Un evidente fracaso de Esperanza Aguirre

Se cumple en estos días un año de la concesión de licencias de televisión local digital, un fallo que coincidió, con el fin de eludir el impacto mediático de la medida, con el inicio de las vacaciones de cientos de miles de madrileños. Este concurso dejaba fuera del futuro panorama televisivo a unas emisoras, que en condiciones de precariedad jurídica y empresarial, habían sido capaces de crear más de 400 puestos de trabajo. El resultado generó alarma social por las consecuencias que su cierre podría tener para unos medios de comunicación fuertemente arraigados en la región; así, cuatro mil vallecanos se manifestaron el mes de septiembre en defensa de su televisión local. La parcialidad política y falta de objetividad de las concesiones fue fuertemente criticada desde diferentes instancias sociales, políticas y ciudadanas.

Recordemos, resultaron seleccionados en la demarcación de Madrid, el Arzobispado, Libertad Digital, el grupo ultracatólico Intereconomía, los editores de El Mundo y La Razón, el empresario radiofónico Blas Herrero y el productor Enrique Cerezo. Un ejemplo de la discrecionalidad de la Administración regional a la hora de valorar los distintos criterios de los que dependía la adjudicación es que la máxima puntuación en el apartado "Pluralismo informativo" la obtuvo, como ya lo habrán adivinado, el proyecto encabezado por Federico Jiménez Losantos, máxima estrella radiofónica de la COPE, emisora perteneciente a otro de los adjudicatarios; un proyecto, además, participado significativamente por Intereconomía, agraciado, como se ha dicho, con otra licencia, lo que infringe las leyes vigentes. Pero la constatación más clara de incumplimiento del objetivo de incrementar la diversidad y pluralidad de la oferta televisiva nos la ofrece la concentración en un mismo propietario de casi un tercio de la totalidad de las adjudicaciones: la empresa propiedad de Enrique Cerezo, creada, al igual que otras tres empresas adjudicatarias, con posterioridad a la fecha de convocatoria. Esta concesión da vía libre en la práctica a la constitución de una cadena regional, algo que evidentemente no era objeto de este concurso. Entre los méritos del empresario cinematográfico figura haber sido socio empresarial de Jesús Gil, el fundador de la Operación Malaya, y compañero de banquillo en los casos Atlético y Camisetas.

Todo esto se hizo con demasiada prisa; la Comunidad de Madrid, tras la de Baleares, fue la segunda en convocar el concurso de TDT local, medida que se tomó a pesar de que el Gobierno central había anunciado una modificación de la Ley de Televisión Local, que sólo se tuvo en cuenta en aquellos aspectos, claro está, que sólo beneficiaban a los adjudicatarios, como es la ampliación a posteriori del plazo concesional de 5 a 10 años. Sin embargo, no se consideró la experiencia en televisión local, ya que, salvo Popular TV, se trata de empresas de reciente constitución. Este dato contrasta con el resultado del concurso de TDT local de Cataluña, donde el 85% de las emisoras locales existentes que presentaron oferta ha obtenido su correspondiente licencia, en consonancia con lo establecido en la Ley de Impulso de la TDT. Muchas fueron las razones que se esgrimieron para esta urgencia: "Diseñar un nuevo mapa de la televisión madrileña con una oferta informativa de 40 canales"; "colocar a Madrid a la vanguardia de la TDT"o "primar la calidad y pluralidad de los contenidos y la creación de empleo". Pura retórica, porque a día de hoy el balance no puede ser más desastroso: es, sin ningún género de duda, el fracaso político del año de Esperanza Aguirre en lo que consideraba uno de los proyectos estrella de la legislatura.

Se trata de un fracaso democrático, porque se menoscaba el principio de pluralismo en el que debe basarse toda sociedad democrática, ya que, utilizando el poder político, se pretende articular una red mediática afín al Partido Popular que refuerce la ya de por sí obscena instrumentalización de Telemadrid. De un fracaso empresarial en toda regla: se ha perdido empleo neto en el sector, porque los adjudicatarios apenas han creado unas decenas de puestos de trabajo y las emisoras existentes se han visto obligadas a reestructuraciones y ajustes de plantilla como consecuencia del fallo; se han producido varios cambios de accionariado antes incluso del comienzo de las emisiones; y alguno de los adjudicatarios está pensando ya en vender el título que graciosamente le concedió la Comunidad de Madrid. De un fracaso televisivo, marcado por una oferta irrelevante y sin audiencias: a pesar de que tenían ocho meses para poner en marcha las emisiones, éstas se limitan a la difusión de películas (Super 8 Madrid), videoclips (Kiss TV), la redifusión de canales analógicos o temáticos (Popular TV y Homo Virtualis), y el resto se limitan a la emisión de barras o de la carta de ajuste. De un fracaso regulatorio, ya que con su actuación el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha convertido a Madrid en un territorio sin ley en materia audiovisual: una de sus primeras medidas tras el fallo del concurso fue la de poner en marcha de forma ilegal las emisiones analógicas de laOtra sin la autorización preceptiva del Ministerio de Industria, una acción que invalida al Gobierno regional para hacer frente a su papel de regulador del espectro en la Comunidad.

En definitiva, un año después, la TDT en Madrid está empantanada, y nos enfrentamos a un largo procedimiento jurídico que debe acabar con la anulación del concurso por los tribunales a la vista de irregularidades tan evidentes. Esto genera inseguridad entre los adjudicatarios que no pueden planificar sus proyectos a medio plazo, incertidumbre en empresas con años de actividad a sus espaldas que tienen que esperar a que se dicte una sentencia definitiva y decepción entre los espectadores madrileños por el incumplimiento de las expectativas creadas. Seguro que este escándalo seguirá dando que hablar en lo que queda de legislatura.

Francisco Pérez. Presidente de la Asociación de Televisiones Locales de Madrid.