Avaricia, sí; pero no con mis impuestos

Desde que estallara la crisis financiera en agosto de 2007, los países desarrollados, con EE UU y la UE a la cabeza, han tenido que inyectar alrededor de cinco billones de euros (toda la riqueza que crea España en cinco años) de dinero público para evitar la quiebra de bancos, aseguradoras y empresas manufactureras. En muchos casos, los directivos de las firmas intervenidas siguen cobrando sobresueldos e indemnizaciones millonarias que han levantado la ira popular en forma de secuestros de gerentes, amenazas de muerte, protestas y vandalismo.

Los manifestantes no claman por el regreso al comunismo ni por un régimen utópico. Desean simplemente que se vuelva a la esencia del capitalismo: mérito y recompensa. Y que los nuevos señores feudales de Wall Street o la City, los distritos financieros de Nueva York y Londres, no esquilmen al contribuyente con la excusa de que hay que salvar el sistema cueste lo que cueste. Su lema no es Muerte al capitalismo sino No con mis impuestos.

Los trabajadores han secuestrado a los gerentes de 3M, Sony o Caterpillar

Un foro de la UE pide que se limite la indemnización a dos años de salario

Los sobresueldos de ING, UBS, AIG o Société Générale han sido devueltos

The Economist: Si intentas pegar a un rico, el golpe puede acabar en tu nariz

Algunos Gobiernos, como el de EE UU, el alemán o el francés no han tenido más remedio que hacer leyes a toda prisa para limitar -o eliminar- esas prebendas. Pero esos mismos Gobiernos se enfrentan al dilema de que, pese al desastre causado, necesitan buenos ejecutivos que saneen las empresas intervenidas y las hagan rentables para que, en la medida de lo posible, devuelvan el dinero a los contribuyentes. ¿Podrán reclutarlos con sueldos y condiciones espartanos?

Un autobús turístico recorre la llamada Costa Dorada de Fairfield, un barrio exclusivo del que la clase media fue expulsada hace tiempo cuando los ejecutivos de Wall Street comenzaron a mudarse a este condado de Connecticut. El autobús hace varias paradas frente a mansiones. Los pasajeros se bajan y depositan octavillas en la puerta, en la que se puede leer: "Devuelvan el dinero de los contribuyentes". Se trata de los hogares de ejecutivos de la aseguradora AIG, como Douglas Poling o James Hass, que acaban de cobrar primas por valor de 165 millones de dólares pese a que la mayor aseguradora del mundo se ha librado de la quiebra gracias a los 180.000 millones de dólares que ha inyectado el Gobierno. "Sólo queremos presionar para que hagan lo que tienen que hacer", dice Mark Dziubek, un obrero metalúrgico con cinco hijos que acaba de perder su empleo.

Los ejecutivos de AIG, tras recibir amenazas de muerte y apelaciones al suicidio (como la que hizo el senador republicano Charles Grassley) han devuelto la mitad de los 165 millones de dólares recibidos. Obama ha cedido a la presión popular. El Congreso ha aprobado un proyecto de ley que gravará con un 90% las primas de los directivos cuyo salario supere los 250.000 dólares, para todas aquellas empresas que hayan recibido ayudas públicas por más de 5.000 millones de dólares.

Estas medidas soliviantan a gran parte del establishment económico. The Economist, el semanario financiero más influyente, dedica su último número a este debate y pide mesura. "Las regulaciones para recortar los excesos de riqueza deben hacer que el capitalismo funcione mejor. Puede que tales medidas no proporcionen las letras de himnos revolucionarios, pero serán mejores que perseguir la riqueza. Los ricos son un objetivo fácil. Pero cuando tratas de golpearlos, generalmente acabas golpeándote tu propia nariz", dice el editorial de la publicación titulado Los ricos bajo ataque.

Los manifestantes en las protestas de la reunión del G-20, celebrada este jueves en Londres, no leen The Economist. Los ejecutivos de La City han tenido que disfrazarse con sudaderas para evitar ser blanco de los activistas, que mostraban predilección por patear las lunas de las sucursales de Royal Bank of Scotland (RBS), al que el Estado ha tenido que inyectar 22.000 millones de euros.

Días antes del G-20, la mansión de Fred Goodwin, el banquero que llevó a la ruina a RBS, fue atacada por un grupo de activistas que destrozaron también su Mercedes S600 aparcado en la entrada a la propiedad. Fred la Trituradora, como se le conoce por su afición a sanear empresas con despidos masivos, pactó con el Gobierno de Gordon Brown una pensión vitalicia anual de 760.000 euros.

