La justicia obliga a Reino Unido a aclarar si se puede ayudar al suicidio

Cinco jueces lores, actuando en sus funciones de última instancia judicial de Reino Unido, dieron ayer la razón a Debbie Purdy, de 46 años, en su exigencia de que el Gobierno ha de clarificar si su marido, el músico cubano Omar Puente, será o no procesado si, llegado el momento, la ayuda a desplazarse a Suiza para quitarse la vida en la clínica Dignitas. Debbie sufre esclerosis múltiple y, aunque ya no puede caminar, su vida puede prolongarse aún muchos años. Pero sostiene que si no sabe si su marido puede ayudarla cuando llegue el momento, se verá obligada a suicidarse cuando aún esté en condiciones de valerse por sí misma para viajar a Suiza.

La sentencia ha constituido una inesperada victoria para esta mujer de fuerte carácter y verbo fácil. Y constituye un argumento de primer orden para quienes defienden que Reino Unido ha de modificar de forma radical la actual ley que regula el suicidio asistido y que data de 1961. Pero el primer ministro, Gordon Brown, un hombre tan profundamente religioso como su antecesor, el también laborista Tony Blair, ya anunció ayer que se opone a la legalización del suicidio asistido.

La indefinición viola la Convención de Derechos Humanos, según los jueces Purdy: "Me siento como si hubieran suspendido mi ejecución"

Según el diario The Guardian, lord Joffe, conocido por sus campañas en defensa del suicidio asistido, piensa proponer una nueva ley el año que viene. Joffe ya fue derrotado en 2006 en un primer intento por cambiar la legislación en esta materia.

Lo que ha conseguido Debbie Purdy es obligar al Gobierno a clarificar la actual legislación. Se sabe que al menos 115 británicos se han suicidado en la clínica Dignitas desde 2002. Y, en teoría, las personas que les ayudaron a llegar hasta la clínica pueden ser procesadas y condenadas a 14 años de cárcel. Pero, a pesar de que ha habido numerosas investigaciones policiales, nadie ha sido condenado.

El último caso sonado ha sido el del director de orquesta sir Edgard Downes, de 85 años, y su esposa Joan, de 74, que se suicidaron en Dignitas a principios de este mes en presencia de sus hijos Caractacus, de 41 años, y Boudicca, de 39. El año pasado, la fiscalía renunció a procesar a los familiares del jugador de rugby de 23 años Daniel James. Aunque había pruebas suficientes para condenarles, el jefe de la fiscalía, Keir Starmer, concluyó que su procesamiento no era del interés público.

Starmer anunció ayer que en septiembre modificará de forma provisional la actual legislación y que la próxima primavera, tras una consulta pública, habrá legislación definitiva. En su sentencia, los jueces lores concluyen de forma unánime que la actual indefinición de la ley constituye una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que regula el derecho a la vida privada y en familia.

En dos sentencias anteriores, el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación concluyeron que no podían entrar a examinar el fondo del asunto planteado por Debbie Purdy y que era el Parlamento, no el poder judicial, quien tenía que clarificar si su marido podía o no ser procesado si la ayudaba a suicidarse.

Los jueces lores van mucho más allá al considerar que la actual situación de indefinición -la ley dice una cosa pero en la práctica ocurre otra- es ilegal.

Debbie acogió ayer con euforia la sentencia de los jueces lores. "Estoy encantada. Me siento como si hubieran suspendido mi ejecución", declaró. "Quiero vivir plenamente pero no quiero sufrir más de lo necesario cuando se acerque el final de mi vida", explicó. "Esta decisión supone que puedo hacer una elección reflexionada, con Omar, sobre si él viaja al extranjero conmigo para acabar mi vida porque sabremos exactamente a qué se expone", añadió.

Debbie siempre ha dicho que se siente llena de vida, que no cree que el suicidio esté cerca, pero que no quiere arriesgarse a que su marido acabe en la cárcel por ayudarla y que, si es necesario, adelantaría la fecha de su muerte para no involucrar a Omar.

"Es una victoria completa", declaró Saimo Chahal, de la firma de abogados Bindmans que han llevado el caso de Purdy. "Siempre supe que tendríamos que llegar a la Cámara de los Lores para conseguir una sentencia razonada y considerada".

Los jueces lores han publicado numerosas sentencias llamativas en aplicación del artículo octavo de la normativa europea de derechos humanos. La semana pasada sentenciaron que los enfermos mentales podían considerar que el hospital en el que están encerrados es su casa y por lo tanto podían fumar, aunque la sentencia no llega a consagrar el derecho mismo a fumar sino el derecho a que la ley sobre la prohibición de fumar se aplique en el hospital como se aplicaría en su casa.