Las españolas vuelven a abortar fuera

Hace 30 años las españolas iban a abortar a Londres. Ahora, las clínicas de abortos están derivando decenas de pacientes a París. La ley española no cubre todos los supuestos sin ambigüedades, la sanidad pública no se hace cargo y los centros privados se niegan a practicar abortos con más de 22 semanas ante la campaña emprendida en los últimos meses por determinados sectores -con causas judiciales abiertas en Madrid y Barcelona, denuncias y amenazas constantes por parte de grupos provida, y jueces y Guardia Civil llamando a declarar a mujeres que han interrumpido su embarazo-.

Y los casos que quedan fuera son especialmente sangrantes: mujeres con embarazos deseados pero inviables a las que no se ofrece una solución.

La sanidad pública francesa se hace cargo de los gastos del aborto

Una mujer que desea ser madre puede verse obligada a abortar. Bien porque se detecte que el feto no desarrollará los pulmones, porque nacerá sin cerebro, o por una cardiopatía que le impedirá vivir. ¿Y qué sucede cuando las ecografías, por cualquier razón -negligencia médica, problemas técnicos, o mala suerte-, no dan cuenta de las malformaciones hasta pasadas las 22 semanas? ¿Qué pasa cuando a una embarazada le dicen en su sexto o séptimo mes de embarazo que dará a luz a un niño que morirá nada más nacer o a las pocas semanas? ¿Debe estar dos o tres meses más con un niño dentro que no tiene ninguna posibilidad de vivir o que nacerá con una gravísima enfermedad? La respuesta que reciben muchas mujeres es la siguiente: sí. Porque abortar en España en estos casos se convierte en un vía crucis. Es otro de los cabos sueltos que deja la ley.

En los hospitales públicos, que sólo practican el 2% de los abortos, por lo general no las ayudan, y las clínicas autorizadas para practicar abortos no se atreven a hacerlo en embarazos de más de 22 o 23 semanas. El problema no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos meses. Los centros no quieren problemas en un momento en el que tienen causas judiciales abiertas, los grupos antiabortistas están más organizados que nunca y miembros del Partido Popular como la concejal de Ayuntamiento de Madrid Ana Botella hablan de "trituradoras" que "todos hemos visto" y de abortos de "fetos de siete meses".

Hasta el momento no existen tales fotos de trituradoras, ni en la causa judicial abierta en Madrid había ningún feto de siete meses. Pero las clínicas no se arriesgan a recibir más denuncias, según portavoces de El Bosque, Dator e Isadora, todas en Madrid. En esta comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad recibió 208 denuncias contra los centros en 2007, algunas por e-mail, y dio curso a todas. Así que, ante la imposibilidad de abortar en España, la solución para estas mujeres es ir a París, a un hospital de la Seguridad Social francesa.

El aborto está despenalizado en España en tres supuestos: violación -hasta las 12 semanas-, malformación fetal -hasta las 22 semanas- y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre -sin plazo máximo-. Pasadas las 22 semanas, por lo tanto, si se descubre que el feto no podrá vivir, la mujer sólo se podrá acoger al supuesto de "grave riesgo para su salud psíquica". Y no de forma fraudulenta, porque lo más probable es que soportar dos o tres meses un embarazo abocado a la muerte del bebé afecte la salud mental de la mujer. El problema es quién se atreve a llevarlo a cabo, dada la ambigüedad de la regulación española.

En Francia la ley es distinta. El aborto es libre durante las 12 primeras semanas. Después se puede interrumpir el embarazo cuando peligra la salud de la mujer o hay riesgo de que el niño sufra una grave o incurable enfermedad. Es una ley de plazos con dos supuestos añadidos sin límite temporal. Allí además, la sanidad pública se hace cargo de las intervenciones, aún respetando la objeción de conciencia de los profesionales.

Varias clínicas españolas confirman que asesoran a las mujeres sobre los trámites para abortar en la maternidad del hospital público Robert Debré de París. "Hay que darles una salida porque llegan en una situación terrible y desesperada", señala Empar Pineda, de la clínica Isadora (Madrid). Tienen que llamar por teléfono al departamento de Obstetricia y pedir cita para las ecografías y resonancias magnéticas. Una vez confirmadas las anomalías fetales, en el plazo de un par de días suelen dar la hospitalización. Con el formulario europeo de la Seguridad Social, es la sanidad francesa la que se hace cargo de los gastos. La estancia del acompañante y los viajes, eso sí, corren de cuenta de la persona.

"Cada semana recibimos en el centro llamadas de cuatro o cinco mujeres en esta situación a las que tenemos que informar de la posibilidad de abortar en París" señala Empar Pineda, de la clínica Isadora. Relata que por su centro han pasado casos alarmantes. "A una chica de 19 años le descubrieron, muy avanzado el embarazo, que el niño nacería sin cerebro. El hospital no le practicó el aborto y tuvo que pasar por la terrible experiencia de dar a luz a un hijo que murió de inmediato. Otra mujer está en estos momentos peleando en la sanidad pública para que le practiquen un aborto. El feto tiene una grave malformación genética y es absolutamente inviable. No le hicieron las ecografías a su debido tiempo y ahora la dejan desprotegida".