Las protestas se extienden en Francia, donde grupos de trabajadores han secuestrado a los directores generales de 3M, PPR, Caterpillar y Sony, tras anunciar despidos masivos. Los empleados de GDF Suez paralizaron terminales de carga de gas al conocer los planes de opciones sobre acciones de los dirigentes de la empresa, con capital público.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la calma, pero han mostrado su comprensión con las protestas. "Quien siembra la miseria cosecha la cólera", ha dicho Bruno Lemerle, delegado del principal sindicato en Peugeot, CGT.

El caso más sonado ha sido el del ex director de Valeo, Thierry Morin, que se llevó 3,2 millones de euros como indemnización, tras despedir a 1.600 empleados y recibir 20 millones de euros de fondos públicos. Sarkozy le ha pedido que devuelva la indemnización, lo mismo que ha dicho de los 51 millones de euros que se han llevado los ejecutivos de Crédit Agricole, tras recibir una ayuda estatal de 3.200 millones de euros.

Hay motivos para la protesta. La brecha salarial entre esta casta directiva y el resto de trabajadores se ha convertido en abismo en los últimos años. En 1976, la remuneración media de los máximos ejecutivos de las firmas estadounidenses era 36 veces superior al sueldo medio de un trabajador de la empresa; en 1989, era 71 veces más, y en 2007, cada directivo recibió 275 veces la retribución de sus trabajadores, según las cifras de The Institute for Policy Studies, la institución privada experta en desigualdades sociales. El informe revela que entre 1996 y 2006 las retribuciones de los consejeros delegados crecieron un 45%, cuando el sueldo medio del trabajador estadounidense aumentó sólo un 7%.

"En los últimos 15 años, la retribución de los directivos ha crecido de manera desmesurada y no tiene ninguna relación con las prestaciones reales a la empresa. La causa de ese fenómeno es que estos directivos han perseguido objetivos a corto plazo, dejando a veces de tomar decisiones necesarias pero dolorosas para la empresa para impedir, por ejemplo, que bajara el precio de las acciones, a las que estaban referenciados sus bonus. Es preciso poner coto a estas retribuciones y a los blindajes, y que se justifiquen con la situación real de la empresa", señala Sandalio Gómez, profesor del IESE, experto en relaciones laborales.

Recortar los salarios de los ejecutivos no es tan sencillo. El lobby de las grandes corporaciones estadounidenses, los bufetes de abogados y las escuelas de negocios más exclusivos advierten que, si se recortan los incentivos, los mejores directivos abandonarán las empresas intervenidas y su recuperación (y con ella el dinero de los contribuyentes) tardará más en llegar.

El propio Barack Obama ha suavizado su discurso en los últimos días. Su último plan de limpieza de activos tóxicos requiere la implicación de los hedge funds (fondos de alto riesgo), cuyos gestores deben decidir si acuden o no a las subastas públicas de esos activos. Si comienzan a proliferar leyes con carácter retroactivo como la de las primas de AIG, los ejecutivos pueden huir despavoridos preguntándose: "¿Para qué arriesgar dinero ayudando al Estado si luego vamos a tener que devolver los beneficios vía impuestos?". Prueba de esa tibieza es que la delegación estadounidense no ha protestado porque su propuesta de publicar los sueldos de los banqueros no haya sido incluida en la declaración final del G-20.

La crisis ha pasado factura también a los directivos, pero aún gozan de buena salud. En 2008, la retribución media de los 25 mayores gestores de hedge funds, los amos y señores de la especulación internacional, cayó un 19%. Aun así ganaron 11.600 millones de dólares, según Hedge Fund Research. El más avispado fue James Simons, que ganó 2.500 millones de dólares. John Paulson obtuvo 2.000 millones, apostando por la caída de la banca británica, salvada con dinero público. A John Arnold, de 34 años, tampoco le fue mal. Comenzó su carrera especulando en Enron, la eléctrica que protagonizó la mayor quiebra de la historia. Salió indemne y rico de aquel escándalo. Fundó Centaurus Energy, que el pasado año ganó 1.500 millones de dólares. El empuje de estos tiburones ha dejado a George Soros, el célebre multimillonario, rezagado en un discreto cuarto puesto.

Las voces que piden que se reforme el sistema de incentivos son aún pocas y tímidas. The European Governance Forum, un foro de debate creado por la Comisión Europea e integrado por grandes multinacionales, ha sugerido en su último informe, del pasado 24 de marzo, que los códigos de conducta voluntarios se plasmen en una directiva europea.

