Derecho a un adiós íntimo y sin dolor

La llamada ley de muerte digna estatal llega justo a tiempo. Ya hay tres comunidades autónomas -que son las que tienen las competencias sanitarias- que han regulado la atención que debe recibir un paciente al final de su vida: Andalucía (2010), Aragón (2011) y Navarra (2011). Con la iniciativa nacional se impide que pueda llegarse a lo que algún experto ha denominado "turismo eutanásico".

Aunque esta denominación es más efectista que real. Las tres normas son bastante parecidas entre sí y tendrán un fácil encaje en la ley que prepara el Ministerio de Sanidad. Pero en ninguno de los casos hablan de la eutanasia. De hecho, los promotores (PSOE en Andalucía, NaBai en Navarra e IU en Aragón) han buscado una denominación similar a la de la norma presentada ayer por la ministra Leire Pajín, huyendo de términos como muerte digna en un intento de dejar claro que no se trata de aprobar nada parecido a la eutanasia -algo que, de todas formas, no habrían podido hacer ni aunque hubieran querido-. La eutanasia (por ejemplo, inyectarfármacos a una persona que los pide para provocar su muerte) y el suicidio asistido (facilitar que acceda a ellos) están castigados en el artículo 143 del Código Penal, por lo que su modificación es competencia estatal.

Así pues, en el mundo siguen siendo solo tres los países que permiten que un médico suministre a un enfermo terminal los fármacos que necesita para tener una muerte lo más plácida posible, siempre a petición de este: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Los dos primeros regularon la práctica en 2002. En Luxemburgo la ley se aprobó -con la oposición del Gran Duque- en 2008.

En Holanda, el primer año de aplicación de la ley solicitaron acogerse a ella poco más de 1.815 personas; el año pasado, fueron 2.636, de las que un 80% pidió recibirla en su propio domicilio.

Tampoco son más los países que permiten el suicidio asistido (que un profesional sanitario facilite los medicamentos necesarios para poner fin a la propia vida). El pionero fue el Estado de Oregón, en 1997.

En Europa, solo está el caso de Suiza, y casi de rebote. Un vacío legal permite que operen clínicas como Dignitas en las que un enfermo terminal recibe el asesoramiento y los medicamentos necesarios para suicidarse. Pero no sin problemas. Por lo menos para algunos extranjeros, como los británicos, hasta hace poco, quien acompañara a un paciente a este centro podía ser acusado a la vuelta del delito de ayudar al suicidio.

Ni siquiera es un derecho en muchos países renunciar a los tratamientos médicos si ello supone la muerte, como está establecido en España y el anteproyecto presentado ayer consagra. En Italia sucede eso teóricamente, pero el caso de Eluana Englaro y su peregrinar por distintas clínicas hasta que se encontró una donde aceptaron desconectarla es un ejemplo de las dificultades: la chica quedó en estado vegetativo en 1992; en 1999 su padre recibió la primera sentencia contraria, y solo consiguió su propósito en 2009. Ese derecho sí se reconoce en Noruega, Dinamarca, Alemania o Austria.

A falta de conocer el anteproyecto de la llamada ya popularmente ley de muerte digna, los aspectos más destacables de esta frente a la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, en la que se basa, son los siguientes.

- Intimidad. Se intentará -en lo posible- que quienes agonicen en un hospital cuenten con un espacio reservado para estar acompañados por quienes ellos quieran. Si prefieren hacerlo en casa, se prestará atención domiciliaria.

- Voluntad del paciente. Los médicos tendrán que consultar el Registro de Últimas Voluntades para saber qué quiere el paciente. (antes habrá que conectar los distintos registros autonómicos existentes).

- Objeción de los médicos. No se observa, porque lo que se les pide está considerado como buenas prácticas.