El Gobierno de Aguirre impedirá nuevas 'cañadas reales' en la región

El Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre dio ayer el primer paso para que la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal de España, más de 14 kilómetros de edificaciones de todo tipo sobre la que se han instalado 40.000 personas, deje de ser una vía pecuaria.

El trámite consistió en aprobar el informe del anteproyecto de ley de desafectación del dominio público (esto es, que deje de ser una cañada). Ahora deberán estudiarlo el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social y sólo después lo aprobará el Gobierno regional para enviarlo a la discusión política en la Asamblea. Es decir, que aún queda mucho tiempo para que sea una realidad. "Hemos puesto sobre la mesa que no se va a seguir manteniendo una ficción: que estábamos en una vía pecuaria reservada", justificó el vicepresidente regional, Ignacio González. La única solución, dijo, era "la desafección". Esto quiere decir que los terrenos ahora ocupados por una población heterogénea -desde los chabolistas de El Gallinero hasta quienes construyeron casas y chalés hace décadas en el sector I, en Coslada- se podrán vender, legalizar, construir, convertir en zonas verdes... lo que quieran los ayuntamientos.

Medio Ambiente anunció planes de desarrollo en otras vías pecuarias

Gallardón: "Sobre un suelo de dominio público no se puede generar propiedad"

Sin embargo, el Gobierno regional quiso avisar de que no tolerará situaciones similares en otras cañadas reales. "No vamos a consentir que se vuelva a producir intrusismo en el resto de los casi 4.000 kilómetros de vías pecuarias de la región", zanjó la consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Urbanismo, Anabel Mariño. También anunció que tiene en marcha planes de desarrollo e incremento del cuidado de las otras cañadas.

La consejera recalcó que el texto legal que se ha consensuado entre los ayuntamientos afectados, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid se ha trabajado "desde el entendimiento de que el principal problema no era el dominio público, sino los asentamientos ilegales".

Eso, consideró, ha provocado que hubiera problemas de orden público, que han derivado en marginación y delincuencia. Recordó que Getafe es la única localidad donde no se han producido asentamientos, "porque no se han permitido". E insistió: "Cada Administración debe asumir sus competencias de seguridad ciudadana".

La tramitación de la ley, dijo Mariño, será "larga y complicada". Pero pidió el consenso "con los ayuntamientos y otras fuentes de la sociedad civil que nos hagan llegar sus propuestas", aseguró. Y concluyó: "Tiene que haber un acuerdo social y tienen que implicarse todas las administraciones". El plazo para acabar con la Cañada, tal y como es en la actualidad, es de un año.

Ahora la pelota está en el tejado de los ayuntamientos afectados (Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Coslada) que, en seis meses, tendrán que hacer un censo de las fincas y sus ocupantes en la Cañada, a su paso por su término municipal.

El Ayuntamiento de Madrid será el peor parado por la nueva ley de la Cañada Real Galiana, que en parte discurre por los distritos de Vicálvaro y Vallecas. Por ello, ahora tiene que diseñar un plan de ordenación urbanístico y social para poder desalojar a los miles de vecinos que viven ahí desde hace años ilegalmente. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió ayer que los moradores de esos terrenos no tienen ningún derecho de propiedad sobre sus casas. Pero que se les buscará algún tipo de solución a su situación. "Sobre un suelo de dominio público no se pueden generar ningún tipo de derechos de propiedad, absolutamente ninguno", señaló ayer el alcalde. Sin embargo, matizó que "hay que tratar el problema de cada una de las personas que estén allí, pero por el hecho de que estén, no por el hecho de que tengan un título de propiedad que en ningún caso puede existir".

El Ayuntamiento asegura que realojará a todos los moradores del asentamiento que puedan demostrar que su situación económica es precaria y que el inmueble que tienen en la Cañada Real Galiana es su vivienda habitual. En ningún caso tendrán ese derecho quienes la utilicen "con fines lucrativos o recreativos", explicó el alcalde.