Las condiciones de seguridad del CSN a Garoña cuestan 50 millones

Por unanimidad y tras una semana negociando los detalles, los cinco consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordaron ayer a primera hora de la tarde que la central nuclear de Garoña puede funcionar 10 años más. Para ello obligan a la central a realizar obras que costarán unos 50 millones de euros y que podrá realizar hasta 2013 para equipararse con las nucleares más modernas, según fuentes conocedoras del dictamen. El informe no es vinculante -sólo lo sería si fuese negativo- y ahora el Gobierno tiene un mes para decidir sobre la continuidad de la planta, la primera que puede funcionar más allá de los 40 años para los que fue diseñada originalmente, y que cumplirá en 2011.

El pleno oculta el dictamen para no incomodar al PSOE ante las elecciones

Industria prepara dos argumentarios: uno a favor y otro contra la prórroga

El pleno del CSN -dos consejeros propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno por CiU- tomó ayer su decisión más importante desde que en 2002 acordó cerrar la nuclear de Zorita. Como entonces, la sombra de la política planeó sobre la reunión y el pleno decidió ocultar hasta el lunes el informe completo. Oficialmente, la decisión se debió a que el ministro de Industria está de viaje y es él quien debe recibir el dictamen. Sin embargo, fuentes del organismo explican que fue una concesión a los consejeros afines al PSOE, que pedían retrasar la publicación porque el dictamen positivo incomoda al partido ante las elecciones europeas de mañana. A cambio, el informe obtuvo una unanimidad esencial para que no se vea cuestionada permanentemente. Ecologistas en Acción consideró la ocultación como una "falta de respeto democrático". En parecido sentido se expresaron Greenpeace y el sector nuclear.

Al apurar el plazo, el CSN ha permitido al Ejecutivo mantener hasta el último minuto de la campaña el discurso de que no podía opinar hasta conocer el dictamen. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, se atuvo al guión en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Espinosa -que se refirió al CSN como "consejo de energía nuclear" o "comisión de energía nuclear"- afirmó que no era electoralista el plazo porque si esa fuera su intención podrían haber retrasado el informe unos días. En realidad, el CSN apuró el plazo legal al límite y desde hace 10 años sabe que su fecha tope para entregar el informe era el día de ayer.

El consejo acepta que la nuclear funcione 10 años más, pero le impone un amplio catálogo de condiciones. Entre los más importantes está la renovación y duplicación de kilómetros y kilómetros de cables -algo que la nuclear prevé realizar en la parada de recarga de 2013 y para lo que tiene que construir un nuevo edificio- y un cambio en el sistema de ventilación del edificio de contención y en la purificación de los gases de la sala de control, que la nuclear prevé llevar a cabo en 2011. Estas obras costarán unos 50 millones de euros, que se suman a los 169,7 millones que ha invertido desde 1999.

La inversión es asumible para la planta, pues el sector nuclear se juega mucho en la prórroga. Garoña es la central más antigua de España -se conectó a la red en 1971- y es la más pequeña de las que existen. En 2008 aportó un 1,35% de la electricidad consumida, por lo que su cierre sería asumible para el sistema. Pero su prórroga abriría la puerta al resto, construidas 10 años después.

El PP saludó la decisión del consejo y el partido, tibio en público hasta hace poco en defensa de la energía nuclear, lo celebró abiertamente. "Si no le hacemos caso al consejo estaríamos un poco locos", afirmó el popular Santiago Lanzuela. La Junta de Castilla y León también pidió al Gobierno que prorrogue la vida de la central. Los ecologistas e ICV pidieron el cierre inmediato.

El Ejecutivo está dividido. Tanto, que el Ministerio de Industria prepara dos argumentarios para sus cargos: uno por si el Gobierno cierra la planta -como llevaba el PSOE en su programa electoral- y otro por si rectifica y alarga su vida. El martes del PP preguntará a Zapatero por Garoña en el Senado y el miércoles lo hará Joan Herrera en el Congreso.

Entre los socialistas habló el responsable de Medio Ambiente, Hugo Morán, que señaló que en la decisión del Gobierno la seguridad será "un argumento más", pero que "entran en juego las razones ambientales, económicas o sociales". La consigna es no tocar el fondo del asunto pero hay deslices. Al número dos del PSOE, José Blanco, se le escapó el día anterior en Radio Nacional: "Cuando conozcamos el informe [del CSN] manifestaré mi oposi... mi opinión".

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