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domingo, 28 de agosto de 2011

Aval para la muerte digna de Ramona

Los tribunales archivan la denuncia de los ultraconservadores contra la retirada de la sonda a una enferma terminal en Huelva - La familia declara ante el juez

Aval de la justicia para una decisión pionera. Dos jueces de Huelva han archivado sendas denuncias por la retirada de la sonda nasogástrica a una enferma terminal, Ramona Estévez, en el hospital Blanca Paloma de Huelva. La orden de quitar la vía, una iniciativa pionera en España, partió de la Junta de Andalucía y se emitió a petición de la familia. Ayer, el juzgado de instrucción número 5, tras recabar información médica y hablar con los parientes, decidió archivar el caso. Lo mismo había hecho ya en torno al mismo asunto el juzgado número 4, según fuentes judiciales.

Ello da al traste, al menos de momento, con la petición de la Asociación Derecho a Vivir: solicitó a la justicia el restablecimiento, con carácter cautelar, de la alimentación por sonda a la paciente. También el obispo de Huelva, José Vilaplana, criticó la retirada de la vía, que calificó como "un acto de eutanasia".

El obispo onubese considera lo ocurrido "un acto de eutanasia"

"Mi madre no quería vivir amarrada a unos tubos", aseguró el hijo

La Asociación Derecho a Vivir, de carácter ultraconservador, presentó este viernes una denuncia para pedir que se restableciera la sonda que alimenta a la enferma, de 90 años y víctima de un infarto cerebral masivo. A su juicio, se trababa de un acto de "eutanasia". El portavoz de la asociación en Huelva, Eduardo Gómez, aseguró, según Europa Press, que su objetivo era que la enferma recibiera "los cuidados indicados por los médicos que la atienden, conforme a la lex artis [código de buenas prácticas médicas] y al ordenamiento jurídico español que persigue la práctica de la eutanasia". Añadió que la sonda era un medio ordinario "para preservar la vida".

El mismo viernes se comunicó a la familia que debería acudir al juzgado al día siguiente. Había que decidir con urgencia. Los parientes acudieron ayer por la mañana. El juez tenía sobre la mesa una denuncia por omisión del deber de socorro, según fuentes jurídicas. A media tarde, en medios judiciales confirmaron el archivo de la causa y de otra en torno al mismo caso en otro juzgado. Este periódico no logró saber si la Asociación Derecho a la Vida recurrirá la medida.

La Consejería de Sanidad, por su parte, ignoraba ayer la resolución judicial. Sólo tenía noticias periodístícas de la intención de los provida de presentar una denuncia contra la Junta de Andalucía por dar la orden de retirar la sonda y otra para pedir la tutela de la enferma.

A comienzos de esta semana, cuando se hizo pública la situación de Ramona Estévez, víctima de un grave infarto cerebral, defensores de la muerte digna y contrarios a ella se pusieron en marcha. La Junta de Andalucía respaldó la demanda de la familia, que había pedido sin éxito al hospital la retirada de la sonda implantada a la enferma el pasado día 4. "La habían convertido en una máquina de bombear sangre. Y eso puede ser viable técnicamente, pero no es admisible ni humano", afirmaba el martes su hijo, José Ramón Páez. El hospital Blanca Paloma, privado pero concertado con la Junta de Andalucía, acató la orden. La sonda nasogástrica fue retirada.

A juicio de la Junta de Andalucía, la ley autonómica de muerte digna, aprobada el año pasado, avalaba la actuación de la Administración. Esta norma establece que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida". Según José Ramón Paéz Estévez, hijo de la paciente, su madre "no quería vivir amarrada a unos tubos".

La mujer sufrió un infarto cerebral el pasado 26 de julio. Según su hijo, los médicos les dijeron que tenía "todo el cerebro afectado, y que en ese estado no la iban a sondar para martirizarla". Fue trasladada al hospital Blanca Paloma, donde los médicos sí optaron por sondarla "porque los sueros solos no eran bastante", ha relatado el hijo. Él se opuso sin éxito. De ahí que recurriera a la Junta de Andalucía.

La retirada de la sonda a Estévez, que permanece en el mismo hospital, ha provocado una fuerte crítica del obispo de Huelva, José Vilaplana. En un comunicado, afirmó anteayer que "toda acción dirigida a interrumpir la alimentación o la hidratación constituye un acto de eutanasia en el que la muerte se produce no por la enfermedad, sino por la sed y el hambre provocada". Además de apoyar la objeción de conciencia de los médicos ante casos así, el obispo señalaba que el deber de la sociedad es "ayudar a vivir" a la enferma.

La ley que nunca llega

- La ley de muerte digna de Andalucía se aprobó el año pasado. Pretendía corregir casos como el de Inmaculada Echevarría, una mujer que debió luchar durante meses para que la Junta andaluza

le permitiera, en 2007, la retirada del respirador que

la mantenía con vida desde hacía 11 años.

- Tras la norma andaluza, otras dos comunidades autónomas, Aragón y Navarra, han legislado sobre la muerte digna.

- El proyecto del PSOE de aprobar una ley estatal sobre esta cuestión quedará aparcado. La pronta disolución del Parlamento debido a la convocatoria de elecciones generales anticipadas impide tramitar ese proyecto de ley.

José Ramón Páez en el hospital donde permanece su madre. / IVÁN BOZA

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