La imprevisión de Empleo entorpece la gestión de las ayudas sociales

Durante los últimos 15 días de este año, nadie en Euskadi va a poder empezar a tramitar la solicitud de la principal ayuda social, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ni del complemento de vivienda. Al menos no de forma legal. La razón no es otra que la aplicación al pie de la letra de la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que ha sido modificada para dejar en manos de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, la gestión de ambas ayudas, que hasta ahora tramitaban Ayuntamientos y Diputaciones.

La norma, aprobada en el Parlamento el pasado 25 de noviembre, fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 12 de diciembre y especificaba que entraba en vigor al día siguiente, el 13 de diciembre. Ellos supone dos semanas antes de la fecha prevista por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que esperaba empezar a gestionar las ayudas en enero. Fuentes de Lanbide se escudaban ayer en que esa era una fecha "simbólica", pese a que Zabaleta la ha repetido en público numerosas veces, incluso en sede parlamentaria, para referirse al momento en que el Servicio de Empleo asumía la gestión de las ayudas sociales.

El problema radica en que en la norma aprobada no consta en ningún lugar que el cambio empezase en enero y Empleo no había previsto este adelanto. La conclusión es que los Ayuntamientos ya no pueden hacerse cargo de las nuevas solicitudes; si lo hicieran, incumplirían la ley, pues desde el 13 de diciembre no tienen competencias para ello. Lanbide, a quien corresponden, no tiene capacidad material para asumirlo.

El viernes, cuando la ley llevaba tres días en vigor, la consejera no hizo mención alguna a este inesperado adelanto en el Parlamento, pese a que habló de ello en el pleno de control.

Pocos se habían percatado de este cambio, aunque algunos, como el Ayuntamiento de Bilbao, acataron la ley desde el mismo día de su entrada en vigor. Un hecho ejemplifica ese desconocimiento: el pasado viernes estaba prevista una reunión de coordinación entre Lanbide y los servicios sociales de los consistorios para trabajar en la transición del modelo que, en teoría, se materializaría dos semanas después. Sin embargo, en la reunión hubo "sorpresa y desconcierto", según aprecian los técnicos y cargos políticos que acudieron a la misma. Y es que los representantes del Ejecutivo explicaron que la ley ya estaba en vigor -desde hacía tres días- y les solicitaron, según participantes en la cita, que siguiesen ofreciendo el servicio hasta finales de año. Al parecer, no eran los únicos que desconocían este extremo: directores de oficinas de Lanbide tampoco conocían que la gestión de las ayudas pasaría efectivamente a sus manos antes de enero, siempre según fuentes de los servicios sociales.

El Servicio Vasco de Empleo sostuvo ayer que todo marcha "según lo esperado" y que se encuentra en una fase de "transición" con los Ayuntamientos. Las Diputaciones tienen dos meses para traspasar los expedientes. Lanbide sí atiende a los perceptores o los solicitantes de ayudas sociales, pero lo hace dándoles una cita previa a partir de enero -ya se han cerrado 3.200- y remitiendo a los 56.000 perceptores actuales una carta de bienvenida.