La Eurocámara rechaza penalizar las descargas
Juzga "esencial" no obstaculizar el acceso a la cultura
El Parlamento Europeo no quiere que se persiga a los internautas que descargan música y otros contenidos culturales de forma masiva. Ayer rechazó, con 314 votos a favor y 297 en contra, un informe que proponía una serie de medidas para penalizar a quienes se aprovechan de los programas de intercambio de archivos p2p (peer to peer) para acceder gratis a la cultura.
La Eurocámara considera demasiado restrictivas las medidas propuestas para proteger los derechos de autor y cree además que no son las adecuadas para combatir las descargas. El texto pide que se reconozca que, con Internet, "han cambiado de forma radical los modos clásicos de utilización de los productos y servicios culturales" y considera "esencial" velar por un acceso sin obstáculos a los contenidos culturales en línea, "por encima de una lógica puramente económica y comercial".
En cualquier caso, los eurodiputados recuerdan que debe garantizarse una "remuneración justa" para los titulares de derechos y admiten que los ingresos derivados de ellos son "indispensables para la supervivencia de las industrias culturales", pero siempre guardando un equilibrio con los derechos de los internautas.
Las medidas restrictivas que se pedían en el informe eran muy similares a las que quieren aplicar en Reino Unido y Francia. Ambos países han aprobado una legislación que permite el control por parte de los proveedores de acceso a Internet (ISP) de las descargas que hacen sus abonados y, la penalización o, en su caso, la desconexión para aquellos que utilicen de forma masiva los programas p2p como eMule, Bittorrent o Ares.
En España, las entidades de gestión quieren que se aplique un modelo similar de vigilancia y corte de suministro. De hecho, intentaron introducir sin éxito un artículo (el famoso 17 bis) en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, tramitada en 2007.
Las descargas no son delito ni piratería siempre que no tengan un fin lucrativo, según la doctrina de la Fiscalía General del Estado.
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