_
_
_
_

Un juez investiga a un directivo del Canal por hacerse un chalet en zona protegida

El jefe de obras de tratamiento de aguas también construyó un estanque en su finca de Guadalix

Jesús Sérvulo González

Un chalet ante la justicia. El Juzgado de Instrucción número tres de Colmenar Viejo investiga al jefe de obras de tratamiento de aguas del Canal de Isabel II, Alfredo de Miguel de la Fuente, por construir en su finca un chalet de madera con caballerizas y estanque artificial en una zona protegida y, por tanto, no urbanizable, según consta en el expediente judicial.

"No soy ningún depredador medioambiental", afirma el imputado

El terreno propiedad de De Miguel forma parte de la Dehesa Parda, una zona de 7,7 hectáreas que cuenta con un alto nivel de protección y está situada en Guadalix de la Sierra, muy cerca del embalse de Pedrezuela. "No soy ningún depredador medioambiental", aseguró ayer el imputado a este periódico. Reconoció que ha construido en la zona protegida "sin las licencias oportunas". "Tengo mis razones y ya se las contaré al juez", argumentó el responsable del Canal de Isabel II, la sociedad regional que gestiona las aguas de Madrid y hace gala de sus actividades ambientales.

Todo comenzó hace cinco años. El verano de 2002, De Miguel decidió construir en su parcela, situada en el kilómetro 58 de la carretera de Burgos (A-1). Su idea era hacer un lago artificial y levantar un chalet y cuadras. "Me dedico a la cría de caballos de pura raza española", precisó el responsable de la empresa regional. "He construido unos establos muy pequeños. Son una monería y me han costado un dinero, porque era un capricho", agregó. Elude hablar sobre el resto de construcciones.

La primera denuncia por las obras se presentó a finales de 2002. Fueron los agentes forestales quienes dieron parte al juzgado de Colmenar Viejo por la construcción del estanque y el cerramiento de la finca. En una declaración ante el juez, en noviembre de 2004, De Miguel explicó que las instalaciones eran para el ganado.

Desde la primera denuncia hasta ahora el dueño ha seguido adelante con las construcciones. Acabó el estanque y ha levantado un chalet y tres casetas. Dos son para cuadras. En la tercera, para aperos, existe una gran barbacoa, según las fotografías aportadas al informe judicial.

La finca se encuentra en el entorno del embalse de Pedrezuela. Se trata de terrenos catalogados como no urbanizables. Cuentan, además, con la protección que, por su cercanía a un pantano, les otorga la Ley de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid de 1990. Está catalogada como zona de alto valor ecológico y paisajístico.

Allí, el jefe de división de obras de tratamiento de aguas del Canal de Isabel II comenzó por hacerse el estanque artificial, de unos 25 metros de largo, justo al lado de un regato. Los agentes forestales que denunciaron los hechos indicaron en la denuncia que el imputado drenó un terreno que linda con el arroyo Los Charcos y, además, construyó dos puentes de piedra, ladrillo y hormigón sobre el regato. De Miguel asegura que el regato está seco. "Es una charca. Por el arroyo no corre agua nunca, sólo el otoño pasado cuando llovió mucho. Ahora no hay nada", señala el propietario. Para construir el estanque y hacer una zanja por donde conducir los cables eléctricos, taló 10 perales silvestres.

De Miguel salió airoso de aquella primera denuncia. A principios de 2004 fue absuelto de un delito contra la fauna y la flora por cortar los perales silvestres, protegidos por una norma regional. Él siguió adelante con las construcciones. Y los forestales presentaron una segunda denuncia. En noviembre de 2004, la Asociación para la Defensa del Valle de Lozoya y Sierra de Madrid se personó como acusación particular por las supuestas actuaciones irregulares de este propietario. La organización ecologista denunciaba que De Miguel había levantado una casa con tejadillo de hormigón, un porche de madera, y tres casetas (dos de obra y otra de chapa).

En un primer momento, la juez del juzgado de instrucción de Colmenar, Nekane Yagüe, pidió el sobreseimiento del caso basándose en la decisión anterior. Pero la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid pidió la reapertura del caso en diciembre de 2004. Desde entonces, el proceso ha avanzado con lentitud. Se han aportado nuevas pruebas y han menudeado las alegaciones de ambas partes. Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) impuso a Alfredo de Miguel una multa de 3.000 euros por hacerse el estanque y los puentes de piedra a finales de 2004. Además, le ordenó que volviera a dejar los terrenos en su estado original y que legalizara las nuevas instalaciones.

Ayer, Alfredo de Miguel tenía que ir a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, pero se suspendió la comparecencia por un error en la citación. A finales del mes pasado, la juez pidió a la Fiscalía de Medio Ambiente que presentara la acusación contra De Miguel. "Estoy pendiente del juicio oral", reconoce el responsable del Canal. "Las cosas están hechas, es verdad. Pero no es para tanto. Si se traza un radio de tres kilómetros alrededor de mi finca, soy el único que cumple con la ley", concluye.

Dos tipos vestidos de verde

El propietario de la finca Dehesa Parda, Alfredo de Miguel de la Fuente, estaba harto de que los agentes forestales entrasen en su finca sin permiso. Los guardas comprobaban las obras que el propietario hacía sin las licencias oportunas. Quizá por eso, en agosto de 2002 denunció a los dos forestales que vigilaban las construcciones de su propiedad.

"Alrededor de las 15.00 del día 2 de agosto de 2002, un vecino de la finca de su propiedad, situada en el kilómetro 48 de la A-1 (carretera de Burgos) en la localidad de Guadalix de la Sierra, le comunica que al lado de la valla había dos vehículos tipo Land Rover de color blanco del que se bajan dos personas introduciéndose en el interior de la finca y saltando un muro de piedra. Que las mencionadas personas van vestidas de verde y que son forestales...". En la denuncia, De Miguel asegura que conoce a los dos agentes que se han introducido en su finca. Esta denuncia fue sobreseída.

"Son siempre los mismos. Desde que los denuncié no me dejan ni de noche ni de día", declaró ayer De Miguel a este periódico. Los guardas niegan el acoso. "Él ha construido en suelo protegido", se defienden.

Poco después de presentar la denuncia ante la Guardia Civil, De Miguel recibe otra interpuesta por los forestales acusándole de 13 faltas y de hacer obras sin permiso. De Miguel había realizado una cimentación circular de hormigón de dos metros de altura para hacerse un estanque.

Además, el propietario de la finca, de 77.250 metros, cavó una zanja de 200 metros para conducir el cableado eléctrico. Al hacer la trinchera cortó 10 ejemplares de perales silvestres (piruétano), una especie amenazada y protegida. Un perito valoró los daños en 4.436 euros. Un juez de Colmenar lo absolvió.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_