Los servicios de inteligencia alertan del riesgo de que aumenten los ataques en Afganistán

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los dos servicios adscritos al Ministerio de Defensa, vienen advirtiendo desde hace meses del deterioro de la seguridad en Afganistán y del riesgo de que aumenten los ataques contra las tropas españolas cuando llegue la primavera. La muerte por la explosión de una mina de la soldado Idoia Rodríguez Buján, que será enterrada hoy en su localidad natal de Friol (Lugo), confirma los peores augurios. En mayo pasado, el Congreso aprobó el envío de 150 soldados más, la mitad de los solicitados por los mandos militares. Ahora, los planes de nuevos refuerzos han quedado aparcados tras descartarlos públicamente el jefe del Gobierno.

El año pasado, con más de 4.000 muertos, fue el más violento en Afganistán desde la guerra de 2001. Este año podría serlo aún más, a la luz de los pronósticos de la OTAN y de los propios servicios de inteligencia españoles. La recuperación de los talibanes, apoyados en la impopularidad de la corrupta e ineficaz Administración de Karzai, es un hecho constatado por todos los observadores. Cuando llegue el deshielo, podrán bajar de las montañas y multiplicar los actos de hostigamiento contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF).

Pero incluso si la temida ofensiva de primavera no llegara a producirse, el recrudecimiento de la violencia está garantizado, a juicio de los expertos, pues EE UU, que dirige desde febrero pasado las tropas de la OTAN, ha anunciado que emprenderá operaciones para expulsar a los talibanes de sus santuarios en la permeable frontera paquistaní.

Los servicios de inteligencia coinciden en que la reanudación de los combates en el este y el sur del país acabará repercutiendo en el resto. "La insurgencia funciona como vasos comunicantes. Si se siente presionada en una zona, buscará el punto de menor resistencia", opina un experto.

Farah y Shindand

La provincia de Farah, la más meridional de la cuatro de la región oeste, donde la compañía española de reacción rápida (QRF) presta apoyo a un equipo de reconstrucción (PRT) estadounidense, se considera una de las de mayor riesgo y lo mismo sucede con el distrito de Shindand, perteneciente a la provincia de Herat pero limítrofe con Farah, donde el miércoles perdió la vida Idoia Rodríguez y en noviembre sufrieron las tropas españolas su primer atentado suicida.

La provincia de Badghis, bajo responsabilidad del PRT español, es aún relativamente tranquila, pero se ha detectado la presencia de talibanes al norte, cerca de Turkmenistán, y la situación podría complicarse si Kabul cumpliera su promesa de arrasar los campos de adormidera, principal fuente de ingresos del país.

En mayo del año pasado, el pleno del Congreso aprobó incrementar en 150 los efectivos españoles en Afganistán, hasta los actuales 690. Fue una sesión tempestuosa en la que apenas se debatió la situación de las tropas, pues el PP se dedicó a abroncar al nuevo ministro de Defensa, José Antonio Alonso, por su gestión al frente de Interior.

Lo cierto es que el aumento autorizado por el Congreso sólo suponía la mitad del solicitado por los mandos militares, unos 300 en total, y se demoró considerablemente, debido a la dimisión del anterior ministro, José Bono.

Una vez obtenida la luz verde política, el refuerzo tampoco fue inmediato. Por ejemplo, el envío de los BMR, cuyo blindaje ha salvado la vida a varios soldados españoles -aunque no desgraciadamente a Idoia-, supuso una complejísima operación logística, primero por barco, hasta Karachi (Pakistán), luego en avión y al final por carretera.

A finales de enero pasado, Alonso viajó a Afganistán. Entre sus objetivos estaba el de estudiar sobre el terreno las necesidades de seguridad del contingente. Le había precedido el jefe del Mando de Operaciones, Bernardo Álvarez del Manzano, quien giró una visita de inspección.

El coronel del PRT de Qala-e-Naw, Rafael Roel, expuso al ministro "la necesidad de presencia permanente [de tropas españolas] en distritos del norte [de la provincia lo] que implica [la] creación de [una] base avanzada en la zona de Bala Morghab". También, según documentos de la visita, le planteó la conveniencia de un "nuevo diseño de fuerzas para garantizar otras capacidades, como zapadores". Preguntado por los periodistas, Alonso dejó abierta la puerta a un aumento del contingente.

Sorpresa y preocupación

Sin embargo, sólo un día después del regreso del ministro a España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero descartó públicamente cualquier incremento. Sus declaraciones pillaron por sorpresa al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, y causaron preocupación en los mandos militares, que trabajaban en una propuesta de incremento de unos 150 efectivos que ha quedado aparcada desde entonces.

En un seminario a puerta cerrada que se celebró en el Centro Superior de la Defensa Nacional (Ceseden), el general Álvarez del Manzano se limitó a contestar, según las notas de un asistente: "Yo no he dicho que haya que aumentar el número de efectivos, lo que digo es que la entidad y calidad de los efectivos se deben adaptar a la misión, a los continuos cambios de la situación y a los objetivos que se persigan".

Tras el fallecimiento de la soldado Idoia Rodríguez, Alonso ha insistido en que el número de efectivos no influye en la seguridad. Muchos expertos militares no comparten este juicio: "No es lo mismo tener un centinela que tres, ni da igual ir sobrado de recursos que apurado".

A juzgar por los gráficos que mostraron a Alonso en Qala-e-Naw, los militares españoles parecen sentirse apurados. Uno de los cuadros incluía la siguiente comparación: "Zona de Operaciones en Kosovo, 470 kilómetros cuadrados; militares, 587. Zona de Operaciones en Afganistán, 21.858 kilómetros cuadrados; militares, 195".