Entre las normas por las que abogan están: fijar un tope en la relación entre el salario fijo y el variable; que el pago de los bonus anuales sea diferido en el tiempo -entre dos y cuatro años- con el fin de cerciorarse de que realmente se han cumplido los objetivos y que los ejecutivos no hinchan los resultados del ejercicio artificialmente; y que las indemnizaciones por despido no superen en ningún caso dos años de salario.

Por el momento, sólo se habla de códigos de gobierno corporativo, de adopción voluntaria, y no de normas de obligado cumplimiento, como las que regulan, por ejemplo, los despidos de los trabajadores de a pie. Y tan sólo Alemania y EE UU han regulado sobre la materia. Los ejecutivos alemanes deberán mantener las opciones sobre acciones (stock options) de su empresa al menos cuatro años en lugar de los dos que rigen en la actualidad. Su salario será establecido por el consejo de vigilancia, un órgano en el que están representados los sindicatos, y no por el pequeño comité de retribuciones del consejo de administración.

Estados Unidos ha impuesto que los salarios de los ejecutivos de empresas rescatadas por el Gobierno federal tengan un tope de 500.000 dólares por año. Además, está prohibida toda retribución adicional que se pueda convertir en efectivo antes de que la ayuda haya sido devuelta al Estado. En Francia, Sarkozy, ha dado un ultimátum a la patronal francesa para que haga propuestas antes de recurrir a un decreto limitando los salarios.

La indignación popular ha hecho que el presidente del banco holandés ING haya pedido a los 1.200 máximos ejecutivos que renuncien a los 300 millones de euros que cobraron en primas a cargo del ejercicio 2008, cuando el Estado tuvo que inyectar a la entidad 10.000 millones. Los directivos de Société Générale renunciaron a sus stock options. Y ejecutivos del banco suizo UBS han devuelto hasta 45 millones de euros.

"El escándalo social que han provocado estos casos es razonable. Y, posiblemente, los Gobiernos no puedan hacer una ley para intervenir los sueldos de las empresas privadas, pero sí pueden fijar los niveles de retribución en las compañías que son intervenidas o precisan de ayudas públicas. Bastaría incluir una cláusula que supedite las ayudas a un tope salarial o a que las retribuciones variables estén vinculadas a los resultados globales de la empresa", indica Marcel Planellas, secretario general de ESADE.

Hay voces también que advierten de los peligros de ir demasiado lejos, e incluso quienes tachan de populismo estas medidas. Jake Desantis, vicepresidente del cuestionado departamento de productos financieros de AIG, que en una carta publicada en The New York Times, bajo el título Yo, dimito, acusaba al presidente de la firma, Edwards Liddy, y a los políticos de "dejarle indefenso frente al oprobio público y la deshonra". Desantis, que llevaba 11 años en la aseguradora, defendía que no tenía nada que ver con los desmanes de sus superiores en el pasado, y renunciaba a su prima de 740.000 dólares.

En EE UU, un grupo de abogados prepara un recurso contra la tasa del 90% basándose en una resolución del Tribunal Supremo de 1946 que prohíbe que se pongan en marcha leyes para aplicarlas específicamente contra un grupo de personas determinado, en este caso, los ejecutivos de AIG y de otras compañías.

El asunto tiene todos los visos de acabar en los tribunales, donde ya se litigan los 3.600 millones que cobraron los directivos de Merrill Lynch, justamente antes de ser absorbidos por Bank of America, que ha precisado de ayudas públicas por valor de 45.000 millones de dólares.

Para Salvador del Rey, socio de Cuatrecasas y catedrático de Derecho del Trabajo, este tipo de leyes no tiene por qué plantear ningún obstáculo. "Las primas se concedieron de acuerdo a unas circunstancias que han cambiado, puesto que las empresas han tenido que recibir una inyección de dinero público, por lo que deberían ser devueltas. No obstante, lo ideal sería que el Estado en el momento de formalizar las ayudas, incluyera una cláusula precisa sobre las primas a los directivos".

Una de las defensas más socorridas que alegan los ejecutivos es que nadie protesta por las remuneraciones astronómicas de los deportistas o las estrellas del rock. Pero hasta este argumento está en entredicho. Según los cálculos de Bloomberg, Tiger Woods, el deportista mejor pagado, gana 60.000 dólares a la hora. Bernard Madoff, el financiero que ha protagonizado el mayor fraude de la historia, ha robado 1,6 millones de dólares cada día de trabajo desde 1990, lo que equivale a 200.000 dólares a la hora.

Tal vez el camino sea el abierto en Suiza, donde una iniciativa popular ha reunido 120.000 firmas para poner freno a los salarios de los directivos. Lo curioso es que el promotor de la iniciativa es Thomas Minder, un empresario de éxito.