Estrasburgo condena a Irlanda por impedir un aborto terapéutico
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó ayer a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros, por los daños morales ocasionados, a una enferma de cáncer a la que impidió abortar. En ese país, la interrupción del embarazo es un delito, excepto en casos muy específicos de riesgo grave para la paciente -preeclampsia (hipertensión provocada por el embarazo), cáncer de útero y embarazo extra uterino-.
Y a la demandante, una lituana que además se había sometido a varias pruebas incompatibles con el embarazo cuando aún no sabía que estaba encinta, ni siquiera se le informó de si su caso se hallaba dentro del supuesto permitido para abortar debido a su enfermedad. Así, el alto tribunal considera que Irlanda no respetó "los valores fundamentales" y "esenciales" de la vida privada de la afectada, que tuvo que viajar a Reino Unido para interrumpir su embarazo.
La mujer, enferma de cáncer en tratamiento, viajó a Reino Unido
La afectada, a la que nadie informó del riesgo que corría su vida y la del feto mientras se sometía al tratamiento para curarse de su enfermedad había solicitado una indemnización de 1.500 euros para hacer frente a los gastos clínicos del aborto y otros 40.000 por daños morales.
La sentencia del tribunal europeo critica la falta de claridad de la ley irlandesa y sus rendijas sobre la legalidad del aborto en caso de enfermedad. También considera "injustificada" la ausencia de una normativa que determine el derecho de la mujer a abortar en caso de riesgo para su vida. Las restricciones legales y las penas a las que se enfrentan tanto las mujeres que abortan en ese país -sanciones económicas y trabajos forzados vitalicios, por ejemplo- como los médicos que practican estas intervenciones son un elemento disuasorio para ambos; tanto para que la mujer consulte al profesional como para que el médico le dé la información. En Irlanda ni siquiera hay datos de cuántos abortos legales se producen.
Hace unos meses, un informe de la organización Human Rights Watch denunciaba la situación en ese país, donde la escasa orientación jurídica sobre cuándo un aborto puede ser realizado de manera legal deja a las mujeres en una "grave situación de inseguridad".
El Tribunal de Derechos Humanos, dependiente del Consejo de Europa, desestimó, sin embargo, la demanda de otras dos mujeres que tuvieron que viajar a abortar a Reino Unido. Ninguna había alegado causas médicas.
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