La mejor familia, biológica o no

Cuando la Administración le quita a un padre o a una madre la tutela de un hijo porque no se ocupa bien de él y lo entrega a una familia de acogida, ¿qué se debe hacer cuando pasa el tiempo? ¿Devolverlo con los padres si son capaces de cuidarlo? ¿Dejarlo con la familia de acogida en la que está integrado? Los jueces no se ponían de acuerdo, y las sentencias que se han dictado en estos últimos años han sido contradictorias. El Supremo ha puesto ahora un poco de orden. Dice que por encima de todo está el interés del menor y que éste no necesariamente pasa por mantener los lazos biológicos. La sentencia ha decidido que Susana (nombre supuesto) se quede con su familia de acogida, con la que lleva viviendo seis de sus ocho años, porque es lo mejor para ella.

Hasta ahora los jueces habían dictado sentencias contradictorias

La pobreza o la incultura no bastan para inhabilitar como padres

Algunos menores, como el niño del Royo o Piedad, han pasado sus cortas vidas entre familias de acogida, residencias estatales y su propia familia biológica. Para intentar evitar esto, en 2007 se modificó la ley. Los padres naturales no tienen ya todo el tiempo de mundo para reivindicar que quieren volver a estar con sus hijos si los han perdido. El plazo termina dos años después de que la Administración asuma la tutela. Pasado este tiempo, sólo los recuperarán si la Administración lo decide. Esta modificación de la ley fue el primer paso del nuevo criterio que ahora confirma el Supremo: no todo es la biología.

Los problemas de Susana empezaron poco después de nacer. El bebé fue ingresado en el hospital por malnutrición cuando tenía sólo dos meses de edad. Ya entonces los servicios sociales recomendaron a los padres, con escasa formación y habilidades, que la llevaran a un Centro de Atención a la Infancia para hacerle un seguimiento. No lo hicieron, pero, al menos en ese momento, la abuela paterna supervisaba un poco la marcha de la casa y las comidas.

Dos años después, los servicios sociales detectaron que nada funcionaba bien en ese hogar. Tenían problemas con la organización doméstica, con la alimentación, el bebé no tenía horarios lógicos y, además, los padres no se llevaban bien. Los informes hablan de "rumores" de que la madre, Dolores H. S., se dedicaba a la prostitución y jugaba a las máquinas. La Junta de Castilla-La Mancha asumió la tutela de la niña el 2 de abril de 2003.

La madre no quería entregar a Susana. Estuvo desaparecida varios meses. El padre murió el 7 de julio de ese año y el 5 de agosto, finalmente, Dolores entregó a su hija a las autoridades. A partir de ese momento, la Administración no la dejó ver a su hija. En septiembre lo pidió formalmente, a través de un abogado. Le negaron la posibilidad de visitarla argumentando que durante un mes y medio no había mostrado "ningún interés en verla".

Dolores tiene un leve retraso mental. Procede de una familia de bajos recursos, no ha ido a la escuela, apenas sabe leer y escribir, tiene problemas para hacer la compra y gestionar el dinero de la casa. Y no sabía muy bien cómo educar a la niña. Pero quería estar con ella. Acudió a los tribunales mientras Susana empezaba una nueva vida con una familia de acogida. Las autoridades judiciales, que están de acuerdo en que cuando la Administración asumió la tutela esa medida era necesaria, discrepan sobre lo que pasó después.

Un juzgado de primera instancia de Toledo dijo a la madre, en julio de 2005, que no podía ver a Susana. Dictaminó a favor del acogimiento preadoptivo de la niña en una nueva familia. La sentencia decía que Dolores estaba ya "adaptada" y "con estabilidad familiar y económica" pero que seguía teniendo los mismos problemas cognitivos y de habilidades sociales de siempre y que necesitaría ayuda de otras personas para cuidar a Susana. Además, Dolores había tenido una niña con una nueva pareja, y el juez consideró que no iba a ser capaz de cuidar a las dos niñas. Argumentaba también que Susana estaba ya adaptada a su nuevo entorno, con la familia de acogida, y que un cambio podría producirle "un desajuste psicológico con problemas de estrés y ansiedad, aprendizaje y de comportamiento".

El caso llegó a la Audiencia Provincial de Toledo, que echó un rapapolvo monumental a la Administración y ordenó que Susana volviera con su madre. Los magistrados dijeron que las autoridades, en lugar de ayudar a Dolores a intentar corregir su situación, "que no era desde luego irreversible", se dedicaron a intentar apartarla de su hija desde el principio. "Ni los problemas económicos eran tan acuciantes, ni la desatención de la menor tan grave como para justificar tan drástica decisión", señala la sentencia.

