Los bancos no entienden de divorcios

"Yo no dejé de pagar; al contrario, pagaba todos los meses, pero no fue suficiente", se lamenta Gloria Rodríguez. Esta vitoriana de 34 años entregó ayer en una sucursal de la Vital las llaves del piso en el que ha visto crecer a sus dos hijos, de diez y cinco años. No lo hizo sola, sino respaldada por unas 40 personas del movimiento 15-M, la Acampada Gasteiz y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Euskadi que abarrotaron la oficina de la caja para protestar por la situación a la que la mujer se ha visto abocada.

Y es que los bancos no entienden de divorcios. Su historia es la de otras muchas parejas, la de un divorcio complicado en el que el desacuerdo económico se ha prolongado hasta obligar a esta mujer a dejar su hogar. Rodríguez se divorció hace cuatro años. El juez ordenó que pagase a medias con su exmarido la hipoteca de la casa en que habían convivido. Él no tardó mucho en dejar de cumplir con su parte, dice ella por teléfono. Para hacer frente a todos los pagos de la hipoteca, hubiese tenido que destinar todo su sueldo -1.300 euros mensuales- a la Vital.

Gloria deja su casa por miedo a que embarguen la de su madre, que la avaló

"No entiendo cómo prevalece un banco sobre la decisión de un juez", lamenta

Esta mujer alcanzó un acuerdo con la caja para que esta se quedara con el piso, mientras que ella seguía viviendo en régimen de alquiler con derecho a compra. Pagaba algo más de 500 euros al mes. Sin embargo, la deuda hipotecaria seguía presente. Por ello, una segunda vivienda que la mujer y su exmarido compartían en Pancorbo fue embargada.

Sin embargo, y para sorpresa de Gloria, su exesposo compró aquella vivienda a cambio de pagar parte de la deuda del piso de Vitoria. A ella, además de su parte, le exigían abonar unos intereses que solo podía afrontar pidiendo otro préstamo que todavía espera conseguir.

Al no poder hacer frente a estas cantidades, más de 20.000 euros, Rodríguez decidió dejar el que hasta ayer fue su hogar. A pesar de haber pagado todos los meses el alquiler, el impago de los intereses hacía peligrar una tercera vivienda: la de su madre, quien avaló el préstamo y cobra una pensión de 500 euros mensuales, que avaló el préstamo.

Es en esta casa, de 60 metros cuadrados, en la que convivirán Gloria y sus dos hijos con los abuelos de estos. "Este no es el típico caso en el que no puedes pagar y te embargan", asegura. "He pagado todos los meses el piso, la escalera, el garaje. Lo he intentado todo para que no me echen, pero ya no quieren llegar a un acuerdo. Hay veces que pienso que hubiera sido mejor no pagar, porque, aunque lo he hecho, me han tratado como morosa", apunta.

"No entiendo cómo puede prevalecer una entidad bancaria sobre la decisión de un juez que dice que la hipoteca la tenemos que pagar los dos", añade. Toda esta situación se ve agravada por relación con su exmarido -"la persona más bella del mundo... fuera de casa"-, sobre quien a lo largo del último año, y hasta hace tres semanas, ha pesado una orden de alejamiento que ha quebrantado al menos cuatro veces, según ella. Su exmarido la amenazó y golpeó, pero "tres jueces" han rechazado mantener la orden de alejamiento "porque no existe un parte médico que lo corrobore".

La parte buena de esta historia son los dos niños de Gloria, que están viviendo este laberinto de cambios de casa y bancos como si fuese un juego: "El pequeño lo vive como una fiesta. 'Me voy a dormir a casa de los yayos', dice", relata su madre, cuya voz se quiebra al recordar que sus dos hijos "no van a volver a casa nunca".

Marta Uriarte, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Euskadi, que ayer participó en la protesta, plantea una reclamación a las instituciones: "Hagan lo posible para facilitar que Gloria entre en una vivienda de alquiler social".

La plataforma ha mantenido contactos con los grupos políticos para exponer el caso de Gloria Rodríguez y otros muchos, así como sus propuestas para evitar una avalancha de desahucios en Euskadi por la crisis.

Tanto Uriarte como Rodríguez ensalzan los esfuerzos de la portavoz parlamentaria del PSE en materia económica, Joana Madrigal, para tratar de ayudar a esta mujer.