50 millones por proteger Praileaitz

La empresa Zeleta SL, concesionaria de la explotación de la cantera Sasiola, sita en Deba, ha exigido en los tribunales al Gobierno vasco el pago en metálico de una indemnización de 49,7 millones de euros por los daños que le causa el decreto de protección de la cueva de Praileaitz, en la que se descubrieron en 2006 unas pinturas rupestres que superan los 20.000 años de antigüedad. El citado decreto impide por el momento la actividad extractiva en un área de 50 metros alrededor de la gruta. El Ejecutivo considera "exagerada" la cantidad que se reclama, según su defensa, y estaría dispuesto a abonar un máximo de 24,2 millones.

El dinero que demanda Zeleta en los tribunales podría incrementarse si finalmente el Gobierno amplía hasta los 65 metros el perímetro de protección, como figura en la última propuesta de modificación del decreto, aún a falta de aprobación. El alcance económico de la ampliación se halla por cuantificar.

El Ejecutivo cree "exagerada" la cifra y acepta pagar solo hasta 24,2 millones

Un informe de los servicios jurídicos del Gobierno viene a reconocer que en este caso "concurre la responsabilidad patrimonial" de la Administración, ya que ha sido quien autorizó el proyecto de explotación de la cantera y la empresa tiene las licencias municipales en regla. "Con cada metro de más que protejamos se incrementará proporcionalmente una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial", apuntó el año pasado en el Parlamento la consejera de Cultura, Blanca Urgell.

Hormigones Zeleta, una firma del grupo Amenabar, posee desde 2001 y por un periodo de 30 años los derechos de explotación de la cantera Sasiola, ubicada junto a Praileaitz. La cueva, descubierta en 1983, fue calificada por decreto en 2007, un año después de que se hallaran las pinturas, como bien cultural protegido con la categoría de monumento.

En el largo conflicto que acompaña a la protección de Praileaitz han acabado cruzándose los intereses económicos -la cantera- con los culturales -la cueva y sus vestigios prehistóricos-, lo que dificulta llegar a un arreglo que satisfaga a todas las partes. El conflicto económico arranca con el recurso presentado por Zeleta contra el mencionado decreto de protección de la cueva. El Tribunal Superior desestimó este recurso y declaró en vigor la normativa. Sin embargo, se mantiene vivo otro recurso judicial de la misma sociedad por la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración dadas las limitaciones de usos en el entorno de la cantera que impone dicho decreto. Este recurso se encuentra solo a falta de la votación de la sentencia.

Este fallo del Superior deberá determinar el alcance de la responsabilidad patrimonial y, en su caso, si la compañía tiene derecho a recibir una compensación económica por las mencionadas restricciones. La repercusión económica del decreto se encuentra entre los 24,2 millones que defiende la Administración vasca, que inicialmente plantea que no se admita la reclamación, y los 49,7 millones que pide la empresa.

La demanda presentada por Hormigones Zeleta incluye además otros conceptos indemnizatorios, denominados "extracostes", motivados por "los trastornos que se ocasionan con la normativa de protección" en las actividades de explotación. Tales costos derivan de la limitación de las cargas, la falta de espacio o la necesidad de utilizar técnicas especiales en la extracción, que Zeleta cuantifica en un total de 29,2 millones. El Ejecutivo considera que este es un cálculo "maximalista" y solo está dispuesto a asumirlo "en parte".

La responsabilidad patrimonial resultaría mayor en el caso de que el área de protección de la gruta se amplíe de 50 a 65 metros, como plantea la propuesta de modificación que ha elaborado el Ejecutivo, a la que se han presentado ya medio centenar de alegaciones. La Diputación guipuzcoana, por ejemplo, propone extender hasta 100 metros la prohibición de las extracciones.

Antes de adoptar ninguna decisión, el Gobierno aguarda a conocer el pronunciamiento del máximo tribunal vasco sobre el recurso relativo a la eventual responsabilidad patrimonial. No es previsible que firme el nuevo decreto antes de tner en la mano esta sentencia.

Urgell aseguró en una comparecencia en la Cámara el pasado mes de abril que su departamento va a buscar el "equilibrio" entre todos los intereses existentes, esto es, entre "la protección de la cueva y los derechos de explotación de la cantera". El viceconsejero, Antonio Rivera, afirmó ese día que este asunto resulta "un acertijo endiabladamente difícil de resolver".