Unos más iguales que otros en los telediarios

La difusión de las imágenes de los detenidos en la Operación Pretoria -así denominó la policía la investigación sobre corruoción urbanística en Cataluña- llegando esposados a la Audiencia Nacional ha generado una singular polémica por la posible vulneración del derecho a la intimidad de esos sospechosos de cuello blanco. Desde diversos sectores judiciales y políticos se han calificado los hechos de "escarnio", "paseíllo", "exhibición" e incluso "pena de telediario", contribuyendo a crear una suerte de cortina de humo sobre unos graves hechos de corrupción política a costa de unos segundos de televisión y de unas fotografías en los diarios.

Amainada la polémica, profesionales de diversos ámbitos coinciden en que, si se asume la igualdad ante la ley que proclama la Constitución, cuesta entender que la difusión de las imágenes de determinados detenidos provoque sarpullidos y no se diga nada cuando se trata de seres anónimos que llenan a diario los apartados de sucesos de los programas de televisión. Probablemente un ex consejero de la Generalitat o un alcalde tenga menos riesgo de fuga que un presunto delincuente y, por tanto, puede estar menos justificado que lleguen esposados al juzgado. Pero ¿qué es lo que realmente escandaliza? ¿Qué se espose a personas tan reconocidas socialmente hasta hacía unos días o que se capten esas imágenes y se difundan? ¿No deberían provocar más repulsa las acusaciones que pesan sobre ellos?

Ninguna norma detalla cómo ha de hacerse el traslado de los detenidos

"El artículo 520 nos lo sabemos de memoria", dice un inspector de policía

Los jueces son ajenos a cómo se produce el traslado del detenido

"Ya es hora de acabar con este doble rasero", opina un abogado

"Me parece que todo esto se ha sobredimensionado, como ya pasó con el caso Palma Arena, cuando fueron detenidas varias personas del Partido Popular", explica Antonio Ramírez, miembro de la junta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España y durante diez años jefe de informativos de Canal Sur. "A nadie le llama la atención ni se monta una bronca cuando se trata de otros detenidos. En este caso se ha hecho lo que se hace siempre que se puede: captar la imagen de un detenido y difundirla porque es noticia".

En España no existe una regulación concreta de cómo han de actuar los cuerpos policiales al realizar el traslado de los detenidos. Sí existen instrucciones genéricas y protocolos, referidos a la actuación policial con menores, a la conducción de los reclusos y las garantías de los derechos de detenidos. La referencia legal más importante es el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se dice que "la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio", dice la ley. "Ese artículo se enseña en la academia y lo sabemos de memoria. En español y en inglés", explica un inspector de policía con 20 años de experiencia.

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando se refiere al tratamiento que han de recibir los detenidos, también establece que los agentes "respetarán el honor y la dignidad de las personas". Dicho así, la captación de imágenes de un detenido con las esposas contraviene su honor y dignidad, admite un portavoz policial, "pero ninguna ley ni norma prohíbe que se le pueda grabar".

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, considera que la conducción policial de los acusados en la Operación Pretoria fue "un error manifiesto que debería haberse evitado porque sólo añade distorsión a una investigación que parece bien llevada". Cuatro de los detenidos acabaron en libertad al cabo de unas horas, "pero lo que quedará de ellos y de aquel día es la imagen de las esposas", dice Villarejo. El marco legal permite la libertad de actuación de los cuerpos policiales en cada caso. "No hace falta ser muy listo para saber que no es lo mismo trasladar a un choricete al juzgado de guardia que a un terrorista a la Audiencia Nacional", explica el veterano inspector, que ha conducido ante la justicia a decenas de presuntos delincuentes.

Esa discrecionalidad explica que en las conducciones policiales puedan aparecer los detenidos con esposas, sin esposas, con las esposas por delante, con las esposas trabadas entre ellos o bien con las esposas a la espalda, una forma de reducir su capacidad de movimiento reservada para delincuentes muy peligrosos y terroristas. En ocasiones excepcionales hasta se les coloca un pasamontañas para desubicarlos cuando son conducidos de los calabozos al furgón. "Al final decide el responsable del traslado, y los demás policías que están a su cargo se atienen a lo que disponga", explica.

En el caso de la Operación Pretoria, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y ha solicitado un informe del comisario de policía para conocer por qué fueron "expuestos" ante los medios de comunicación los detenidos. Al parecer se trataba de un furgón policial que se estrenaba ese día y por el que se accede a través de una puerta trasera y no lateral, como ocurre en la mayoría de esos vehículos. Además, el biombo que habitualmente se coloca para proteger la imagen de los detenidos, fue insuficiente, a lo que se suma la reducida altura del aparcamiento de la Audiencia Nacional, que impide la entrada de los vehículos policiales.

La Asociación Libre de Abogados (ALA), un colectivo de profesionales de Madrid de dilatada trayectoria en la defensa de las libertades, ha condenado las circunstancias en las que se produjo ese tralado, pero también ha mostrado su "sorpresa" porque la Audiencia Nacional "no haya abierto investigación alguna sobre otras detenciones más humillantes". "Estamos hartos de ver en los telediarios a todo el mundo agarrado del cogote para entrar en un coche policial, sea Otegui o el acusado de parricidio de cualquier pueblo. Y nadie dice nada", se lamenta el abogado José Luis Galán, integrante de ALA. "El valor de la libertad tiene muy poco aprecio en España. Todo ciudadano merece un respeto y tiene una dignidad, se llame como se llame. ¡Ya es hora de acabar con tanto cinismo y de emplear un doble rasero!".

