La transición política arranca en Túnez

Al tiempo que el Ejército restaura el orden, las ciudades y pueblos de Túnez recobran el pulso tras un mes de ansiedad al borde del colapso, y tratando de superar el vacío político de un país sin Gobierno, el primer ministro, Mohamed Ghanuchi, anunciaba ayer el nuevo Ejecutivo que dirigirá la incipiente transición hacia unas elecciones legislativas, primero, y presidenciales, después. De culminar, el proceso traería la democracia a un Estado árabe. Nada menos. En este convulso país se mezclaban la satisfacción de los pragmáticos líderes de los partidos de oposición legales, que formarán parte del Gobierno, con la suspicacia de quienes rechazan la presencia en el Gabinete de ex ministros del tirano Zine el Abidine Ben Ali. Algunos dirigentes en el exilio e intelectuales en Túnez hablaban de "farsa" y del "riesgo de que el antiguo régimen secuestre la revolución civil" que ha causado la muerte de unas 120 personas.

El primer ministro Ghanuchi promete investigar los casos de corrupción

El partido de Ben Ali controlará los ministerios más importantes

La moderada oposición tunecina ha logrado sus objetivos, aunque promete estar vigilante. Mustafá Benjaafar, jefe del Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades, se hace cargo de la cartera de Sanidad. Ahmed Brahim, líder Ettajdid, asume la de Desarrollo Regional, y Najib Chebbi, fundador del Partido Democrático Progresista (PDP), es ministro de Educación Superior. Lo que despierta el recelo, cuando no abierta indignación, es que los responsables de Interior, Defensa, Hacienda y Exteriores son los mismos que ejercían esa función en los últimos días del Gobierno de Ben Ali. Inaceptable para el millar de manifestantes que a las once de la mañana, ya conocedores de la composición del Ejecutivo, protestaban en el centro de la capital. "Es una mascarada", declaraba desde París Moncef Marzuki, un líder opositor histórico que anunció que se presentará a las elecciones presidenciales. Quienes abominan de Ben Ali y sus secuaces exigen que sea borrado todo vestigio del antiguo régimen.

Una misión ardua en Túnez, donde el 20% de la población -dos millones de personas- son afiliados a la Asamblea Constitucional Democrática (ACD), el partido del autócrata. "Las figuras del partido de Ben Ali en el Gobierno no pueden haber estado conectados a la represión ni a la corrupción. Son tecnócratas que no se han ensuciado las manos", declaraba Omeyya Seddik, miembro de la dirección del PDP. "No estamos del todo contentos con la negociación del Ejecutivo, pero esto es real politik", añadía su compañero Ahmed Bouazzi. Efectivamente, 12 de los 20 miembros del Ejecutivo pertenecen a las filas de la ACD.

Ghanuchi anunció la amnistía general para todos los presos de conciencia y añadió: "Cualquiera que haya acumulado una enorme riqueza o sea sospechoso de corrupción será llevado ante un comité de investigación". Esa era otra de las principales demandas de los opositores. Bouazzi apuntó que será Iyad Ben Achur, un ex miembro del Consejo Constitucional y profesor de Derecho, quien encabezará la comisión que investigará la corrupción de los allegados de Ben Ali.

A Fathi Chamkhi, profesor de Geografía y miembro de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la composición del Gabinete le resulta deplorable. "Los problemas", afirma, "son más profundos que la cólera contra una familia. Este régimen de actores de teatro quiere hacernos creer que lo que detestan los tunecinos es a Ben Ali y a los Trabelsi, y que ahora todo irá bien. Lo que quiere la gente es trabajo. El nuevo Gobierno es la contrarrevolución".

Resta ahora por conocer el calendario político. Ghanuchi, miembro del partido del represor, aunque visto por parte de la población como un mero gestor, advirtió de que no es posible organizar unas elecciones en el plazo de dos meses, como prevé la Constitución en el caso de vacante presidencial. Seddik, dirigente del PDP, anunció que en seis meses se celebrarán elecciones legislativas, que darán paso a una reforma constitucional que permitirá la organización de comicios presidenciales democráticos más tarde, en fecha aún no prevista. Era esta una condición innegociable de la oposición, tanto de los pragmáticos y como de los más radicales.

Se amontonan las tareas para el Ejecutivo. Porque la seguridad, como se podía observar ayer en muchos barrios de Túnez -comisarías incendiadas, coches calcinados, jóvenes esposados y arrodillados en los arcenes-, no está garantizada. "Unas 3.000 personas han sido detenidas en los últimos días", explicó Bouazzi, todos ellos agentes de la guardia presidencial de Ben Ali o miembros de la odiada policía, que han propagado el terror durante las tres últimas noches de caos, pillaje y choques con los soldados. Pero hay más. Todo el mundo árabe está pendiente de los acontecimientos en Túnez. Aunque los países europeos que tienen mayores intereses en este país apoyan ahora las reformas democráticas, son muy pocos los que esperan en Túnez un comportamiento apropiado desde París, Madrid o Roma, capitales que respaldaron al déspota hasta su fuga a Arabia Saudí.