El Gobierno acusa a Aguirre de engañar sobre Ciudadanía

"Sinceramente, creo que están engañando a los padres, poniendo en peligro la educación de sus hijos y politizando la educación. Es una actitud irresponsable". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refería así, tras el Consejo de Ministros de ayer, al anuncio del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, de permitir la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ésta dejaría sin el título de ESO a los objetores, según el Ministerio de Educación.

El tribunal de Aragón dice que "no procede amparar derecho fundamental alguno"

Madrid permitirá la objeción a todo el que la solicite amparándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que admite esa posibilidad para un alumno. Esta decisión se va a recurrir en el Tribunal Supremo y tiene en contra otras 12 dictadas en sentido contrario en Asturias, tres en Cataluña y otra más, conocida ayer, en Aragón.

A pesar de todo ello, la presidenta madrileña se ratificó, también ayer, en su decisión y, amparándose de nuevo en la sentencia andaluza, negó que suponga "insumisión" a la ley de enseñanza, como ha dicho Fernández de la Vega. También volvió a mencionar Aguirre en declaraciones a Telemadrid que los alumnos que objeten podrán sustituir Ciudadanía por actividades de voluntariado. Una opción ilegal, puesto que una asignatura designada por ley no puede sustituirse ni por otra ni por las actividades que se quiera.

De hecho, esto ya lo propuso Aguirre en mayo pasado y fue desautorizada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que afirmó que se trata de una asignatura obligatoria y que hay que cumplir la ley. A pesar de todo ello, tras la sentencia andaluza, Madrid ha retomado su oposición activa a esta materia.

Además de las sentencias en contra de Asturias y los tres casos desestimados en Cataluña, ayer se le sumaron otras dos decisiones contrarias en Aragón. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Teruel ha desestimado la demanda para objetar de dos padres del Instituto Damián Forment de la localidad turolense de Alcorisa. La magistrada Elena Marcén concluye en una sentencia de 13 folios que "no cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho a la libertad ideológica y en consecuencia que no procede amparar derecho fundamental alguno".

Aún quedan por resolver en la justicia varias decenas de recursos, según las asociaciones promotoras de la objeción, en Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Navarra. El Ministerio de Educación ha pedido a la Abogacía del Estado que busque todas las causas abiertas para tomar parte en las mismas.