Casi igual de contundente se muestra Antonio Ramírez. "Hablar de pena de telediario [la expresión empleada en los últimos días en ambientes judiciales para referirse a las imágenes de los esposados] me parece desafortunado, desproporcionado e inoportuno. En todo caso, esas reflexiones deberían hacerse cuando se trate de un ciudadano de a pie, pero si se trata de acusados que ocupan u ocuparon cargos públicos habrían de ser más comedidos". A modo de ejemplo, Ramírez recuerda que el presunto asesino de la niña Mari Luz "ha sido grabado de frente, de lado, de espaldas y de todas las maneras posibles cuando ha ido a declarar al juzgado. Nadie dijo nada y también es una persona que está a la espera de juicio".

La reciente polémica por la Operación Pretoria no es la primera y probablemente no será la última. El PP ya denunció en su día las condiciones en las que se produjo el traslado de los acusados del caso Palma Arena, dos de los cuales fueron fotografiados unidos entre sí por las esposas. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba negó que hubiera habido "intencionalidad" en la actuación policial, aunque admitió que la Brigada de Seguridad Ciudadana de Baleares incumplió la orden de que fueran trasladados al juzgado sin esposas. Fue la única directriz que no se acató y el jefe policial de turno asumió su culpa. "Y eso le honra, porque ocurre pocas veces", dice el avezado inspector.

Los jueces son ajenos a cómo se produce el traslado del detenido, algo que ha tenido que recordar la propia Audiencia Nacional. Es decir, Baltasar Garzón no decidió que los arrestados en la Operación Pretoria llegaran esposados, ni dio instrucciones para que se pudieran tomar las imágenes cuando recogían sus pertenencias del furgón policial en una bolsa de basura de color azul.

"El juez manda de puertas para adentro de las salas de vistas o del juzgado, pero lo que pase fuera y cómo se traslade a los detenidos es cosa de los cuerpos policiales", explica Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona. En su sala, por ejemplo, la norma es que los acusados sigan el juicio sin las esposas, pero no todos los tribunales aplican el mismo criterio.

"El juez pide que traigan al detenido y puedes dar alguna recomendación, pero la policía te hace caso o no te hace. Otra cosa es la responsabilidad que tienen algunos cargos para aplicar protocolos que no perjudiquen la imagen del acusado", añade Gimeno. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, fue probablemente la más crítica con las imágenes de la Operación Pretoria y afirmó que "la pena de paseíllo o la pena del telediario no está en el Código Penal". Por el contrario, Alegret sí permitió hace unos meses que se hiciera una excepción a la norma vigente en Cataluña, que prohíbe tomar imágenes en los edificios judiciales, para que una docena de presos fuesen filmados cada día entrando y saliendo esposados al juicio que se celebró contra ellos en la Audiencia de Barcelona por un motín en el que apuñalaron a un subdirector de la cárcel.

Otra de las voces que se ha oído estos días por "la dignidad de los detenidos" es la de la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura. Anteriormente había sido titular de Interior y responsable del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. De aquella época queda una de las actuaciones más criticables de la policía autonómica, según el ex fiscal Jiménez Villarejo. Ocurrió cuando se "paseó" esposada por las dependencias de la policía autonómica ante las televisiones y los fotógrafos a Remedios Sánchez, acusada del asesinado de varias ancianas. "La forma de tranquilizar a la población no es exhibir al acusado", explica Villarejo.

Lo dice él, que siendo fiscal jefe de Barcelona recibió la visita del ahora detenido Macià Alavedra, cuando era consejero de la Generalitat en un gobierno de Pujol, para expresarle su queja por una investigación que estaba realizando la fiscalía. En esas diligencias también aparecía implicado, ironías del destino, el ahora preso preventivo Lluís Prenafeta, cuando era secretario general de la Presidencia. La intervención del fiscal general del Estado de la época, Eligio Hernández, impidió que el caso llegase a juicio, pese a que desprendía "aromas de corrupción", según la expresión empleada en un escrito por el propio Hernández.

Más allá de esa polémica, Jiménez Villarejo considera "inadmisible" que sean los propios cuerpos policiales los que "atenten contra la dignidad de las personas" cuando filman la entrada en un domicilio y los sospechosos acaban tumbados en el suelo esposados a veces a punta de pistola. "Eso es intolerable, porque no se persigue ningún fin legítimo, salvo que sea para enaltecer la función policial".

Con todo, resulta simbólico que ningún abogados de los detenidos en la Operación Pretoria haya terciado en la polémica por la difusión de las imágenes de sus clientes. "Los abogados no estamos para perder el tiempo en estas cosas, no nos corresponde", dice Fermín Morales, defensor del alcalde de Santa Coloma de Gramenet. "Yo agradezco las palabras de apoyo y quiero pensar en la buena fe de las personas".