Bruselas, dispuesta a "revisar al alza" la indemnización de 150 millones para los agricultores

La Comisión Europea (CE) está dispuesta a "revisar al alza" el fondo de 150 millones de euros propuesto para ayudar al sector hortofrutícola a paliar las pérdidas por la crisis generada por la epidemia de la bacteria E. coli, según ha señalado esta tarde el responsable comunitario de Agricultura, Dacian Ciolos. España, que había mostrado su rechazo a la primera propuesta por considerarla insuficiente, ha preferido esperar a que se detalle mañana la mejora para reevaluarla. La crisis ha afectado sobre todo al mercado español después de que Alemania atribuyera inicialmente el foco de la infección a pepinos procedentes de Andalucía.

En una reunión con los ministros de Agricultura de los Veintisiete celebrada en Luxemburgo, Ciolos había propuesto esta mañana desbloquear una partida de ayuda de alrededor de 150 millones de euros para ayudar a los productores de frutas y hortalizas afectados. La propuesta de la mañana ya era una sorpresa en sí: una decisión tomada en el marco del encuentro, en el que no se esperaba que se pusieran cifras sobre la mesa. El portavoz del Ejecutivo europeo, Roger Waite, había advertido que las ayudas se destinarían tanto a los afectados integrados en organizaciones agrarias como a los que no forman parte de esos grupos. Ciolos concretaba hoy que esta nueva ayuda cubriría el período desde el comienzo de la crisis hasta finales de junio y que se añadirá a las que ya están establecidas dentro de la Política Agrícola Común (PAC), como las relativas a la intervención y las de estado.

Sin embargo, la primera propuesta no ha contentado a los países más afectados. La ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha advertido de que el fondo con 150 millones de euros para compensar las pérdidas "no es suficiente" y ha insistido en que exigirá a la UE que se devuelva a los productores el "90 o el 100%" del valor de mercado de la mercancía perdida. "A España no nos parece suficiente que se plantee el 30 % del valor de retirada, lo vamos a manifestar con claridad", ha dicho Aguilar. España pedirá también que la UE "aborde campañas que permitan recuperar el mercado y la confianza en los consumidores y dejar claro que los productos españoles son seguros, de calidad y tienen unos precios adecuados".

"No creo que el presupuesto permita llegar al 100%", ha dicho Ciolos en declaraciones a los periodistas ya por la tarde. El comisario ha recordado que los agricultores inscritos en organizaciones agrarias pueden optar a otras ayudas en el marco de los instrumentos previstos. Con la propuesta inicial, limitando el fondo a 150 millones de euros, el Ejecutivo comunitario calculaba poder ofrecer una ayuda de 14 céntimos por kilo para los productores de pepino en España, la única compensación prevista para un agricultor independiente. Sin embargo, esa ayuda podría sumarse a otra de 18 céntimos por kilo que permite la Política Agraria Común (PAC) para los agricultores integrados en asociaciones de productores (un 32% en España), en el marco de los apoyos a la retirada de producto del mercado que son cofinanciados por la UE.

"Con cualquier cosa no nos vamos a conformar. La defensa de nuestros productores es plena y total", ha respondido la ministra española, quien ha preferido no hablar de los márgenes de lo que España consideraría aceptable y ha apostado por "esperar la propuesta del comisario" para poder evaluarla. Aguilar ha explicado que España y otros ocho países (Bélgica, Holanda, Francia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Polonia y Alemania) han suscrito un documento que pide que las compensaciones a los agricultores se eleven al 90 o el 100% de las pérdidas y que se apliquen a "todos los productores sin excepción".

Alrededor de 200 millones de pérdidas semanales

El director general de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), José María Pozancos, afirmaba hace unos días que las pérdidas serán muy elevadas. No se están pudiendo exportar productos por un valor semanal de entre 175 y 200 millones de euros, sin contar su efecto sobre el mercado interior.

La cita de los responsables agrícolas hace bueno el acuerdo de la semana pasada para buscar compensaciones alcanzado en otra reunión informal de ellos mismos en Hungría, aunque viene incitada por la deletérea atmósfera creada entre países que se sienten víctimas del caso (con España a la cabeza, y Francia también muy crecida) y una Alemania que se niega a reconocer cualquier responsabilidad en el desbarajuste. En vista de cómo están los ánimos, el comisario de Agricultura se propone "plantear una solución europea a lo que se ha convertido un problema europeo".

La propuesta de indemnizaciones del Ejecutivo europeo complementa al anuncio, ayer, del comisario de Salud y Protección al Consumidor, John Dalli, en el sentido de hacer "ajustes" en el sistema europeo de alerta sanitaria. Dalli dijo que el cambio tendría que favorecer que en el futuro las alertas se activen de acuerdo a datos científicos y "no por cualquier declaración". En una reunión celebrada en Luxemburgo con la asistencia de los responsables de Sanidad de los Veintisiete, la ministra española del ramo, Leire Pajín, transmitió el "profundo malestar" de España por la actuación de Alemania en la crisis. Las mejoras en el sistema propuestas por España han encontrado el respaldo de Francia, Italia y Polonia, entre otros.

Aunque los análisis realizados en Alemania demostraron hace una semana que los pepinos españoles no estaban en el origen del brote, la prematura reacción de las autoridades alemanas de la ciudad-Estado de Hamburgo, que extendieron antes de tener esos resultados la alerta sobre los vegetales españoles, han causado grandes pérdidas a los agricultores. El pasado fin de semana Alemania aseguró que existen "indicios bastante claros" de que la fuente de la epidemia de Escherichia coli está en una plantación de brotes vegetales cercana a Hamburgo. Sin embargo los primeros análisis tampoco han confirmado que ese sea el origen del brote.

Varios países, empezando por Rusia, han prohibido la importación de verduras procedentes de la UE hasta que se aclare la situación. El Ejecutivo comunitario ha tachado de desproporcionados estos embargos y ha reclamado que se levanten de inmediato.