la duplicidad de servicios con la autonómica IB3, la necesidad de afrontar actuaciones más urgentes y la escasa repercusión social. En defensa de la televisión pública se manifiesta el consejero de la CMT Ángel García Castillejo. "Su papel", dice, "no puede ser realizado por los medios privados, ya que, desde una perspectiva democrática deben garantizar la representatividad y acceso del conjunto de las distintas sensibilidades". Aunque a la hora de la verdad muchas no son más que un altavoz del Gobierno de turno.