La orden europea sobre víctimas de violencia de género divide a los Veintisiete
Uno de los proyectos estrella de la presidencia española de la UE, obtener una orden europea de protección para las mujeres maltratadas, sufrió ayer un traspiés en su camino hacia el Parlamento Europeo, al lograr un apoyo de mínimos entre los Veintisiete. Afearon el cuadro las acusaciones públicas al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de manipular las cifras y enajenarse apoyos. Si la vicepresidenta Viviane Reding arremetió contra Caamaño, el ministro acusó a la Comisión de poner todo tipo de trabas a los planes españoles. Carmen Romero, ponente del proyecto, quita hierro a los choques. "Esto es una carrera de obstáculos, y al final saldrá", pronostica.
Lo que desea España es que cualquier medida de protección dictada en un Estado para proteger a una persona amenazada -"hombres también, pero, fundamentalmente, mujeres", enfatizó el ministro- se aplique automáticamente en otro país de la Unión al que la persona se traslade.
Tras la unanimidad sobre la necesidad de combatir la violencia doméstica y proteger a las víctimas surgen las fracturas derivadas de las distintas bases jurídicas en la UE para tratar este tipo de violencia (penal, civil, administrativa y hasta mixta) que requieren un reajuste del proyecto legislativo español so pena de crear inseguridad jurídica, según algunos países.
Siete países (Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Letonia, República Checa, con la última incorporación clave de Reino Unido) se oponen al plan español y ayer pidieron que se espere al que más adelante tiene pensado sacar la Comisión. Esos países formaban una mayoría suficiente para impedir que el plan español siguiera en el Parlamento Europeo y así lo hizo notar Reding, que, entre amenazas a España de acudir al Tribunal de Justicia, acabó por ofrecerse a producir un documento más consensuado en otoño.
La oposición británica es fruto del cambio de Gobierno en Londres. Como, además, Londres no puede bloquear indefinidamente, Caamaño dedujo que "la mayoría cualificada
[para elevar el proyecto al Parlamento] está garantizada con independencia del Reino Unido". Según él, 18 países apoyan el plan. Reding le cortó en seco para decirle que "no hay que manipular los números ni dejar en evidencia al Reino Unido". El ministro británico había protestado antes contra la pretensión española de descontarle. Caamaño y otros eurosocialistas españoles acusan a Reding de boicotear sus esfuerzos.
Evaluaciones no oficiales elevan a 100.000 el número de mujeres que viven en la UE con órdenes de protección en sus países.
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