La 'solución' para Guantánamo se vuelve contra Obama

La Casa Blanca veía en el juicio a Ahmed Ghailani el modelo para llevar ante la justicia civil de Estados Unidos a los detenidos en la guerra contra el terrorismo que están en Guantánamo y poder así vaciar y cerrar el polémico centro de detención. Pero el veredicto que seis mujeres y seis hombres emitieron inesperadamente el miércoles por la noche en un tribunal de Nueva York, que exculpa al acusado de los cargos de terrorismo, es un revés para la Administración demócrata, a la que se acusa de debilidad por cerrar la vía de las comisiones militares, que, se supone, habrían emitido un fallo más severo. Si Ghailani hubiera sido juzgado en Guantánamo -bajo control absoluto del Pentágono-, un jurado compuesto por militares habría escuchado los argumentos que pesaban contra el acusado sin luz ni taquígrafos.

Ahmed Ghailani fue absuelto de 284 de los 285 cargos que le imputaban

De los 285 cargos que se imputaban a Ghailani, el jurado solo le encontró culpable de uno: conspiración para destruir propiedades y edificios de Estados Unidos, por los atentados de 1998 contra las Embajadas en Kenia y Tanzania. Por este motivo, el tanzano se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua, que le será comunicada por el juez el próximo 25 de enero. Sin embargo, las acusaciones de terrorismo y conspiración para asesinar estadounidenses quedaron en nada. Las circunstancias de la detención y confesión de Ghailani, de 36 años, han sido determinantes en el juicio civil. En 2004, Ghailani fue capturado en Pakistán y pasó por una de las cárceles secretas de la CIA antes de terminar en la base naval norteamericana de Guantánamo, en la isla de Cuba.

Las pruebas que había en su contra estaban todas marcadas por la sospecha de la tortura. De hecho, el propio testimonio del acusado sobre el papel que desempeñó en los atentados de 1998 nunca ha visto la luz en el juicio, que ha durado cuatro semanas, y no se ha aportado como prueba en su contra a pesar de ser una confesión. La fiscalía decidió no utilizar el relato de Ghailani, ya que fue obtenido durante uno de los interrogatorios que sufrió en la base militar, donde, según sus abogados, fue sometido a prácticas que constituyen tortura, como el waterboarding (ahogamiento simulado) o la privación del sueño.

Ghailani ha sido el primer sospechoso de terrorismo en ser transferido desde Guantánamo a Estados Unidos para someterse a un tribunal civil. El resultado no ha gustado nada a los detractores de la política de Barack Obama de enterrar Guantánamo. El senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los arquitectos de las comisiones militares, instó ayer a la Casa Blanca a utilizar tribunales de guerra en esa base-prisión. "Estamos en guerra contra Al Qaeda. Miembros de esa organización y sus asociados deberían ser tratados como combatientes, no como criminales comunes", declaró Graham.

Los críticos de los juicios civiles han deplorado que se hayan dejado de lado pruebas determimantes. Los defensores, en cambio, argumentan que una comisión militar habría actuado igual que el tribunal civil, ya que existen restricciones en el uso de pruebas obtenidas bajo tortura.

La justicia estadounidense pretendió transferir también a Nueva York al cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Seij Mohammed. Pero el Congreso bloqueó el plan y cerró el grifo de los fondos para semejante traslado. Los resultados de las elecciones de noviembre no van a mejorar -más bien lo contrario- esa posición. Actualmente 174 personas siguen detenidas en Guantánamo. Solo tres de esos detenidos han sido acusados de crímenes de guerra y una cuarta parte sigue en poder de las comisiones militares.

"Este veredicto es una reafirmación de que el sistema judicial de nuestra nación es el mejor que jamás se haya creado", declaró Peter Quijano, uno de los abogados de Ghailani. "Es un auténtico sistema de leyes y no de hombres, un sistema que es capaz de absolver a Ahmed Ghailani de 284 de los 285 cargos justo a la vuelta de la esquina de donde estaba el World Trade Center".

Consultado por este periódico, Bruce Fein, uno de los más reputados expertos en derecho constitucional de EE UU, que fue adjunto al fiscal general durante la presidencia de Ronald Reagan, consideró que el veredicto pone de relieve la incongruencia de la opinión pública. "Los detractores del veredicto consideran que los juicios a terroristas internacionales deberían ejecutarse al estilo estalinista, donde la culpabilidad debería estar tan asegurada como el hecho de que sale el sol. Creen que la justicia es la misma que la de la reina de corazones en Alicia en el país de las maravillas: primero la sentencia, luego el veredicto", explicó Fein.