El Ejecutivo sale en defensa de la inmersión en catalán y critica al PP

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exige reforzar el castellano en las escuelas catalanas repercutió ayer en el tablero político nacional con vistas a las elecciones generales del próximo noviembre. El Gobierno central saltó en defensa de la inmersión lingüística en un entorno institucionalmente relevante -la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- en el que se empleó en criticar la postura del PP. "Utiliza la lengua con intereses partidistas para provocar la confrontación siempre que se aproximan elecciones", protestó el portavoz del Gobierno, el socialista José Blanco. Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y su homóloga de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, también defendieron esta semana el modelo catalán pero sin el marco institucional que representó Blanco.

Las protestas ciudadanas monopolizarán la Diada

El litigio contra la inmersión lingüística también sirvió de munición para los dirigentes populares. La líder del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, se posicionó en contra de la Generalitat y de su defensa del modelo educativo catalán. "Las leyes están para cumplirse y el auto se refiere a los derechos de las personas. Incumplir la ley no es el mejor ejemplo que pueda dar a nadie", defendió en relación con la postura expresada por Blanco.

Aguirre se pronunció sobre el asunto el día después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, tratara de atemperar la postura del partido. "El PP pretende estar muy cerca de CiU. No vamos a supeditar el debate sobre la creación de empleo a ningún asunto que pueda separarnos", señaló tras las advertencias del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que la agresividad del PP en el tema lingüístico amenazaba futuros pactos.

El PP necesita del apoyo convergente para posibles acuerdos poselectorales en caso de que logre una victoria sin mayoría absoluta y también evita radicalizar su discurso para prolongar sus buenos resultados en las urnas en Cataluña. Pero Aguirre, menos pendiente del electorado nacional, marcó distancias de esta estrategia para dejar claro su rechazo a cualquier guiño a CiU y al modelo de inmersión lingüística.

Blanco, por su parte, incluso detalló que la inmersión deriva de una ley aprobada en 1983 y constituye un sistema "muy parecido al que impulsó en Galicia el expresidente Fraga". "Cuenta con el aval del Tribunal Constitucional y funciona como vehículo de integración", añadió el portavoz en la línea de los argumentos defendidos por la Generalitat en el recurso presentado el martes contra la resolución judicial. El Gobierno catalán alega que Tribunal Constitucional ha avalado el modelo en cuatro sentencias, entre 1983 y 2010.

La polémica también se lee ya en clave electoral en Cataluña, donde PSC, CiU y ERC buscan capitalizar para sí el movimiento social que reclama defender la inmersión lingüística. La Asociación Catalana de Universidades Públicas, que integra a las ocho universidades públicas catalanas, dio ayer su "pleno apoyo" al modelo. Lo hizo en un comunicado con contenido muy similar al de las mociones que presentan en la mayoría de Ayuntamientos catalanes, entre ellos los de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

La protesta popular cristalizará el domingo, Diada de Cataluña, en la que las principales manifestaciones recogerán lemas en defensa del sistema educativo. Lingüistas y expertos, por su parte, optan ahora por distanciarse de estos movimientos. "Defendemos la inmersión desde el punto de vista pedagógico pero unos y otros no dejan de contaminarla por intereses políticos", ilustró el catedrático de educación comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ferran Ferrer.