La ley contra la violencia de género creará juzgados penales especializados

"Las víctimas tendrán todo el apoyo posible, social, legal, de protección. Los maltratadores tendrán enfrente a toda la sociedad española con el Gobierno a la cabeza". Con ese doble mensaje, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer el informe sobre la futura Ley Integral contra la Violencia de Género. La prevención y la protección serán los principales ejes, según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. La futura norma reformará cerca de 15 leyes, algunas de ellas, orgánicas.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido a que, si ganaba las elecciones, la primera ley que enviaría al Congreso sería la norma integral contra la violencia doméstica, un problema que sufren, física o psicológicamente, casi dos millones de españolas (sólo unas 680.000 son conscientes de ello, según la última encuesta del Instituto de la Mujer). Ayer, el Ejecutivo no aprobó el anteproyecto -aún sin articular-, sino que dio visto bueno al informe previo a la ley que nacerá para cortar la sangría de vidas de mujeres a manos de sus compañeros o ex compañeros (al menos 70 fallecieron el año pasado como consecuencia de la violencia doméstica).

El proyecto contará con una memoria económica que detalle el coste de la aplicación de la nueva norma. Ahora, cada ministerio implicado (Trabajo, Interior, Educación y Economía y Hacienda) deberá cuantificar el gasto que suponen las medidas que le afecten.

El objetivo del futuro proyecto de ley es combatir, "desde todos los ángulos", "un problema que se asienta en la desigualdad y que afecta a las mujeres por el hecho de serlo", afirmó Caldera. Reconoció que será una lucha larga y pidió la colaboración de los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las asociaciones de mujeres y la sociedad civil. También detalló que quiere lograr el mayor consenso parlamentario y social posible para la iniciativa.

El informe que ayer estudió el Consejo de Ministros tiene en cuenta los principales ejes planteados en una iniciativa similar, la proposición de ley orgánica integral contra la violencia doméstica que los socialistas presentaron en el Congreso a finales de 2001 y que el PP rechazó en septiembre de 2002.

- Juzgados penales. "Habrá una especialización de tribunales de orden penal para la protección adecuada de los derechos de las víctimas", aseguró el ministro. En la proposición inicial, el PSOE plantaba crear juzgados específicos de igualdad y asuntos familiares. Estos acumularían los asuntos civiles y penales pendientes de una misma unidad familiar si existen procesos pendientes (por ejemplo, una separación tras una denuncia de maltrato). Esta modalidad resultaría más cara que la mera especialización. Trabajo y Justicia han abierto conversaciones sobre ello.

- Protección y seguridad. Caldera anunció que, "aunque es difícil", "se reforzarán" las dotaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad dedicadas a proteger a las mujeres con riesgo de sufrir una nueva agresión. Ahora hay algo más de un centenar de agentes dedicados a ello, una cifra considerada insuficiente. También quiere implicar en esta tarea a las policías locales.

Las víctimas del maltrato tendrán a su disposición centros específicos donde puedan recibir una recuperación integral del daño sufrido (ahora son muy escasos).

- Ayudas económicas. Las ayudas económicas a las víctimas irán unidas a la formación para el empleo. Ahora, las mujeres sin recursos que obtienen la orden de protección cuentan con un subsidio de 300 euros mensuales durante 10 meses. Caldera no detalló si aumentará la cuantía.

- Bonificación de contratos. El ministro de Trabajo aseguró que se mejorarán las bonificaciones para la contratación de mujeres maltratadas. Ahora son del 65%.

- Publicidad sexista. La futura ley evitará "cierto uso ilícito" en la publicidad del cuerpo femenino asociado a un producto y establecerá "mecanismos para la retirada de ese tipo de anuncios", dijo Caldera. En la proposición inicial del PSOE se planteaba modificar la Ley General de Publicidad para considerar ilícito el anuncio que presente el cuerpo de la mujer asociado a un producto de forma que la posesión del mismo se asocie a valores específicamente femeninos. También se consideraban ilícitos los modelos de mujer "asociados a comportamientos estereotipado en el ámbito doméstico". Ahora existe, en el Instituto de la Mujer, un observatorio que puede pedir la retirada de un anuncio por considerarlo sexista, pero es el anunciante quien decide si lo hace.

- Delegación y observatorio. La ley creará una Delegación del Gobierno para la violencia de género. Dependerá de la secretaria general de Políticas de Igualdad, que será nombrada el próximo viernes. También se creará un observatorio estatal para el análisis de la violencia sexista. Caldera aseguró que se tendrá en cuenta que existe otro similar en el Consejo General del Poder Judicial.

- Prevención. La ley pretende "un cambio en los patrones culturales y educativos". Para ello "se incorporará la igualdad como un contenido esencial del sistema educativo", dijo Caldera. Está previsto incluir una asignatura de Ética e Igualdad en 4º de ESO (ver EL PAÍS de ayer).