Un código que es papel mojado

La proliferación de programas de chismorreo, asalto a la intimidad y morbo revestido de telerrealidad llevó a las televisiones a firmar un código de autorregulación que, tres años después, parece papel mojado. Una muestra del relajo en el que han caído las cadenas es el llamamiento que hace apenas dos semanas lanzó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Ante los máximos directivos de Antena 3, Tele 5, Sogecable, La Sexta, Net TV y Veo TV -firmantes del código- reclamó mayor vigilancia sobre los contenidos televisivos que se emiten en horario infantil.

El Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, ratificado en diciembre de 2004, aspiraba a suprimir programas inapropiados para los menores en un amplio horario de protección (de 6.00 a 22.00) y establecía dos franjas de especial amparo (de 8.00 a 9.00 y de 17.00 a 22.00). Culebrones, cotilleos y resúmenes de los formatos teleencierro (al estilo de Gran Hermano) siguen copando estos horarios. Las cadenas no han cambiado el paso. "No han reflexionado sobre qué tipo de programas emiten en estos tramos. Las tardes son inadecuadas para los menores. No tienen un perfil familiar, como ocurre en los países de la UE. En España hay una inversión de contenidos. Espacios de adultos se emiten por la tarde y los formatos familiares se desplazan a la noche", afirma el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales.

En términos generales, los programas basura han rebajado el tono, pero espacios como El diario de Patricia o Aquí hay tomate, "no deberían emitirse en horario infantil", afirma Perales. "Acudir a los programas sin saber a qué se va es muy peligroso. Es impresentable que la gente acuda a la televisión para despachar agravios antiguos o confesiones públicas".

Algunos expertos han aprovechado la polémica desatada en torno al asesinato de Svetlana a manos de su ex novio cinco días después de aparecer en El diario de Patricia, para reclamar la creación urgente de un consejo audiovisual estatal. En su último informe, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, consideró "imprescindible" el nacimiento de una autoridad independiente con competencias en emisoras públicas y privadas. Tras lamentar los "reiterados incumplimientos" del código de autorregulación, consideraba que la figura de ese consejo (que opera en todos los países de la UE menos en España) contribuiría a garantizar los derechos de los espectadores.

En la misma línea, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que el código no ha servido para nada. "Se ha cambiado algún programa, pero no los contenidos, que no promueven ningún valor y muestran lo más bajo de la condición humana. Las sanciones que recoge son ridículas, así que a las cadenas les da igual. Desde las 17.00 hasta las 22.00 el contenido de todas las cadenas es absolutamente inadecuado: sexo, violencia, famosos detenidos por la policía, matrimonios que discuten... es una locura y aquí nadie dice nada. No se puede tolerar. No podemos seguir en esta línea. Las cadenas tienen que reflexionar y también la sociedad".

Pero el Gobierno no se plantea adoptar medidas para evitar situaciones como las que se han dado en ciertos reality-show de TVE. A través de una respuesta parlamentaria al grupo de IU-ICV el Ejecutivo afirma que "no puede manifestar si piensa o no adoptar alguna medida" sobre el caso de Joaquín Prieto, a quien sus cuñadas le acusaron en 1995 desde el plató del programa Quién sabe dónde de matar a su ex mujer, Amalia Calero. El Tribunal Constitucional ha concedido amparo al hombre en su reclamación de protección al honor y a la intimidad.