Pulso político por la sanidad

Días antes de que se retomasen las comparecencias en el caso Margüello, que investiga las supuestas irregularidades en el Departamento de Sanidad bajo los últimos gobiernos de Ibarretxe, los nacionalistas han utilizado los vínculos empresariales de dos altos cargos de la actual consejería para cuestionar a los responsables actuales, encabezados por Rafael Bengoa.

Las acusaciones se centran en dos altos cargos de Sanidad que son accionistas indirectos de una empresa que ha obtenido un total de cuatro contratos del departamento dirigido por Bengoa. Se trata de Pablo Arbeloa, actual gerente de Osatek, una sociedad pública dependiente de la consejería, y la directora de Farmacia, Paloma Acevedo. Una empresa en la que Arbeloa conserva el 25% de las acciones, Inqual XXI, controla el 8,8% del capital de Plaold Asesoría Sanitaria, la adjudicataria de los citados contratos.

Mientras, Moracho Consulting, empresa en la que la directora de Farmacia posee junto con su marido el 49% de las acciones, participa también en Plaold en un 8,8%. La participación accionarial de ambos en esas compañías es legal, ya que Acevedo cuenta con el 4,4% de Plaold y Arbeloa, con el 2,2%. Ambos contaban con más acciones antes de entrar a trabajar en la Administración, pero vendieron una parte de las mismas.

La ley vasca de Incompatibilidades, de 1983, establece que supone una incompatibilidad "la participación superior al 10% en sociedades que tengan conciertos de prestación de servicios, cualesquiera que sea la naturaleza de estos, con la entidad en la que se preste la función pública". La normativa estatal, aprobada un año después, fija el mismo porcentaje como máximo legal. Por este motivo los servicios jurídicos del departamento han considerado legales los vínculos empresariales de los dos altos cargos.

Sin embargo, esta relación genera dudas éticas, ya que tanto Arbeloa como Acevedo sí obtienen, aunque indirectamente, beneficios de los contratos sanitarios. Varios especialistas en la Administración explican que estas prácticas resultan habituales en el seno de las instituciones públicas a distintos niveles. Muchos cargos públicos, como es el caso del actual equipo de Sanidad, un grupo de expertos de los que varios ya coincidieron en el departamento cuando Iñaki Azkuna lo dirigía, provienen del sector privado, por lo que no es un hecho aislado que mantengan vínculos con empresas de su misma área.

A este debate ético, que algunas voces del departamento niegan, se suma el de la posible necesidad de revisar los límites que establece la ley de Incompatibilidades, que lleva en vigor sin cambios nada menos que 27 años. La difusión de los vínculos empresariales de ambos altos cargos ha venido acompañada de declaraciones del PNV intentando equiparar estos hechos al caso Margüello, cuyas irregularidades ha constatado el Tribunal Vasco de Cuentas. Prueba de ello es que el pasado viernes llegó a la comisión de investigación parlamentaria de ese caso una petición peneuvista para que Bengoa explique en su seno los vínculos empresariales de sus altos cargos. Esta comparecencia aún no se ha oficializado, ya que la comisión debe decidir si la aprueba. Las últimas declaraciones han llegado por boca de la presidenta de esta comisión, la popular Laura Garrido, quien ha pedido "claridad y las explicaciones oportunas" del departamento.

Los informes sobre las supuestas irregularidades del caso Margüello señalan que estas se refieren a procedimientos de adjudicación irregulares -se empleó en varios casos el de emergencia, que se circunscribe a situaciones como las catástrofes naturales-, y prórrogas más allá de las permitidas -una empresa vinculada a José Carlos Margüello, Medical Dom, realizó servicios durante 14 años con Sanidad-.

También se consideran deficientes incrementos de tarifas que se consideran injustificados, el procedimiento para autorizar a contratar otra empresa relacionada con el ex jefe de Calidad de Cruces -la acusación por prevaricación contra el ex director de Sanidad, José Ramón Elorriaga, ha sido aceptada por la fiscalía- y se ha calificado a los tres facultativos vinculados al caso como incompatibles para contratar con Sanidad porque ejercían como médicos y tomaban decisiones en las empresas, según ellos mismos reconocieron.