Los magistrados se plantearon si una madre con problemas de adaptación social y con escasas habilidades educativas puede hacerse cargo de un hijo y dijeron que claro que sí. La resolución dice que la obligación de la Administración era ayudarla a ejercer la maternidad, no quitarle a su hija. La conclusión: Susana debía volver con su madre biológica.

"Ni la pobreza ni la incultura ni la poca inteligencia son en sí mismas causas que impliquen desatención y desamparo en la prole y, en cualquier caso, cuando una situación se basa en las mismas, cuando se aprecia que la madre puede recibir ayuda para adquirir las habilidades de las que carece, la obligación de los poderes públicos es prestar esa ayuda y colaboración (adoptando mientras tanto las medidas de protección que sean necesarias) para evitar llegar a la más dramática de las situaciones imaginables, como es la separación de por vida del niño de su familia biológica", señalaba la sentencia. Los magistrados añadían que si Dolores había tenido otra niña y no le habían quitado la custodia, sería porque estaba capacitada para cuidar de sus hijos.

Esa sentencia no fue el final de la pelea judicial, que acaba de resolver el Supremo. El alto tribunal no pone el acento en los derechos de la madre, sino en los de la niña. Dice que Susana lleva ya seis años con la familia de acogida, que apenas se acuerda de su madre y que se encuentra totalmente adaptada e integrada en su nuevo entorno, de forma que es mejor para ella quedarse donde está. No analiza si la decisión de la Administración de dar a la niña en acogimiento e impedirle ver a su madre fue la más adecuada hace seis años.

El Supremo sienta por primera vez doctrina sobre estos casos. Dice que cuando un padre impugne una declaración de desamparo, el juez tendrá que examinar no sólo las circunstancias del momento en que se dictó el desamparo sino también las posteriores, y tener en cuenta si los padres están mejor. Pero, una vez que el niño ya está en acogida, para decidir mandarle de vuelta con su familia biológica, tendrá que considerarse "el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico".

El abogado de Dolores, Isidoro Sánchez, va a pedir la nulidad de esta resolución. Si no le dan la razón, recurrirá en amparo ante el Constitucional. Mientras tanto, quizá pida un régimen de visitas a la Junta de Castilla-La Mancha para la madre, pero no cree que se lo concedan. Si lo deniegan y acude a los tribunales, podrían pasar años antes de tener una respuesta. "Este ha sido uno de los problemas de este caso, el tiempo que tardan los procedimientos judiciales. Cuando pedimos que Susana volviera con Dolores no habían pasado ni dos años desde la separación. Ahora ya han pasado seis, y claro, es verdad que la niña ni recuerda a su madre y que está bien con su nueva familia. Pero Dolores no quiere que de mayor, si algún día se conocen, su hija pueda reprocharle que no ha hecho todo lo posible por estar con ella. Este caso implica un dilema moral muy complicado".

"Lo novedoso y revolucionario de esta sentencia es que considera que hay que priorizar en todos los casos los intereses del niño por encima de los de la madre o padre", dice Mario Bedera, senador socialista y miembro de una comisión en el Senado que está analizando desde principios de año el sistema de protección de menores. Pero, ¿qué pasa con la madre? ¿Y si una mala o apresurada decisión de la Administración, como la Audiencia de Toledo sostiene que ha sucedido en este caso, priva a un hombre o a una mujer de su hijo para siempre? ¿Cómo se repara este error? "Es cierto es que hay que intentar evitar llegar a estos extremos", responde Bedera. "Una de las cosas que está saliendo a la luz en esta comisión es que es fundamental que se refuerce el trabajo de los servicios sociales con los padres biológicos cuando se detecta que hay problemas para intentar que puedan quedarse con sus hijos. En caso de que la ayuda no funcione, entonces ya se podrían adoptar otras medidas. El acogimiento debería ser el último paso".

Bedera tiene claro que de esta comisión tendrán que salir muchas propuestas que cambien de arriba abajo el funcionamiento del sistema de protección de menores en España. "Habrá que hacer recomendaciones legislativas pero también pedir a todas las administraciones competentes una implicación mayor. Debemos apoyar más a las familias con problemas, dar formación a los padres de acogida, establecer pasos claros a seguir en cada caso, agilizar los procedimientos judiciales para que no pasen los años y nos encontremos con una situación imposible de resolver... hay mucho por hacer".