La policía detiene al presidente de la ONG Anesvad por apropiación de fondos

El presidente de la ONG Anesvad, José Luis Gamarra, continuaba ayer detenido en Bilbao por la Ertzaintza, acusado de un delito de apropiación indebida de fondos. Esta ONG, con 160.000 socios, gestiona al año más de 35 millones de euros; es la undécima de España en volumen de fondos. En los últimos años, una veintena de empleados ha abandonado la entidad, caracterizada por la agresividad de sus campañas de comunicación y la falta de rigor y transparencia en su gestión. Hace año y medio, el personal descubrió el presunto desfalco por dos directivos de medio millón de euros.

José Luis Gamarra, bilbaíno de 60 años, es también cónsul de Filipinas en Bilbao. La oficina del consulado se encuentra justo encima de la sede central de Anesvad, entidad que se ha especializado en campos como la lucha contra la lepra, la explotación infantil o el sida. Su detención, el pasado jueves a las 9.00, se produjo en su domicilio de Bilbao, desde donde fue trasladado a las oficinas de la ONG. Allí permaneció gran parte del día con los ertzainas que llevan el caso y el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao. "Lo que se investiga son muchos millones", señalaron fuentes de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Gamarra fue trasladado a última hora del jueves a una comisaría de la Ertzaintza, donde continuaba ayer a la espera de pasar a disposición judicial. La policía autonómica continuó ayer sus pesquisas, centradas en la documentación informática obtenida en la sede de la ONG, creada en 1968 y controlada siempre de forma muy personal por su presidente.

Un ex trabajador de Anesvad relató que en los últimos años alrededor de 25 personas (la mitad de su personal) ha abandonado la ONG en desacuerdo con la gestión de Gamarra. La mayor salida se produjo coincidió con el descubrimiento, en septiembre de 2005, de que dos directivos -el director general, José Miguel Sustacha, y el director financiero, Francisco Martínez- se habían apropiado de medio millón de euros. Frente al criterio de la plantilla, el presidente llegó a un acuerdo con ambos para no presentar denuncia si devolvían la cantidad de la cantidad que se llevaron, "aunque no sabemos si realmente lo hicieron", señala el ex empleado.

Este episodio llevó a la plantilla a exigir transparencia y que Gamarra no ocupara los cargos de presidente de Anesvad y del patronato, que está copado por familiares y amigos del detenido. "Anesvad es una dictadura y se hace lo que yo quiero", ha llegado a afirmar Gamarra, cuando se cuestionaban sus decisiones, entre ellas unas campañas publicitarias de gran agresividad, pero que reportaba cuantiosos fondos. La entidad salió de la coordinadora española de ONG antes de que fuera expulsada, entre otros, por este motivo. La coordinadora vasca rechazó su integración por no cumplir el código de conducta y los requisitos de transparencia y comunicación.

Desmarque de la plantilla

Hace año y medio Anesvad adquirió un nuevo local en Bilbao que ya llamó la atención por su ubicación y espacio. Ocupa una planta baja, una entreplanta y una primer piso. La anterior sede, de más de 500 metros cuadrados, es todavía de su propiedad. Anesvad tiene ahora 60 empleados en Bilbao y dos más en su oficina en Madrid. En su memoria de 2006 refleja unos recursos de 35,5 millones, de los que sólo dedica a proyectos de desarrollo el 37,5%, cuando la Ley de Fundaciones fija un porcentaje mínimo del 80%. En cambio, incorpora un llamado "fondo de cooperación internacional", que asciende a 13,4 millones. "Lo cierto es que nadie sabe dónde está y qué se hace con él", apunta el ex empleado.

Los trabajadores de Bilbao se desmarcaron ayer "de las acciones" de su presidente y constituyeron una junta rectora provisional de tres personas. Gamarra, que se vanagloriaba en la ONG de no cobrar por su dedicación plena, figura como ex presidente y socio de una sociedad de inversión colectiva (Sicav) con un capital de 12 millones de euros. Y también como administrador único de dos sociedades financieras, constituidas en 2005 con un capital total de 3,3 millones, cuyo domicilio social coincide con el del consulado de Filipinas.