Una ayuda contra la desprotección

Las familias deberán afrontar en los próximos años retos como la conciliación familiar y laboral, el cuidado de los mayores y la dificultad de emanciparse de los jóvenes, junto a las dificultades económicas de una crisis cuyos efectos tardarán en disiparse. Para ayudar a las cada vez más diversas familias y para tratar de afrontar problemas demográficos como el envejecimiento de la población y la baja natalidad, el Gobierno vasco ha redactado el tercer Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, que se materializará entre 2011 y 2015.

Una de las 173 medidas que prevé el plan es la creación de un fondo de garantía propio de Euskadi para hacer frente a los impagos de las pensiones alimenticias que deben afrontar los separados. Se busca, tras seis años de incumplimiento, seguir lo dispuesto en la Ley de Igualdad de 2005, que ya prevé esta herramienta para el "impago de pensiones compensatorias y alimenticias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial" en los casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho.

De salir adelante el proyecto, llegaría a Euskadi con seis años de retraso

El Ejecutivo quiere impulsar que la baja por paternidad sea obligatoria

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Los impagos se han visto acrecentados por la crisis en las últimas fechas en una Euskadi en la que, si bien la recesión redujo en un principio los divorcios por la incapacidad de las familias de embarcarse en estos procesos, ha aumentado la conflictividad de las separaciones.

Los detalles sobre el fondo o cuál podría ser su capacidad son cuestiones que no han sido concretadas por estar el plan en sus pasos iniciales. Este tiene las puertas abiertas a modificaciones, que todos los ciudadanos pueden plantear a través de la web del Gobierno, Irekia. Según el texto, el objetivo es que el fondo "asegure el pago alimentario en casos de ruptura familiar" y genere un "mecanismo de litigio frente a las personas que no cumplen la obligación de pago". El fondo ha sido solicitado en varias ocasiones por asociaciones de separados, como Agipase, ya que los impagos pueden ser denunciados pero en ocasiones suponen procesos judiciales prolongados y costosos. La idea ya ha sido implantada en Cataluña, donde se creó un fondo, aunque pocos se benefician de él por sus estrictas condiciones.

El plan hace hincapié en que aún hay mucho trabajo que hacer para proteger a familias separadas y a las monoparentales. A estos últimos está dirigida otra de las medidas que se plantean. En ella se muestra la intención de darles preferencia a la hora de admitir a sus hijos en los centros educativos, tanto públicos como privados, dada la dificultad añadida de conciliación de estos hogares. Fuentes oficiales de Educación detallan que esta medida ya se utiliza en las haurreskolak.

El Ejecutivo también quiere que las monoparentales sean consideradas desde el Gobierno central como familias numerosas. El plan recoge otras ideas como pedir al Ejecutivo en Madrid que la baja por paternidad, hoy en día voluntaria, sea obligatoria. En el caso de Vivienda, se tendrán en cuenta el número de miembros de la familia a la hora de conceder una VPO y si se trata de padres separados con la custodia compartida de sus hijos, para que accedan a una casa más grande.

El último pilar del plan es el de la juventud. Se buscará facilitar su emancipación -hoy entre los 30 y los 34 años- potenciando el acceso a la vivienda y a un empleo de calidad, para resolver problemas como la baja natalidad.